María Cintrón, secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), renunció hoy a su puesto, luego de que el Tribunal Supremo declarara nulo el Reglamento Conjunto de Permisos (RCP) de 2020.

La dimisión fue informada por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y de Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda.

La determinación ayer de la alta curia se da tras la evaluación del recurso de certiorari que presentó el Gobierno de Puerto Rico sobre los interdictos de las organizaciones Comité Pro-Seguridad ARRAQ y ARESPA y el Fideicomiso de Conservación y Para la Naturaleza contra la Junta de Planificación por incumplimientos en la implementación del documento regulador.

“Le agradecemos la labor realizada y el compromiso para asegurar el buen funcionamiento del OGPe”, expresó Cidre Miranda a Cintrón en declaraciones escritas.

Se indicó que el asesor jurídico de la Oficina, Félix Rivera, ocupará “desde hoy mismo” la posición de manera interina.

Según Cidre Miranda, Rivera cuenta con “una amplia experiencia en el área de Permisos, donde ha laborado desde el 2007″.

En la misma misiva, Cidre Miranda aseguró que el portal de Permisos “está abierto y listo para continuar recibiendo las solicitudes que a bien tengan someter los usuarios, como de costumbre” a pesar de la determinación del Supremo.

“Pueden tener la certeza de que nuestros servicios no se verán afectados de forma alguna. El Gobierno de Puerto Rico continúa trabajando en un nuevo Reglamento Conjunto y asegurará la continuidad del desarrollo económico. Por lo tanto, mientras la sentencia no advenga final y firme, toda solicitud será evaluada dentro del marco regulatorio del Reglamento Conjunto 2020, el cual se mantiene en vigor hasta que se agoten todos los remedios legales”, declaró.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi había indicado el miércoles -al darse a conocer la decisión del Supremo- que “las agencias a cargo” presentarán una reconsideración sobre la decisión del Tribunal, la cual adujo que “no es final y firme”.

“De esta manera se mantiene vigente el Reglamento Conjunto de 2020 y no se interrumpirá ningún proceso. Las agencias que implementan el Reglamento Conjunto continuarán ejecutando y fiscalizando el fiel cumplimiento del mismo”, comentó el Primer Ejecutivo.

En riesgo la economía, según el PPD

Para el secretario General del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, la anulación del Reglamento Conjunto de Permisos del 2020 “no es un asunto que debió tomar a nadie por sorpresa, pues se viene litigando desde el 2021, cuando el Tribunal de Apelaciones declaró nulo dicho Reglamento”.

“Lo que deja al país sorprendido, y se constituye en una amenaza seria a la estabilidad económica de Puerto Rico, es la terquedad, torpeza e improvisación del gobernador Pierluisi al insistir en pedir la reconsideración innecesaria ante el Supremo, la incertidumbre de miles de procesos de permisos que se han llevado a cabo bajo el reglamento anulado y la paralización del recibo electrónico para la presentación electrónica de nuevas solicitudes”, afirmó Vega Ramos en declaraciones escritas. “La anulación del Reglamento Conjunto por el Tribunal Supremo ayer debió haber sido anticipada por la administración Pierluisi, que tuvo meses para preparar alternativas sensatas a la situación y devolverle estabilidad, certeza y transparencia al proceso de los permisos en el país. Lo que tiene que hacer el gobernador Pierluisi hoy,en vez de hablar de una reconsideración que no tendrá éxito, es anunciar y aclarar ya cómo y cuándo se restituirá la presentación electrónica sobre permisos y bajo que normativa se manejarán los mismos. Esa es la prioridad que el país reclama que Pierluisi encare hoy y lo emplazamos”, añadió el secretario general de PPD.

El funcionario popular advirtió que la actuación de la administración Pierluisi deja en un limbo a sobre 200 mil determinaciones de permisos que están pendientes.

“Esto pone en riesgo nuestra débil economía, ya que queda en suspenso la apertura de nuevos negocios, la construcción legítima y se afecta la creación de nuevos empleos. Una frágil economía que ya está severamente impactada por los efectos de la inflación, el alto costo de la energía, y un gobierno que no ha sabido utilizar con agilidad los sobre $74,000 millones de fondos federales disponibles para la reconstrucción del país”.

Reacciona Jenniffer González

Por su parte, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, tronó por la situación de la anulación del Reglamento de Permisos, y advirtió que podría tener severas consecuencias en la otorgación de fondos federales y por consiguiente en el progreso de Puerto Rico.

“Es un problema grande. No solamente porque detiene todo el desarrollo económico, sino porque pone también en incertidumbre total todo tipo de proyecto, de mitigación, de protección”, alertó la comisionada residente.

Asimismo, González Colón consideró “una barbaridad” que hubiera oposición y se cuestionaran “fondos federales del Hospital de Veteranos para salud mental”, situación que habría desatado la polémica anulación del Reglamento de Permisos.

González Colón llamó a la aprobación inmediata de “un reglamento de emergencia que permita continuar con los trámites”.

“Se que el gobernador (Pedro Pierluisi) ya ha dicho que va a apelar la determinación del Tribunal Supremo. Obviamente, eso debería atenderse lo más rápido posible, por lo que conlleva. Pero a la misma vez creo que el Gobierno de Puerto Rico debe ir trabajando ya, y los profesionales existen aquí, para establecer un reglamento de emergencia en lo que los tribunales atienden esto, y que no se paralicen (los proyectos)”, afirmó González Colón.

La comisionada residente reiteró su advertencia de que, más allá de las “vidas de personas que se vean afectadas con proyectos que pudieran tener alcance, afectar sus vidas y propiedades, pero también la incertidumbre que se crea detiene el flujo de fondos federales”.

“Porque muchos de estos proyectos requieren una aprobación federal y estatal para el uso de esos fondos, y pudiera inclusive hacer que Puerto Rico no cumpla con las expectativas de los tiempos límites para la utilización de estos fondos en el campo de la vivienda, en el campo de carreteras, en el campo de infraestructura. Y eso pudiera hacer que perdiéramos fondos federales en cantidades insospechadas”, insistió.

Reiteró que, mientras se da la revisión de la apelación, “no podemos esperar cruzaditos de brazos”.

“Si me preguntas a mí, esto es la decisión que más puede afectar el desarrollo, la reconstrucción de Puerto Rico de manera inmediata. Hay unas fechas límites, por ejemplo, para el uso de los fondos federales en el área de vivienda, es el 2026. Y ya el Gobierno de Puerto Rico había pedido al gobierno federal una prórroga para usar los fondos. El tú tener este problema en el permiso, te destruye cualquier planificación de vivienda, de infraestructura, de carreteras, de canalizaciones de ríos, de dragado... los permisos no es solo la construcción de una casa, es todo lo relacionado a la planificación estratégica de la Isla”, comentó.

“Así que yo creo que debería evaluarse la posibilidad de hacer un reglamento de emergencia, y Puerto Rico tiene profesionales de más que pueden manejar esto”, insistió la comisionada residente, agregando que “yo confío en que el Tribunal, una vez el Gobierno de Puerto Rico solicite la revisión de esa interpretación, también a la par trabaje con un reglamento de emergencia que permita canalizar las cosas apremiantes, que la misma palabra emergencia recoge”.