Las actuaciones de ocho médicos están desde ayer bajo la evaluación del Departamento de Justicia, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, así como de la Oficina de Ética Gubernamental luego de que el comisionado electoral de la Pava, Guillermo San Antonio Acha, presentara contra ellos sendas querellas.

El funcionario del Partido Popular Democrático (PPD) refirió declaraciones juradas, fotos y documentos de que los médicos pudieron haber cometido fraude al certificar cientos de personas como que necesitan el voto adelantado por problemas de movilidad, a pesar de que ni siquiera los visitaron. 

Algunas de las personas ni siquiera tenían conocimiento de que a su nombre se hicieron esas gestiones, dijo el comisionado electoral.

En otros casos los doctores no tenían su licencia al día, eran empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y no tenían dispensa para practicar la medicina de manera privada, o eran candidatos a puestos políticos o tenían conflicto de interés porque son empleados municipales. 

Todas esas imputaciones -de comprobarse que son ciertas- les impedían a los doctores certificar votantes como los llamados electores “encamados” y se exponen a cargos por violación al Código Penal, a la Ley Electoral y acciones disciplinarias.

“Además de una violación crasa a la Ley Electoral, esto presenta un esquema de certificación médica fraudulenta en un documento público que incide en el proceso democrático de (elección). Esto amerita la mas seria investigación”, destacó San Antonio Acha en sus referidos.

La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Liza García debía resolver las certificaciones bajo cuestionamiento, que según San Antonio Acha son cerca del 10% de todas las solicitudes.

Sin embargo, se acerca la fecha límite para esos votantes y García no ha tomado postura por lo que San Antonio Acha pidió al Tribunal de San Juan que emita una orden a esos fines. García tiene hasta hoy para someter un escrito al tribunal al respecto.

“Ella no ha explicado nada”, dijo Kendys Pimentel, abogada del PPD.

La portavoz de prensa de la CEE, Griselle López nunca contestó un pedido de comentarios.

Luis Padró, director médico de la CFSE en Arecibo, es uno de los médicos referidos, quien no tiene dispensa para la práctica privada de la medicina y alegadamente no visitó los 29 pacientes que certificó en un solo día. También certificó a 67 electores en Utuado que están impugnados.

David Azzaro González también figura en la lista negra. Es médico y aspira a la legislatura municipal de Arecibo por la Palma. Según el referido, al certificar a tres encamados incurrió en un conflicto de interés según las reglas de la profesión médica.

La doctora Diana Lugo Santiago es candidata a la legislatura municipal de Quebradillas por el PNP y más del 90% de las 66 solicitudes que firmó fueron electores que dicen que no la conocen.

Dennis Rivera González firmó 75 certificaciones aunque su licencia no estaba al día, como se lo requiere la ley, y es candidato a la legislatura municipal de Utuado, en conflicto de interés, según el referido. La administradora del Hogar Campo Amor dijo que el médico certificó personas que viven allí, pero nunca visitó la institución.

La doctora Rosalía Santiago es empleada de la CFSE y, sin dispensa para hacer práctica privada, certificó 51 personas en Juana Díaz. De esas, alrededor de una decena dijeron que nunca los visitó.

Ana María Fahed y Dalmaris Morreno Montesino tampoco tienen dispensa para atender pacientes que no sean del CFSE donde trabajan, pero certificaron electores.

Loyda Ayala Rosado firmó 114 solicitudes de voto encamado pero no visitó a los pacientes, aparte de que trabaja para la corporación MSS que opera una facilidad del Municipio de Las Piedras en conflicto de interés.

Hay otros médicos cuyas actuaciones están impugnadas por el PPD, pero no fueron referidos.

Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos, dijo que basta una sola visita para certificar que una persona no puede acudir a un centro de votación.

Sin embargo, aseguró que si hay falsificación o violación de ley “lo vamos a condenar”.

“Si hay pruebas de fraude y hay que investigarlo, se investiga; y si hay que adjudicar, se adjudica. Pero por no ser médico de cabecera no procede una impugnación, entendemos”, declaró en entrevista separada.