Por entender que el tribunal no tiene jurisdicción, la abogada de los residentes del condominio Sol y Playa, localizado en la playa Los Almendros de Rincón, apelará en los próximos días la determinación del juez Abid Eriel Quiñones Portalatín, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, quien declaró nulo el permiso de construcción de una verja y una piscina para la comunidad en zona marítimo terrestre.

Según informó la abogada Leonor Porrata Doria a Primera Hora, la decisión constituye un grave precedente, pues alegó que se trata de una expropiación forzada de parte del estado contra los inquilinos. Por ello, apelará la determinación previo a los 30 días a los que tiene derecho.

“Esto va a tener repercusiones. Esto comienza en Sol y Playa, pero va a terminar en todo Puerto Rico”, manifestó la letrada.

Explicó que el estado no tiene derecho a convertir un bien privado en derecho público. Aludió a que se supone que se realice un proceso ordenado, que incluyan vistas públicas, una tasación de los terrenos y hasta consignar el dinero para pagar los predios a expropiar. Pero, aseguró que la determinación no puede darse a través de los tribunales.

Es que, para Porrata Doria, el juez ordenó “una expropiación disfrazada” cuando dispuso en su dictamen una paralización de las obras de construcción, que se demuela cualquier estructura edificada bajo el permiso otorgado por la Junta de Planificación, remover los escombros de la propiedad, así como devolverla a su estado natural en un término de 120 días.

Porrata Doria expresó que, con tal orden, se pretender convertir “un bien privado en uno de dominio público”.

“Esto trae caos y mala convivencia”, precisó.

Asimismo, la letrada indicó que la decisión se presta para que en otras zonas residenciales se detengan obras de construcción bajo estándares que priven a los residentes de la paz y la comunidad que desean crear en sus hogares.

“Aquí es cuestión de arrebatarles el derecho a la propiedad privada a esos dueños de apartamentos”, dijo.

Por otro lado, la abogada se quejó de que el proceso judicial que llevó al juez a tomar la determinación en contra de los residentes de Sol y Playa se realizó a la “prisa” con tal de “revocar un permiso que es legal”.

Estipuló que en toda esta controversia se les violó el debido proceso de ley a los residentes del condominio.

“Hagan lo que quieran, pero garantízame el derecho a escucharme”, reclamó.

La construcción en Sol y Playa fue detenida por los propios residentes del condominio a principios de agosto, en medio de múltiples manifestaciones de ciudadanos y ambientalistas. Luego, la Junta de Planificación presentó un “injunction” contra el condominio, alegando que el permisos de construcción (2020-344034-PCOC-010841) fue otorgado erróneamente.

De hecho, la Oficina de Auditoría de la Junta de Planificación emitió un informe final de auditoría en agosto pasado donde determinó que el permiso de construcción consolidado no cumplía con las disposiciones de la Resolución R-11-17 de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) vigente, a pesar de que fue certificada.

“La parte demandante añadió que el referido permiso tampoco cumplió con lo siguiente: con las zonas de separación establecidas en el Reglamento Conjunto 2019; con las disposiciones del Reglamento de Planificación Núm. 13 sobre áreas especiales de riesgo de inundación; con las disposiciones del Reglamento Conjunto de 2019 sobre la presentación de documentos; con las disposiciones del Reglamento 4860 del DRNA y con la Ley de Puertos de 1880″, lee la orden del juez.