Las 10 familias amenazadas por la erosión costera que se registra desde el pasado sábado en las parcelas Suárez, en Loíza, se niegan a abandonar sus hogares, informó la designada secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.

“Ellos no quieren ser reubicados. Es el apego que sienten las familias cuando llevan años viviendo en un lugar. Es bien difícil tú decirle de la noche a la mañana ‘tú te tienes que salir’”, comentó.

La agencia, sin embargo, llevará este próximo viernes un impacto comunitario en el que también estará el Departamento de la Familia y la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA). El encuentro se realiza en la Iglesia Apostólica Betzaida, en Loíza, a las 3:00 p.m.

Además, Pérez Peña informó que Vivienda evaluó el perfil socioeconómico de las 10 familias, en las que en total suman unas 45 personas, para comenzar a buscar posibles residencias que tengan el número de habitaciones necesarias y que puedan ser costeadas con vales de Sección 8. Esta ayuda se les puede ofrecer, debido a que se trata de una situación de emergencia.

Explicó que la agencia se prepara en caso de que, “si alguna de las familias entiende que voluntariamente desea salir del lugar, pues, estar preparado. Pero, honestamente, te digo que, de las conversaciones que hemos tenido, ellos no quieren ser reubicados”.

Por su parte, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, indicó a Primera Hora que la secretaria de la Vivienda llegó el pasado martes a la comunidad porque lideres comunitarios había informado que unas cinco de estas familias afectadas tenían la disposición de reubicarse.

Dijo que, de inmediato, logró contactar a Pérez Peña y esta visitó a la comunidad. Sin embargo, los afectados rechazaron movilizarse.

“Es una decisión que es más por el apego. Hoy, (miércoles), el mar está bien malo, pero ellos quieren quedarse ahí”, sostuvo.

Detalló que las viviendas están expuestas al problema de erosión, pero ninguna está por derrumbarse. Dijo que estas propiedades son de varias generaciones familiares, que incluyen bisabuelos, abuelos y nietos.

Ante tal panorama, el municipio ha propuesto un proyecto de mitigación a corto plazo, el que ahora espera por permisos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Informó que el nominado secretario del DRNA, Waldemar Quiles, visitó la zona afectada el pasado lunes y ayer, martes, personal de la agencia a cargo de la otorgación de permisos evaluó el problema y conoció de los planes municipales de colocar “un revestimiento de piedras” en la zona afectada.

Nazario informó que la medida que propone el municipio daría unos seis a siete años de plazo para que agencias federales o el gobierno haga un proyecto a largo plazo que evite la erosión en la zona.