La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Nivia Fernández renunció hoy a su cargo y de manera irrevocable, informó en declaraciones escritas.

Según el comunicado de prensa, Fernández discutió con el Comité Ejecutivo de la Junta de Gobierno posibles estrategias para resestablecer los accesos al Recinto de Río Piedras según requerido por la jueza del Tribunal de Primera Instancia, sin embargo, luego de un ponderado análisis los miembros del Comité, en concenso con la presidenta interina, optaron por no dar curso al mismo. 

“Agradezco a los miembros de la Junta de Gobierno y el equipo de rectores que depositaron en esta servidora su confianza, y al excelente equipo de profesionales de Administración Central que laboraron conmigo durante estas 13 semanas, el respaldo que me brindaron para liderar la Universidad de Puerto Rico en este difícil período, tanto para la institución como para el país”, dijo Fernández.

En la carta dirigida a Carlos Pérez, presidente de la Junta de Gobierno, Fernández expresó: “Para mí ha sido un honor y sentido de gran satisfacción profesional y personal el que usted y la Junta de Gobierno me hayan honrado al cargo. Desde esta posición he empefiado todas mis capacidades y esfuerzo hacia el logro de los propósitos y cometidos designados para el funcionamiento de la Universidad de Puerto Rico, principal centro docente de Puerto Rico.”

“Tengo plena confianza en una pronta y justa conclusión a la situación actual e irregular en la que nos encontramos y la reinstauración de las labores en un ambiente de sosiego y tranquilidad como el que todos merecemos para darle cumplimiento a nuestras obligaciones ministeriales”, dijo Fernández en su carta.

Ayer, la jueza Lauracelis Roques Arroyo dejo apercibida a Fernández, quien tenía  hasta las 2:00 p.m. de hoy para entregar un plan que permita el acceso al recinto de Río Piedras en 24 horas, o la presidenta se expone a ser arrestada y encarcelada.

Ese plan debía estar avalado por la Junta de Gobierno de la UPR, enfatizó la jueza.

“Puede incluir su arresto. Es un desacato civil, no hay fianza, la llave la tiene en el bolsillo”, dijo la jueza.

Roques Arroyo agregó que la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones ofrecía opciones para dar cumplimiento a la directriz, y dijo que la presentación del recurso de mandamus, que pretendía obligar a la Policía a darle apoyo a la UPR para reabrir los portones.

La jueza fue enfática en que las acciones tomadas hasta ahora no son suficientes, incluyendo el mandamus radicado ayer contra la Policía para abrir los portones.