Los ejecutivos del restaurante Bottles, en Guaynabo, defendieron este miércoles el cargo por servicio de 17% sobre el costo de sus productos, y aseguraron que implementaron ese sistema como un mecanismo alterno a las propinas para fomentar mayor equidad en los ingresos que generan sus empleados. 

Julie Worley, directora de Bottles, y el licenciado Miguel Simonet Sierra, asesor legal de la compañía, argumentaron que el cargo que impusieron en las transacciones de los comensales del local busca cerrar la brecha entre los ingresos devengados por los meseros y otros empleados, como los cocineros y lavaplatos. El dinero que recauda el cargo se utiliza, entre otras cosas, para compensar a los trabajadores a manera de comisión por las ventas realizadas o como un bono para incentivar la asistencia. 

Worley y Simonet Sierra señalaron también que el cargo, que no es opcional y aparece en el recibo de compras, allega más recursos al fisco porque está sujeto al impuesto al consumo, y además, la empresa y los empleados tributan sobre esos ingresos. 

“El precio es mejor para el consumidor y es mejor para el fisco en términos de colectar para el IVU (Impuesto sobre las Ventas y Uso)”, indicó Simonet Sierra.

El abogado llegó a esa conclusión tras presentar unas tablas en las que comparaban cuál sería el escenario si se aplicaba a una cuenta de $185 una propina de 17%, o un cargo por servicio a igual tasa, o la misma propina, pero se aumentaba 3% el precio de los productos para cubrir la diferencia en el salario de los empleados. 

A base de esos datos, el sistema de propinas no provee para cubrir la brecha salarial, el cargo por servicio implica un aumento de 1.5% para los clientes en contraste con el sistema de propinas habitual, y la tercera posibilidad con el alza de 3% en el costo de los bienes representaría un alza de 3% para los consumidores. 

No obstante, el senador Luis Daniel Rivera Filomeno, presidente de la comisión legislativa, destacó que las propinas se pagan de manera voluntaria, y el cargo por servicio de Bottles es impuesto. 

“Lo que dice el patrono (Bottles) es que se sustituyó lo que antes era voluntario y era sugerido por un cargo que ahora es obligatorio, que no lo puedo rebatir. Tengo que decidir si entro o no al establecimiento, pero una vez entré no puedo alterarlo… La reglamentación en Puerto Rico establece que la propina es voluntaria, la dejo de acuerdo con el servicio que se recibe”, enfatizó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Rivera Filomeno cuestionó la legalidad del cargo por servicio del restaurante, y afirmó que violenta el Reglamento Contra Prácticas y Anuncios Engañosos del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) por carecer de transparencia, y no informarle a la clientela qué servicios están cubiertos. 

“Es un poco esto un esquema para disfrazar la reglamentación de las propinas, violar la reglamentación que existe en Puerto Rico sobre las propinas, pero hay un grave problema, y es que se ha usado como subterfugio un modelo que tampoco es legal”, señaló el senador.

No obstante, Simonet Sierra defendió la legalidad del cargo, y aunque dijo reiteradamente que se concibió en la alternativa o en sustitución de la propina, indicó que no tiene la intención de obligar a los consumidores a pagar cierta cantidad por los servicios que reciben en la mesa. Sin embargo, reconoció que muchas personas se llevan la “impresión” de que es un mecanismo para imponer el pago de propina a los clientes.

Rivera Filomeno insistió en la necesidad de que se apruebe el Proyecto del Senado 1557, que crearía la  “Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra” y elevaría a rango estatutario el citado reglamento del DACO. 

Simonet Sierra, en cambio, sugirió a la comisión legislativa que se enmiende la normativa del DACO para evitar que se les cobre a los clientes el cargo por servicio bajo engaño. Aseguró que los consumidores que acuden a Bottles son alertados sobre el cobro del 17%. 

“Si un cliente sabe y está consciente de qué es el sistema, y hemos visto que hay un andamiaje detrás de este, si el cliente sabe (de qué se trata) es optativo del cliente decir ‘no’ y no patrocinar el negocio”, dijo el abogado. 

“Pero por qué alterar un sistema de negocio que no tiene nada de malo, excepto que engañe a alguien, pues vamos a regular para que no engañe a nadie, pero el sistema no es malo”, puntualizó.