El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Urayoán Hernández Alvarado, exigió hoy, sábado, que se comience un análisis de las leyes que cobijan a los envejecientes para atemperarlas a la actualidad. 

Señaló que los nuevos retos y realidades de esta población ameritan que se creen cambios en las legislaciones existentes.

 “Aunque a través de los años en Puerto Rico se ha promulgado abundante legislación dirigida a proteger a nuestras personas de edad avanzada, ello no aparenta surtir el efecto deseado. Como cuestión de hecho, el Estado viene obligado a proveer, hasta donde sus medios y recursos lo hagan factible, las condiciones adecuadas que promuevan en los envejecientes el goce de una vida plena y el disfrute de sus derechos naturales, humanos y legales. Lo que deseamos es constatar esto y mirar en donde debemos hacer cambios”, indicó el legislador en comunicado de prensa.

Las expresiones de Hernández Alvarado surgen, luego que hace varios días fuera encontrado el cuerpo de una octogenaria en el interior de su apartamento en el complejo de vivienda para ancianos del Hospital Santa Rosa en Guayama. La mujer, de unos 86 años, fue localizada por uno de los empleados del centro.

“Esta desgarradora situación coloca de manifiesto la precariedad en la que viven muchas de nuestras personas de edad avanzada. La soledad, la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud, vivienda y recreación son una constante en la vida de este grupo poblacional. Nosotros queremos erradicar esto”, comentó Hernández Alvarado.

Según un estudio preparado por la Oficina de la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada, titulado “Equidad económica de la población de edad avanzada de Puerto Rico”, la mayoría de las personas sobre 65 años, además de sobrevivir con ingresos que los mantiene bajo el nivel de la pobreza, utilizan gran parte de éstos para costear medicamentos y tratamientos de salud.

De acuerdo a dicho estudio, el 43.6% de la las personas de 65 años o más devengan un ingreso mínimo anual menor al de los $9,669, establecido por el gobierno federal como nivel de pobreza.

Por tal razón, el representante estadista radicó la Resolución de la Cámara 289, la cual ordena a la Comisión de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza, una investigación sobre todas las leyes que afectan a los miembros de la Tercera Edad.