Luego de que el Senado detuviera la evaluación del proyecto que buscaba prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico tras ser derrotado en la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adición, la Cámara de Representantes comenzó este miércoles a evaluar el controvertible tema con miras a llevar a votación dos medidas legislativas antes de que culmine la sesión a finales de junio.

Las vistas públicas iniciaron con el apoyo del sector religioso a ambas piezas legislativas que se discuten en unas vistas públicas de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por la representante Lisie J. Burgos Muñiz.

La primera pieza legislativa fue una radicada por los representantes Luis Raúl Torres, Jorge Rivera Segarra, Orlando Aponte Rosario y José Aponte para prohibir las terapias de conversión o reparación. Se trata del proyecto de la Cámara 683.

La otra medida es el proyecto de la Cámara 768, de la autoría de Burgos Muñiz, la cual busca clasificar como un maltrato someter a un menor de 18 años a tratamientos hormonales o cirugías para construir la identidad de género no congruentes a la genética sexual. Esta medida también condena a los médicos que someten a menores a estos tratamientos con multas de hasta $30,000, así como a que los planes médicos cubran las mismas. Las multas a estas últimas empresas serían de $100,000.

Antes de dar paso a las ponencias de varios religiosos, la presidenta de la Comisión explicó que fue el líder cameral, Rafael “Tatito” Hernández, quien ordenó comenzar a evaluar estos controvertibles temas.

De la discusión desatada en las vistas públicas, salió a relucir que la prohibición de las terapias de conversión ahora cuenta con el apoyo religioso, pues la medida contiene dos diferencias trascendentales a la que evaluó el Senado.

La primera diferencia la trajo a consideración el representante Jesús Manuel Ortiz. Este expuso que ahora la medida expone que se prohíben tales terapias si están “en contra de la voluntad” del menor.

El legislador, quien es abogado, señaló que es el padre quien consciente sobre un menor de edad. Pero, el sacerdote y también abogado, Carlos Pérez, dijo que “en un proceso terapéutico, el nene es el cliente”. Aludió, por tal razón, que ese joven adolescente puede rechazar el tratamiento.

Mientras tanto, el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, aludió que este proyecto legislativo que prohíbe las terapias de convención sufre de no estar atado a una perspectiva médica, sino que sus miras son religiosas. En específico, expuso que tiene reserva de que al sector religioso se le clasifica como exento de cumplir con la política pública que se busca implementar.

“Que no me aplique a mí como sector, eso me parece a mí problemático”, subrayó.

El legislador hacía referencia a que el proyecto de la Cámara 683 indica en el artículo 7 que “nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como que coarta o limita las facultades y deberes de los padres, de las madres; así como tampoco prohíbe o coarta a las iglesias e instituciones eclesiales, consejeros/as espirituales o líderes religiosos, pastores y sacerdotes, que en el ejercicio de su libertad religiosa, estén actuando en su capacidad pastoral o religiosa, siempre y cuando se garantice el mejor bienestar y la dignidad de un menor de edad o de cualquier persona; por último, tampoco esta ley, limita o coarta a los profesionales de la salud mental, consejeros y consejeras a discutir, recomendar y realizar tratamientos legítimos y legales o a expresar sus opiniones sobre cualquier tema”.

El legislador criticó que este señalamiento “levanta la libertad religiosa como esta disposición incuestionable, invencible, que lo que hace es que libera a unos grupos de cumplir o acatar”.

Uno de los autores de la medida, el representante Torres, rechazó que su medida permita a los religiosos dar terapias de conversión.

“Lo que se le permite a ellos es que cuando un menor, los padres de un menor, quieren llevar a un niño a orientación religiosa, igual que un adulto voluntariamente quiere ir, lo pueda hacer”, expuso.

El sacerdote Pérez, por su parte, le indicó al Márquez que el proyecto crea un balance y atiende inquietudes tanto de la comunidad Lgbbtiq+, así como del sector religioso.

“Lo bueno de este proyecto es que busca un consenso sobre un tema que angustia a ambos sectores”, dijo.

Sin embargo, el activista de los derechos homosexuales, Pedro Julio Serrano, rechazó que haya existido algún consenso con la comunidad Lgbttiq+ en esta medida cameral. En cambio, sostuvo que ese consenso sí existió cuando el Senado evaluó el proyecto 184 con iguales propósitos.

Ante la controversia de si existió o no tal consenso, el representante Torres explicó lo que, en su juicio, se trató del consenso. Indicó que días previos de radicar la medida se reunió con Osvaldo Burgos, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE). Dijo que el abogado le indicó que rechazaba el proyecto, pero no le dio razones.

“Dije: ‘Ah, pues, yo lo voy a radicar, después en las vistas públicas ustedes radican su posición”, comentó.

Aludió a que el presidente de la organización Lgbttiq+ del Partido Popular Democrático, Pedro Peters Maldonado, sí le dio sus posturas y realizó enmiendas relacionadas a sus recomendaciones.

En lo que pareció ser un cambio de posturas, aludió que ese consenso se obtendría en las vistas públicas.

Posturas del sector religioso

El sacerdote católico Pérez fue claro en apoyar la medida que prohíbe las terapias de conversión. Explicó que la medida “clarifica el estado de derecho con respecto a la prohibición de las terapias de conversión, protegiendo derechos fundamentales de los ciudadanos. Se justifica, sin duda, la legitimidad de esta propuesta de ley”.

Sobre las terapias hormonales y las cirugías de cambio de sexo para menores de edad, Pérez destacó que la identidad sexual de los menores “es fluida”.

“Por eso, la prohibición que se pretende con este proyecto es consistente con la responsabilidad estatal de no exponer a los menores de edad a intervenciones médicas que comporten el peligro de ser irreversibles pudiéndose verse ellos afectados tanto en su desarrollo físico-cognoscitivo como hundirlos en la esterilidad”, señaló.

Clamó a los legisladores que no expongan “a sus jóvenes a unos procesos médicos que podrían convertir a un ser humano en una especie de ‘conejillos de indias’”.

Por su parte, el presidente de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico (Frape), el obispo Ricardo López Ortiz, apoyó la medida que prohíbe las terapias de conversión, ya que “trata de palear el daño irreversible que han sufrido las iglesias, líderes religiosos y profesionales de la salud mental” que causó la medida atendida por el Senado.

Según explicó, este proyecto cameral es puntual en detallar las prohibiciones. Detalló que la medida prohíbe toda aquella “terapia (que) resultará en una reversión de la orientación sexual o identidad de género del paciente; afirme que es necesario un cambio en la orientación sexual o identidad de género del paciente o cliente; (así como), someta a un cliente a un malestar físico a través de un tratamiento aversivo que cause náuseas, vómitos u otras sensaciones físicas desagradables; o proporcione una descarga u otra terapia eléctrica, incluida la terapia de electroconvulsiva, la estimulación magnética transcraneal o que afecte el cuerpo humano”.

Añadió que “no queda duda que estos tratamientos o prácticas seudocientíficas atentan contra la indemnidad física y la dignidad de cualquier ser humano. Como Iglesia, nos oponemos vehementemente a ellas”.

Cabe destacar que tanto López Ortiz y Pérez rechazaron que las iglesias que representan ofrezcan terapias de conversión en la Isla. Expusieron, de hecho, que no conocen a nadie que las dé.

En cuanto al proyecto para prohibir las terapias hormonales o cirugías para un cambio de sexo, el obispo de la Frape manifestó que “no cabe la menor duda que estos tratamientos constituyen un claro maltrato de menores y una violación a la dignidad humana. Estamos hablando de menores con una condición de salud mental que los atormenta, que comienzan estos tratamientos hormonales en la pre-pubertad, donde no tienen plena conciencia de lo que está bien o mal, ni de las consecuencias irreversibles de sus actos. Los niños no son ‘conejillo de indias’ para hacerles experimentos so color de moda o nuevas tendencias sociales”.

Testimonios

El único ponente que acudió a la vista pública en representación de la comunidad Lgbttiq+ fue el trabajador social, Alejandro Santiago Calderón. Este habló como sobreviviente de las terapias de conversión.

“Como persona sobreviviente de las terapias de conversión dentro de los escenarios religiosos, organizaciones de base de fe y/o iglesias de diversas denominaciones, fui sometido a las terapias de conversión o cualquiera de sus modalidades y/o nombres que se utilizan para maquillar su crueldad. En mi caso, estuve sometido a dichas terapias por alrededor de 5 años, específicamente desde el 28 de junio de 2008 al 2013. Recuerdo que el predicador me dijo: ‘serás libre de la homosexualidad. Dios te hará libre y dejarás de llevar una vida de pecado’”, afirmó.

Sostuvo que en estas terapias de conversión no existe voluntariedad. Indicó que le imponían ayunos y horas de oración.

“No puede existir voluntariedad cuando vivimos en una sociedad que establece que ser homosexual es un problema y luego, cuando acudimos a espacios para trabajar nuestra espiritualidad, nos manifiestan que: ‘ser homosexual es pecado y para alcanzar la salvación hay que sacar el demonio de la homosexualidad’”, manifestó Santiago Calderón.

Añadió que “las terapias de conversión y la maldad del conservadurismo de derecha violenta me privaron de vivir en libertad, de disfrutar el tiempo junto a mi familia y amistades y de potencializar quien soy. Damos la lucha para que nadie más pase por este tortuoso proceso. Por eso, y sin miedo a lo que implica apalabrar mi realidad, me expongo ante ustedes confiando en que servirá de algo: para que tomen mejores decisiones presentando las enmiendas recomendadas y voten en contra de esta medida en la manera en como está redactada”.

Por su parte, Vicente Martínez habló desde la perspectiva de un homosexual que decidió cambiar su estilo de vida para volver a ser heterosexual. Subrayó que en el 1988 pasó de ser Patricia a su nombre de hombre, Vicente.

El ahora pastor comentó que a los 11 años fue violado por un hombre de 55 años y como miembro de la comunidad Lgbttiq+ se prostituyó y drogó. Comentó que tenía acceso a comprar hormonas y se las ponía sin ninguna regulación médica. Expuso que cuando decidió cambiar su estilo de vida, tras ver como varios de sus amigos murieron, logró tener el apoyo de las iglesias a las que recurrió para cambiar.

Martínez puntualizó que “en mi decisión de cambio, necesitaba mucha ayuda para trabajar con mi batalla interna basada en experiencias vividas, no por Dios o la iglesia, sino por las decisiones que tomé voluntariamente. En estos 33 años de mi experiencia con Dios y mi decisión de cambio, busqué la ayuda de psicólogos, consejeros espirituales, y especialmente una relación de amor con Dios a través de su Espíritu Santo”.

“¿Por qué cuento mi experiencia de vida? Todos necesitamos herramientas para poder trabajar con las decisiones que hemos tomado en el camino sean cuales sean. ¿Por qué atacar o vetar al psicólogo y a la iglesia, por mi decisión de buscar la paz sobre mis emociones, cuando yo soy el autor de mis actos? ¿Por qué inducir a un niño a cambiar sus órganos, cuando no están aptos para tomar decisiones? ¿Porque multar o encarcelar a los padres por buscar ayuda para sus hijos? ¿Todos los gays se mutilan sus órganos o utilizan hormonas? Detrás de todo esto hay muchos intereses personales y no por el bien de los niños que están creciendo con estos problemas”, añadió.