El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez presentó una demanda en contra del gobernador Alejandro García Padilla y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para obligarlos a proveer copia de los informes rendidos por tres firmas de consultoría internacionales que, según el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP), dieron paso a la aprobación de la “Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno” (Ley 66-2014).

Meléndez sometió el recurso de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, e incluyó al primer ejecutivo, así como al expresidente interino del BGF, José Pagán Beauchamp, y a la nueva titular de esa agencia, Melba Acosta, luego de haber solicitado formalmente la información mediante carta en julio pasado, y no obtener respuesta alguna.

“Lo importante es saber qué contienen esos informes que son tan importantes para las decisiones de política pública. Por eso, me parece inaudito que, hasta el día de hoy, no se hayan entregado ni nadie los haya visto”, manifestó el representante novoprogresista este domingo durante una conferencia de prensa en su oficina legislativa.

Las misivas con fecha del 2 y el 30 de julio solicitan copia de los informes con las recomendaciones de las firmas Proskauer Rose LLP, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Millco Advisors, así como una lista de todas las personas involucradas en el análisis de los hallazgos y conclusiones contenidas en esos documentos.

Según Meléndez, los informes deben contener múltiples alternativas y recomendaciones, con sus respectivas consecuencias, y él interesa conocer cuáles acogió la administración de García Padilla y cuáles descartó.

Los argumentos del legislador se basan en la creencia de que había opciones “menos onerosas” que las implementadas por el Ejecutivo, o que incluso, García Padilla pudo haber ignorado las recomendaciones de las empresas contratadas.

“Para nosotros, es altamente sospechoso que no se haya entregado (copia de los informes) porque todo el mundo está cuestionando la determinación que se tomó, por lo tanto, si todo el mundo cuestiona la determinación que se tomó en términos de aprobar una legislación (Ley 66-2014) que causó más problemas a la economía, la recomendación de estas compañías no debió ser esa”, sostuvo Meléndez, quien dijo que el costo de contratar las firmas consultoras totalizó unos $3 millones.

El representante del PNP dijo que no ha hecho una nueva petición oficial a Acosta, quien asumió recientemente la presidencia del BGF, pero comentó que si la exsecretaria de Hacienda le presenta los documentos requeridos, de inmediato retiraría la demanda.

“Todos los economistas reconocidos afuera han cuestionado la determinación que tomó el Gobierno, y tanto es así, que están pidiendo que se le quite al Gobierno de Puerto Rico su autoridad para trabajar sus finanzas”, sostuvo.

Meléndez subrayó que el reclamo judicial se basa en el derecho de acceso a la información que emana de la libertad de expresión y de prensa que garantizan la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos.