Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos avalaron la creación, mediante legislación, de la Carta de Derechos de la comunidad LGBTTIQ+ al describir la iniciativa como necesaria en momentos en que aumenta la visibilidad de lo que Amárilis Pagán, directora ejecutiva del Proyecto Matria, llamó los grupos de odio que dirigen su discurso hacia esta comunidad.

Pagán identificó a algunos grupos, como Puerto Rico por la Familia, Proyecto Dignidad y Alerta Puerto Rico.

El Proyecto el Senado 485, según sus autores, los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana, va dirigido a establecer en tinta las protecciones de esta comunidad ante la sociedad y el Estado. Ayer, la pieza legislativa fue respaldada por entidades como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Waves Ahead, True Self, Puerto Rico para Todes, el Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas, Matria y el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad.

LGBTTIQ+ significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual y queer. El símbolo + hace referencia a otras realidades no incluidas en el acrónimo, como las personas asexuales y pansexuales.

No obstante, Pedro Julio Serrano, de Puerto Rico para Todes, alertó que someterá ante la Comisión de Asuntos Laborales y Derechos Humanos del Proyecto una ponencia enmendada para proponer que cualquier violación a la Carta de Derechos implique un delito grave, con una pena máxima carcelaria de seis meses y una multa de hasta $5,000. Indicó que penalidades similares están contenidas en la Carta de Derechos de Personas Viviendo con VIH.

“Vamos a pedir alguna sanción para que se pueda tener una consecuencia por incumplimiento y para que la carta tenga verdadero poder”, dijo Serrano al coincidir con expresiones de Pagán al afirmar que, actualmente, se vive lo que llamó una “guerra santa” liderada por sectores fundamentalistas que, según él, impulsan una campaña de odio contra toda la comunidad LBGTTIQ+.

Rivera Lassén no asumió una postura concreta sobre la propuesta enmienda.

“Vamos a esperar que nos hagan llegar la propuesta para evaluarla. Queremos que los funcionarios hagan sus informes”, dijo Rivera Lassén a este diario tras indicar que podría perfeccionar el lenguaje para requerirle a los funcionarios estadísticas y las propuestas de planes de trabajo. “Estamos en esa dirección, pero vamos a analizar lo que nos hagan llegar”.

“Siento que no tiene consecuencias. Aquí hay algo bien importante y se puede quedar en una reprimenda boba”, señaló, por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot.

La propuesta ley no incluye sanciones penales y tampoco impone multas por su incumplimiento, pero sí requiere que todas las dependencias gubernamentales rindan un informe anual de progreso detallando las iniciativas, campañas, proyectos, acciones y reglamentos implementado para hacer valer el estatuto.

Los derechos que busca proteger la legislación son: gozar de una vida plena donde puedan manifestarse libremente en prácticas cotidianas, seguridad de empleo, igualdad de condiciones sociales, salariales y económicas; recibir servicios públicos y privados sin ser discriminados, educación sin limitaciones, vivienda digna, pleno acceso a los servicios de salud, y protección y empoderamiento respecto de su identidad, entre otros descritos en el proyecto.