Tras el presidente y principal funcionario ejecutivo (CEO) de LUMA Energy, Wayne Stensby, informar al Congreso que su compensación salarial asciende a más de $500,000 y los cinco presidentes de la empresa cobrar más de $200,000 al año, las dudas continúan imperando entre figuras que buscan fiscalizar el consorcio encargado de administrar el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad Energía Eléctrica (AEE).

El representante popular Luis Raúl Torres afirmó seguir dudando sobre la compensación de Stensby tras “estar seguro que él recibirá más de un millón de dólares”.

Torres, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, indicó a Primera Hora que “con una simple búsqueda por internet” se consigue que, al asumir el cargo de vicepresidente ejecutivo de desarrollo corporativo para la empresa de energía Canadian Utilities en julio de 2019, la compensación total de Stensby fue de $1,146,340 canadienses al año, lo que equivale a $927,095 estadounidenses.

“¿Tú crees que él va a venir aquí a ser presidente de una compañía en formación, va a dejar su cargo allá para venirse a ganar menos aquí? No cabe duda que él gana más de $972,000″, expresó el legislador a este medio, quien aclaró que esas compensaciones se pagan del acuerdo público-privado que realizó con la AEE por los próximos 15 años.

Torres también dijo que interrogantes sobre los gastos de entretenimiento de funcionarios gerenciales, pagos de nómina de los empleados, contratación de asesores, subcontrataciones, renta y hospedaje, siguen sin responder.

Por otro lado, el legislador adelantó a Primera Hora que hará pública este domingo unas cartas que envió a 55 miembros de la Cámara Baja federal para solicitar la información que el consorcio entregó a la comisión y requerir la designación de un síndico que fiscalice la administración de los más de $9,400 millones que asignó la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en septiembre de 2020 para reparar el sistema de energía eléctrica.

“¿Por qué LUMA no se negó a entregarlo al Congreso y sí a nosotros? Por una sencilla razón, porque la congresista [demócrata de Nueva York] Nydia Velázquez dijo públicamente que si ellos no entregaban la información, ella iba a ir a la Comisión de Presupuestos y Apropiaciones de la Cámara federal para decir que detuviera los chavos de FEMA”, indicó.

Por otra parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, además de coincidir que Stensby podría cobrar cerca del millón de dólares al año, señaló que el presidente de LUMA “miente al Congreso en decir también que los salarios que ellos están cobrando son salarios que históricamente en la autoridad”.

“Eso es totalmente falso, el único salario que llegó a $450,000 al año fue el de Walter Higgins III, y duró seis meses; todos los demás directores ejecutivos que han operado la empresa completa, no parte de la empresa como ellos, lo más que han cobrado son $250,000 hacia abajo”, exclamó Figueroa Jaramillo. “Los directivos, que son unos equivalentes a los directores del directorado, que eran como unos siete que tenía la autoridad, sus salarios fluctuaron entre los $90,000 y $110,000″.

Por otro lado, el jefe de la Utier indicó que, tras la vista de desacato que llevará a cabo el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para atender el caso de solicitud de información de la Cámara de Representantes hacia LUMA, es meritorio la entrega de los documentos para estudiar si la compañía cumplía o no con las disposiciones del contrato al momento que este entró en efecto.

“No son solamente los salarios, sino la cantidad de personas contratadas al momento, la cantidad de “lineworkers” trabajando, que no es lo mismo que celadores, sino que son trabajadores de línea eléctrica, porque la preparación de celadores toma hasta siete años, no tres meses”, acotó.

Entre la información solicitada por la Cámara federal, también se requirió “documentación suficiente para responder por cuánto tiempo la unidad 6 de Costa Sur estará fuera de servicio” y el impacto de su avería en la generación de energía. También solicita documentos que muestren las comunicaciones entre el consorcio y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas.