Legisladores de cuatro de las cinco delegaciones representadas en la Cámara de Representantes, así como el independiente Luis Raúl Torres, le hicieron un llamado hoy, lunes, a la ciudadanía a lanzarse a la calle para reclamar la cancelación del contrato otorgado a LUMA Energy para la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrico del país.

El grupo de representantes presentó, además, una serie de “negligencias” en las que, sostuvieron, ha incurrido la empresa y que, a su juicio, validan la anulación del contrato. “Esto es más importante que el chat de Ricky Rosselló, esto es la vida del pueblo, el desarrollo económico de nuestro país, la salud, la educación, el bienestar…y, ¿tú te vas a quedar en tu casa?”, subrayó Torres durante una conferencia de prensa.

“Nuestro llamado es a que nos movamos a pedir que le apaguemos el contrato a LUMA en 60 días. Hay que apagarle el contrato a LUMA, esa es nuestra misión”, puntualizó el legislador acompañado por sus homólogos del Partido Popular Democrático (PPD), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad.

La cancelación, explicó Torres, podría ser inmediata, en cuyo caso habría que pagar una penalidad por los meses restantes y un fee de anulación que estimó en $40 millones; o se podría esperar al 30 de noviembre cuando vence el contrato suplementario que entró en vigor el 1 de junio de 2021.

Ningún representante de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) se unió a la conferencia de prensa a pesar de que fueron invitados, indicó Torres. “Por un lado de la boca dicen que están insatisfechos y no quieren el contrato y por el otro lado se oponen a todo lo que hacemos aquí”, expresó el legislador independiente.

No fue hasta la semana pasada que el gobernador Pedro Pierluisi se expresó insatisfecho con el desempeño de la empresa y sostuvo que tendrían que hacer cambios en su ejecución. Mientras, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, demandó la cancelación del acuerdo. “El gobernador parece que ha tenido una epifanía. Ha descubierto las barbaridades de LUMA, que desde previo a la otorgación del contrato habíamos señalado diversos sectores del país”, dijo el representante del PIP, Denis Márquez Lebrón.

A inicios del 2021, la Cámara de Representantes inició una investigación sobre el contrato que llegó hasta los tribunales luego que la empresa se negara a cumplir con una serie de requerimientos de información. Utilizando como base, precisamente, esa documentación fue que los legisladores sustentaron sus reclamos.

La Cámara, igualmente, aprobó durante la pasada sesión dos medidas. La primera exige la cancelación del contrato y, la segunda, devuelve la supervisión del contrato a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Ambos proyectos, dijo, los tiene el Senado “detenidos allí en una gaveta, cogiendo polillas”.

Señalan deficiencias

Durante la convocatoria, el grupo de legisladores presentó una serie de acciones e inacciones en las que ha incurrido LUMA durante los pasados 14 meses y que, sostuvieron, validan la cancelación del acuerdo.

La representante del MVC, Mariana Nogales, destacó que el consorcio contrata parte de sus servicios con compañías afiliadas administradas por el propio presidente de LUMA, Wayne Stensby. Además, dijo, la operadora contrata mano de obra de la International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW), la cual es “más costosa” a la que se ofrece localmente.

“Uno de los problemas fundamentales de LUMa es el poco o ausente manejo de vegetación”, indicó la legisladora sobre este issue que, al momento, se ha identificado como una de las situaciones que pudieron haber provocado el apagón de la semana pasada que dejó a cerca de 225,000 clientes sin energía.

De hecho, el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, había compartido con LUMA Energy -en una misiva del 1 de agosto- su preocupación por el estado de varias líneas de transmisión del sistema eléctrico del país debido a que estaban siendo impactadas por vegetación. “El señor gobernador y todos los encargados de este contrato no pueden decir que no existen razones para cancelar este contrato”, expresó el representante popular Jorge Rivera Segarra.

Por su parte, la portavoz del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, recordó el “desvío” de $750 millones del fondo general a LUMA Energy para poder ejecutar el traspaso del sistema de transmisión y distribución al consorcio. Esta transacción, validada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), afectó el presupuesto de varias agencias gubernamentales, dijo la representante.

“El que me diga hoy que tiene menos apagones que hace cinco o seis años, está mintiendo. Aquí todos los días hay más de 20 mil personas sin luz, todos los días”, señaló el representante del PP), José “Cheíto” Pérez, quien destacó el desempeño “deficiente” de LUMA en el manejo y operación del sistema de transmisión y distribución.

Pérez sostuvo que desde que la empresa entró a la ecuación la frecuencia de apagones aumentó. “¿Qué tenemos que esperar (para cancelar el contrato)? Tragedias en Centro Médico o en los hospitales de este país porque no hay luz. Creo que es bastante ya”, puntualizó Pérez.

El Negociado de Energía de Puerto Rico indicó la semana pasada que las métricas de interrupciones del servicio eléctrico no han mejorado desde que LUMA Energy asumió la operación del sistema de transmisión y distribución de energía del país. “El promedio anual de duración de interrupciones ha ido en aumento desde junio hasta el presente, y se coloca por encima de la métrica histórica (medición base) de 1,243 minutos”, puntualizó el organismo.