El liderato de la administración municipal de San Juan, dominado por el Partido Popular Democrático (PPD), le lanzó ayer un reto al gobierno de Ricardo Rosselló para comenzar a dar los pasos necesarios para despenalizar la marihuana y las drogas en general.

No obstante, la idea no tiene cabida en el regente programa de gobierno del país. 

Este debate sobre la despenalización de las drogas surgió luego de que varias comisiones de la Legislatura Municipal de San Juan evaluaran ayer una ordenanza para cambiar la política pública sobre las intervenciones que realiza la Policía Municipal a los usuarios de marihuana. 

Fue el comisionado de Seguridad Pública y exsuperintendente de la Policía estatal, José Luis Caldero, el primero que propuso la despenalización de las drogas. 

“Yo estoy a favor de despenalizar todas las drogas, porque yo creo que la batalla contra las drogas hace tiempo que la perdimos. Hay que buscar otras maneras”, soltó. 

 A modo de ejemplo, el coronel expuso que cuando dirigió la Policía en el 2015 triplicó la incautación de drogas, pero nunca logró que surgiera una escasez. También demarcó que entre el 60% a 62% de los asesinatos que se reportan están vinculados a las drogas. 

Sus palabras tuvieron eco en el presidente de la Legislatura Municipal, Marcos Rigau, quien emplazó a la Legislatura estatal y al gobierno de Rosselló a tomar acción. 

“Yo espero que la Legislatura estatal y que el gobernador de Puerto Rico atienda este asunto conforme a cómo debe atenderse en el siglo 21 y se debe despenalizar. Lo ha hecho California, Massachussets, países de Europa. Tú no puedes vivir en la modernidad con leyes de la Edad Media”, manifestó. 

Estos emplazamientos, sin embargo, no tuvieron acogida en la administración de Rosselló. 

El secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, destacó que la política pública es la rehabilitación y el uso medicinal del cannabis. 

“La política pública del gobernador Ricardo Rosselló no incluye la legalización ni de la cocaína ni marihuana de forma recreacional”, dejó claro. 

Rosario aludió a que supuestamente no existen estudios que correlacionen la legalización de las drogas con una baja en la criminalidad, como alegaron Caldero y Rigau.