La presidenta de la Comisión de Sistemas de Retiro de la Cámara, Lourdes Ramos Rivera, censuró hoy a la Asociación de Empleados del ELA (AEELA) por tener un contrato "oneroso" con una  firma de abogados para defender a "sólo cinco" de sus asociados que impugnan la implantación de la Ley 7 ante el foro federal.

Durante la audiencia pública en que se analizaba el proyecto que eliminaría las deducciones compulsorias impuestas a los empleados gubernamentales a favor de AEELA, el director ejecutivo de esa entidad, Manuel Día Rivera, reconoció que tienen un contrato sin tope con el bufete Reichard & Escalera. El mismo tiene vigencia desde marzo de 2010 y se cobra por hora.

Ramos Rivera denunció la acción, que catalogó de irresponsable, y opinó que "van por mal camino" en torno a la utilización de los recursos.

“Eso no es una buena práctica. Ustedes no pueden disponer con un cheque en blanco el dinero de 200 mil socios, para defender a cinco. El ingreso, los beneficios y las ganancias que tiene AEELA, hay que dividirlo en partes iguales y hacerlo llegar a sus socios en dividendos", afirmó.

Agregó que "ustedes podrían utilizar la parte porcentual que le toca a los afectados para su representación legal, pero no tienen ningún derecho a usar las ganancias de un asociado para defender a otro”.

El portavoz de AEELA planteó que la determinación de brindar representación a los cinco cesanteados se acordó con la Junta de Delegados y el presidente de la Asamblea de Delegados de ese organismo, Nery Cruz Reyes.

“Se aprobó una resolución para defender y representar a éstos empleados”, dijo Díaz Rivera.

Declaró que cuestionan ante el foro federal la sentencia en la medida que no permitió que las cinco personas presentaran las particularidades de su caso.

De hecho, Ramos Rivera solicitó los nombres de los cinco representados, así como copia del contrato de AEELA con el bufete, para hacer una consulta con la Oficina del Contralor.