El proyecto de la Cámara 1644, que buscaba castigar con 25 años de prisión a las mujeres que se practiquen un aborto, fue eliminado hoy de todo trámite legislativo, pero los tres representantes novoprogresistas que radicaron la pieza no se presentaron al hemiciclo para retirar la polémica medida.

La propuesta de los representantes novoprogresistas Wilson Román López, José “Memo” González Mercado y Er Jazzer Morales Díaz, incluso, disponía prohibir las terminaciones de embarazo en los casos de agresión sexual después de las 10 semanas de gestación.

Antes de anunciar el retiro, González Mercado y Morales Díaz, como habían anticipado la semana pasada en medio del revuelo legislativo, retiraron hoy sus firmas del proyecto de ley, lo que se notificó en la sesión en el orden de los asuntos.

Se quedó solo como autor el representante Román López, pero tampoco llegó a la Legislatura para pedir el archivo de la polémica medida. Fue el portavoz alterno de la delegación novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, quien anunció al pleno cameral, en la sesión legislativa de esta tarde, que Román López le había pedido que notificara el retiro del proyecto de ley “de todo trámite legislativo”.

Rodríguez Aguiló dijo que Román López “estaba en actividades oficiales en el distrito”. Román López representa al distrito 17 (Aguadilla y Moca).

En medio del revuelo de la medida, que cayó como un balde de agua fría, pues trascendió en el Capitolio, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, los proponentes entraron en una guerra de acusaciones de haber cambiado la intención legislativa.

El trío de legisladores novoprogresistas se repartió culpas en las redes sociales y en emisoras radiales. González Mercado ( distrito 9 de Toa Alta y áreas rurales de Bayamón) y Morales Díaz (distrito 14 de Arecibo y Hatillo) achacaron la autoría de la pieza de ley a Román López, lo acusaron de cambiar la intención legislativa.

Morales Díaz, quien representa el distrito 9 (Toa Alta y áreas rurales de Bayamón), alegó que el representante Román López les entregó varios borradores de anteproyecto buscando enmendar el Artículo 98 del Código Penal de Puerto Rico con el fin de ajustar el tiempo de reclusión por infracción a este artículo. “Entre esos borradores se evaluó y descartó el aumento en la pena a 25 años. Nuestra firma fue a una medida que no es la que ahora vemos plasmada en el proyecto de la Cámara 1644. Nunca coincidiría con ese ajuste tan desmedido”, reclamó el legislador.

Román López alegó por su parte, que la pieza de ley “se traspapeló” en la Comisión de lo Jurídico, en aparente desconocimiento de que las medidas se radican en la Secretaría de los cuerpos legislativos y no en las comisiones legislativas.

“Una vez se coge la firma cuando se va a someter, en lo Jurídico se traspapeló y el (proyecto) que se radica es el de 25 años. Vamos a retirar la medida de la Comisión de lo Jurídico… para entonces radicar las correcciones que son pertinentes”, dijo Román López el pasado jueves en una entrevista radial.

Al día siguiente, el gobernador Pedro Pierluisi pidió a los autores el retiro de la medida y dijo que la pieza legislativa no tenía su apoyo.

“Por lo que veo no tiene futuro en la Asamblea Legislativa el proyecto y me agrada que sea así porque me parece que está totalmente fuera de proporción el estar hablando de encarcelar a mujeres por terminar embarazos. Es un tema que se puede atender, que hay que atender, se puede reglamentar, puede haber prohibiciones en ciertos momentos de los embarazos, pero estar hablando de encarcelar mujeres, no cuenta con mi apoyo en lo más mínimo”, sentenció Pierluisi.

Dijo que no favorece enmiendas al Código Penal para imponer penas “de tres años, ni cinco años ni de 25 años” por terminaciones de embarazos.

El PC 1644 nunca debió radicarse, opinan legisladores

“Agradezco a los compañeros que lo hayan retirado. No creo que que Puerto Rico esté en debate para eso ahora, con la salvedad de que yo soy totalmente conservador y que no creo en el aborto. Lo he dicho siempre, pero reconozco que yo no doy a luz y reconozco que la dama, tiene que tener derecho sobre su cuerpo en lo que sea”, expresó el representante novoprogresista, José “Pichy” Torres Zamora.

El representante popular, Ramón Luis Cruz Burgos se refirió a la medida “como una falta de respeto que nunca se debió materializar como proyecto” de ley. “La intención fue en todo momento lo que se radicó, nunca debió haber pasado y el paso lógico era retirarlo. No soy creyente del aborto, pero para que respeten mi posición, yo tengo que respetar la posición de los demás”, indicó Cruz Burgos.

Para el representante independentista, Denis Márquez Lebrón el emplazamiento social que hubo provocó el retiro de la medida. “Es la acción lógica ante el clamor social, pero sobre todo ante el rechazo de diversos sectores en Puerto Rico, que van desde primero, fundamentalmente, las mujeres en Puerto Rico y la propia Legislatura. La inmensa mayoría de los legisladores, yo creo que estaban claros en que esto era una barbaridad lo que se había radicado y que no respondía a ningún interés realmente legislativo”, dijo Márquez Lebrón.

El portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes consideró que la medida era la crónica de una muerte anunciada. “Si lo firmaron y creían en él tienen una noción jurídica de los derechos horrible y si fue que lo presentaron sin leerlo, pues entonces, son sumamente irresponsables al momento de radicar proyectos”, sostuvo Márquez Reyes.

“Me imagino que de aquí en adelante, ellos van a leer las medidas porque lo menos que uno espera de un legislador es que lea las medidas que presenta”, puntualizó la representante del MVC, Mariana Nogales Molinelli.

“Como no es mío, yo no voy a emitir opinión y mucho menos que ni perdí el tiempo en leerlo”, indicó por su parte, la portavoz del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz. En junio de 2022, la legisladora radicó un proyecto que pretendía imponer una pena fija de 99 años de prisión a las mujeres que se realizaran un aborto y horas después, lo retiró.

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