El día que se supone que la Cámara de Representantes reanudara las labores presenciales, luego de un receso de casi tres semanas por casos de Covid, la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional no pudo celebrar una vista de consideración final (mark up) de un proyecto de enmiendas a la Ley de Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas porque no había quórum.

A la vista pública que era la única en el calendario de hoy solo acudió el presidente de la comisión legislativa, José “Conny” Varela Fernández y el personal administrativo.

“En esta sesión estaremos considerando el Proyecto de la Cámara 2019 en su sesión pública de consideración final. Quiero preguntarle al director ejecutivo de la comisión, licenciado Alejandro Soriano Miranda, si hay algún miembro de la comisión presente”, preguntó Varela Fernández en la vista que se extendió por solo seis minutos.

“En estos momentos aparte de usted, no tenemos miembros de la comisión para la consideración de la medida”, respondió el director ejecutivo de la comisión legislativa.

El abogado agregó que los legisladores que forman parte de la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional habían citados a la vista de consideración final del PC 2019, el viernes primero de marzo a través de la Oficina del Sargento de Armas, conforme al reglamento.

-¿Se recibió alguna enmienda?, preguntó Varela Fernández, quien también es vicepresidente de la Cámara?

“En el tiempo reglamentario no se recibieron enmiendas”, le indicó Soriano Miranda.

“Entonces, no hay objección al texto circulado, no hay enmiendas. No hay quórum para la votación final y no teniendo el quórum necesario, este presidente se acoge a lo dispuesto en la sección 12.21 del reglamento a fin de someter el texto de la medida a una votación mediante referéndum (de los miembros de la Comisión)”, sostuvo Varela Fernández al anunciar que hoy y anunciar que hoy mismo comenzaría a hacer el referéndum de la medida.

Poco antes de finalizar la vista se unió por Zoom, el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes, quien dijo que no tenía sugerencias. “Me aprestaba a emitir un voto a favor de la medida”, sostuvo Márquez Reyes.

Varela Fernández dijo entonces, que extendería hasta mañana martes “todo el día” el referéndum de la medida porque “no hay mucho compañero en el Capitolio.

Además de Varela Fernández y Márquez Reyes, integran la Comisión: Jesús Manuel Ortiz González, vice presidente, Jesús Hernández Arroyo, secretario, Jesús Santa Rodríguez, Héctor Ferrer Santiago, Ángel “Tito” Fourquet Cordero, José “Quiquito” Meléndez Ortiz, Eddie Charbonier Chinea, Denis Márquez Lebrón y Lisie Burgos Muñiz.

La vista comenzó a las 2:05 y a las 2:11 minutos, el legislador decretó el cierre de los trabajos.

El Proyecto de la Cámara (PC 2019) busca enmendar varios artículos de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas para requerir que organizaciones políticas registradas ante la Comisión Federal de Elecciones se registren en la Oficina del Contralor Electoral (OCE) y rindan informes cuando los donativos que realizan o los gastos en que incurren sobrepasan de $1,000.

“Entiendo que no hay objeción en ninguna de las delegaciones a este proyecto que lo que busca es enmendar aquellas disposiciones que tienen que ver con los llamados pacs y super pacs y toda organización política que vaya a incurrir en gastos o hacer donativos de más de mil dólares. Toda organización que sobrepase esa cantidad se tiene que registrar en la oficina del Contralor Electoral”, dijo el representante Varela Fernández, autor de la medida.

La iniciativa, dijo el legislador, es del contralor electoral, Walter Vélez Martínez, y dispone que los comités de acción política (Pac, en inglés) tendrían que inscribirse en la OCE “si quieren hacer algún donativo aquí o pagar cuenta”. Agregó que ahora, como no están registrados aquí, la OCE no puede fiscalizarlos.

El proyecto de ley propone enmendar los artículos 2.001, 2.004, 3.009, 6.000, 7.000 y 12.004 de la Ley 222 de 2011.