Los representantes del interés público en la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) denunciaron hoy que fueron excluidos del proceso de extender un contrato suplementario “indefinido” a LUMA Energy para la transmisión y distribución de energía eléctrica en el país.

El organismo rector de la AAPP dio paso esta tarde al acuerdo suplementario a favor del consorcio energético en votación de tres votos a favor, de los representantes del gobierno en la junta directiva y la abstención, de los representantes del interés público, los abogados, Liza M. Ortiz y Eduardo Ferrer, ambos nombrados por el gobernador Pedro Pierluisi.

Los votos a favor fueron del secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, el secretario de Hacienda, Francisco Parés y el presidente de la Junta de Planificación, Julio Lassús Ruiz.

Ortiz y Ferrer, en una conferencia de prensa vía la plataforma Zoom esta misma tarde, dijeron que “lo que se aprobó” es un contrato suplementario indefinido y, hasta que termine la restructuración de la deuda de la AEE, se queda la tarifa de $115 millones.

Denunciaron que, para el proceso de votación y extensión del contrato a LUMA Energy, la mayoría en la Junta de Directores de la AAPP se amparó en la Ley 29 de 2009 que creó las Alianzas Público Privadas bajo el alegato de que ese estatuto tiene supremacía sobre cualquier otro.

Ferrer y Ortiz dijeron que propusieron una enmienda para que el proceso se hiciera a través de la Ley 120 de 2018 que regula la Transformación del Sistema Eléctrico de Puerto Rico, pero fue derrotada.

Indicaron que cuando se consideró la extensión del contrato expresaron que la determinación era contraria a derecho y que se abstuvieron porque, “bajo la Ley 120, se entiende como un voto en contra”.

Los portavoces del interés público detallaron que también presentaron otras enmiendas para que la reunión fuera grabada de manera que se hiciera pública y que en 24 horas se les entregara la minuta de los trabajos, pero también fueron derrotadas por la mayoría integrada por los miembros del gabinete del Gobernador.

Denunciaron además, que antes de que votaran, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ya había anunciado su aprobación a la extensión del contrato suplementario.

“Nos enteramos a través de la prensa que la Junta de Control Fiscal había validado la enmienda y esa aprobación es incorrecta porque la Junta puede aprobar una extensión, pero tiene que tener primero la aprobación de Junta de Directores de la AEE y de la Junta de Directores de la AAPP, más la validación de LUMA y eso la Junta de Control Fiscal no lo tenía en sus manos porque la reunión de nosotros no se había dado. Eso ocurrió antes de que nosotros votáramos”, sostuvo Ferrer.

Sobre la posibilidad de impugnar el proceso en los tribunales, el exlegislador indicó que harán un análisis con asesores legales y que darán a conocer oportunamente la decisión. No precisó si acudirían al foro estatal o federal. “Entendemos que tenemos un caso justiciable”, dijo.

Ortiz indicó, por su parte, que como parte del análisis legal, deberán determinar a nombre de quién sería radicado el pleito legal.

“Nos encontramos con que la Junta de Control Fiscal ya había aprobado un contrato que no se había aprobado por las partes, esa posición es incorrecta y vamos a proteger el que cualquier votación contara con el interés público y lo que sucedio hoy es bien simple: le pasaron por encima al pueblo de Puerto Rico”, expresó.

Ferrer dijo que, a la medianoche de ayer, horas antes de la reunión, les enviaron cientos de páginas, pero en ninguna “había ni una métrica que nos haya puesto en posición de evaluar, no nos dieron los documentos que justificaban la extensión del contrato”.

“Nosotros no somos personas contrarias a las privatizaciones, pero lo que llevó a cabo la P3 (AAPP) fue establecer un esquema para sacarnos a nosotros del proceso de votación. No teníamos documentos porque no nos enviaron nada, es sumamente imposible dar un voto de aprobación cuando no hay nada para evaluar”, sostuvo Ortiz.

Dijo que no votaron en contra de la propuesta “porque de acuerdo a ellos (el proceso) tenía que hacerse por la Ley 29 y nosotros entendemos que era por la Ley 120 porque se trata de una transacción de la AEE y si alguno de nosotros se abstenía, ellos no tenían mayoría simple. Nuestro planteamiento es que nunca se debió haber llevado bajo la Ley 29″, agregó.

Ambos representantes del interés público en la Junta de la AAPP recalcaron que fueron nombrados al cargo por el gobernador Pierluisi. Ferrer fue nombrado por recomendación del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y Ortiz, por recomendación del presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez.

“Es decepcionante haber recibido un nombramiento del gobierno y que miembros de sus gabinete decidieran excluirnos del proceso. No tuvimos la oportunidad ni nos hicieron partícipes de cuáles fueron las negociaciones. Nosotros fuimos nombrados por el gobernador y fuimos excluidos de hacer nuestro trabajo”, reclamó Ortiz.

Por su parte, el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanes dijo, en unas breves declaraciones, que a 24 horas de la cancelación automática del acuerdo, la junta directiva del organismo acordó extender el contrato suplementario a LUMA Energy. Sostuvo que “la acción propuesta fue presentada y aprobada por la junta de directores y que los representantes del interés público no participaron en la votación”.

“Como próximo paso procede la presentación de la acción propuesta ante la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, indicó Fontanés.