La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó un informe especial sobre los efectos adversos en las finanzas del Gobierno de querellas relacionadas con los despidos, las acciones disciplinarias u otras transacciones de personal por motivos político-partidistas, de acoso laboral y de hostigamiento sexual, contra funcionarios y empleados de las tres ramas de Gobierno y las corporaciones públicas.

El Informe Especial revela que 27 entidades de la Rama Ejecutiva, Legislativa y Corporaciones Públicas, tenían 595 querellas.

El estudio, realizado del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2023, reflejó que se resolvieron 521 querellas de 20 entidades por $101,177; y quedan por resolver 65 querellas de 12 entidades por $429,000, cinco querellas por $141,949 que fueron detenidas por la ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) y no se obtuvo información del estatus de cuatro querellas.

La Rama Judicial no tenía querellas.

Del análisis de la información solicitada a 159 entidades se desprende que el 64% de los motivos de las querellas era por acoso laboral, el 33% por hostigamiento sexual y el 3% por discrimen político-partidista.

Además, el 56.8% de los querellantes era del género femenino, el 22.4% masculino, 1.3% de las querellas fueron presentados por grupos de hombres y mujeres, y en el 19.5% de las querellas, la entidad no suministró información que identifique el género.

El estudio publicó que 117 entidades no tuvieron querellas para el periodo analizado, pero de estas, 21 informaron que tenían demandas.

Las entidades que no certificaron ni entregaron los documentos solicitados son: la Alianza Municipal para el Desarrollo Económico (Coamo), la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Comunidades Especiales), la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el Senado de Puerto Rico y la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico.

Por otro lado, la Autoridad de Puertos completó la información requerida pero no entregó la certificación ni los documentos de las querellas. El Departamento de Educación y el Negociado de la Policía no completaron algunas partes de la información requerida.

A raíz de estos resultados, la OCPR le recomendó al secretario de Justicia que considere los resultados y oriente a los funcionarios principales de las entidades sobre los efectos adversos que tienen las acciones que se toman contra los funcionarios y empleados por motivos político-partidistas, hostigamiento sexual y acoso laboral.

Este estudio también le recomienda a los secretarios, directores, jefes, administradores, juntas administrativas y funcionarios principales de las entidades, a considerar los resultados y a observar el fiel cumplimiento de la ley y de los reglamentos en la administración del personal.

El Informe Especial que contiene cinco anejos, cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2023, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.