“No, no soy irresponsable”. 

Así le contestó el representante Carlos Vargas al gobernador Alejandro García Padilla, quien lo tildó de esta manera por haber votado en contra de la reforma contributiva. 

Vargas, junto a sus compañeros legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Natal, Luis Vega Ramos, Ángel Matos, Luisa “Piti” Gándara y Luis Raúl Torres, votaron en contra del Proyecto de la Cámara 2329, evitando que se consiguieran los 26 votos requeridos para que la medida pasara el cedazo de la Cámara de Representantes y continuara para la consideración del Senado. La votación, realizada a eso de las 3:50 a.m. de este jueves, quedó 28 votos en contra, 22 a favor y un ausente. 

El representante, quien durante la madrugada recibió la visita del presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, para persuadirlo a votarle a favor a la medida que impondría una Contribución sobre Bienes y Servicios (CoBYS) con una tasa general de 13%, una intermedia de 10%, además de 1% de impuesto municipal que retendrían los ayuntamientos, manifestó en entrevista radial (NotiUno) que con su acto no se unió al Partido Nuevo Progresista (PNP). Insistió que votó en contra por estar convencido de que no sería bueno para la economía del país. 

“Con mi voto yo he apoyado todas las medidas que el Ejecutivo ha presentado para paliar con el asunto fiscal del País. Tu recordarás, yo creo que es una fase de mi vida que no voy a poder destaparme de ella, yo voté a favor de la crudita (el impuesto al petróleo crudo), que fue unas medidas que se me informó y se me dijo que iba a resolver una serie de problemas y que se iba a hacer una emisión… O sea, yo he respaldado al gobernador en su política pública para reformar el asunto fiscal en todo momento. Pero, llega un momento dado, después de un análisis que he hecho -los compañeros pueden dar certeza que yo leí esas dos mil y pico de páginas, me las leí varias veces, leí estudios económicos, me leí las ponencias-, que yo me convencí que este proyecto, en la manera que se quería implementar, podría ser detrimental a la economía nuestra”, sentenció Vargas. 

Asimismo, Vargas afirmó que su rechazo a la propuesta se debe, entre otras cosas, a que se quería implantar de una forma acelerada, cuando el propio Gobierno supuestamente aceptó en el proceso evaluativo que se necesitaban 24 meses para establecer el antes llamado Impuesto al Valor Añadido (IVA).

También dijo que se planteaban incongruencias cuando se exponía que el impuesto comenzaría en junio y no sería hasta julio que se concederían alivios contributivos. También sostuvo que los populares “estamos perdiendo credibilidad ante la gente” cuando se alegó que para el 2015 no habría planilla y el proyecto sustitutivo llevado a votación planteaba que para los primeros seis meses de ese año contributivo se tendría que rendir contribuciones bajo el vigente sistema tributario. 

De paso, el legislador dijo estar dispuesto a enfrentar las sanciones que ya ha adelantado el presidente cameral, Jaime Perelló, se le impondrá a los que votaron en contra de la reforma contributiva. Aceptó que entre las consecuencias está que pierda la presidencia de la Comisión de Vivienda. 

“Si a la larga ustedes entienden que yo merezco una acción disciplinaria del caucus por la decisión que yo voy a tomar, en sus manos los dejo”, manifestó Vargas, al dirigirse a sus compañeros legisladores. 

Recordó, sin embargo, que “cuando voté a favor de la crudita era el más bueno del mundo”. 

Por otro lado, el representante Vega Ramos y Natal coincidieron en que la tasa de la CoBYS debió ser menor y que presentaron alternativas para conseguir otros recaudos sin perjudicar al pueblo. 

En declaraciones escritas, Vega Ramos señaló que “durante la pasada semana trabajamos intensamente en alternativas para reducir el impuesto al consumo. Se produjeron, se demostró que recaudarían más de lo que Hacienda estimó originalmente y se establecieron escenarios en que el porciento del impuesto al consumo podía ser menor. Pero al término del proceso en la Cámara, dicho esfuerzo no se tradujo en una reducción del 14%. Eso nos impidió avalar el proyecto como bajó a votación".

Agregó que "creo que mover el peso de la carga contributiva del ingreso al consumo es positivo. Pero también creo que el peso de una tasa de 14% es aún muy fuerte para nuestra gente dentro de nuestra delicada situación económica".

Natal, por su parte, insistió que la tasa de impuesto fijada en el proyecto llevado a votación era “muy alta”, así como “los alivios contributivos contemplados no se ajustaban a la realidad fiscal del País, se pasaba por alto la justa aportación de sectores exentos y finalmente, no se atendía el principal problema fiscal de Puerto Rico: la monumental deuda pública”. 

“La medida llevada a votación en la madrugada de hoy no cumplía con las expectativas mínimas de consenso fijadas durante el proceso, por lo cual me vi imposibilitado de votar a favor de la propuesta”, sentenció. 

Natal indicó que su compromiso y disposición de trabajar junto a la delegación del PPD en la Cámara continúan inalteradas, y que aceptaría las sanciones que ya se han adelantado serán impuestas contra aquellos que votaron en contra de la legislación. 

Mientras, la representante Gándara dijo que lo más que le preocupaba de la medida era su efecto en la economía. 

También explicó que usaron su idea de imponer un arbitrio a las bebidas carbonatadas y azucaradas para otros fines que no es ayudar a la población infantil.

“Mi proyecto para crear un Fondo para la Niñez Temprana no estaba incluido en esta versión. No había una inversión contundente en niñez temprana y tampoco contribuía a reducir la obesidad infantil. Usaron algunas cosas de mi proyecto, pero incompletas. Mi proyecto solo tenía un impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas y no una doble tributación con un IVA que le añadieron en el proceso. Al no contar con fondos recurrentes para crear el Fondo de Inversión de la Niñez Temprana, pierden los niños y sus familias que no contarán con más alternativas para detectar deficiencias en el desarrollo temprano, para intervención temprana, para crear más centros de cuido para niños de 0 a 4 años, para adiestrar a los cuidadores y maestros de esos menores y para combatir la obesidad infantil en los municipios de más alta incidencia”, explicó.