Cinco funcionarios y exfuncionarios envueltos en la fallida compra de pruebas de coronavirus Covid-19 por $38 millones a una compañía sin experiencia y con relaciones al Partido Nuevo Progresista fueron referidos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

La información se desprende del “Primera Informe Parcial” de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y tras casi un mes de vistas públicas y ejecutivas dirigidas por el legislador Juan Oscar Morales.

Las personas referidas son: el general José Burgos Vega, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead); Adil Rosa Rivera, secretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud; Mariel Rivera Rivera, requisidora en el Departamento de Salud como parte del programa federal “Crisis Program Management Office”; Diana Meléndez Díaz, directora interina de la Oficina de Compras y Subastas del Departamento de Salud; y Concepción Quiñones de Longo, secretaria interina de Salud para la fecha de los hechos.

Asimismo, el informe refirió al Departamento de Salud y a Nmead a la Oficina del Contralor para que realice una auditoría “en aras de evaluar las posibles irregularidades en los procesos de compras que lleva a cabo estas Agencias y los desembolsos de fondos realizados, durante el periodo de emergencia del COVID-19”.

Entre las violaciones posiblemente cometidas por el general Burgos Vega, la Cámara indica el haber cometido perjurio al testificar el pasado 8 de abril ante la Comisión.

Por su parte, Rosa Rivera “incumplió, al momento de prestar su testimonio, con las instrucciones impartidas por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes conforme a la facultad Constitucional conferida”.

Las cinco personas se enfrentan a violaciones por, posiblemente, haber “sido negligente en el cumplimiento de su deber” bajo el Código Penal, así como infracciones a artículos de la Ley de Ética Gubernamental del Gobierno de Puerto Rico.

“Los hallazgos de esta investigación nos llevan a preguntarnos, si desde el inicio de la emergencia, Puerto Rico contaba con una estructura que le asegurara, no solo un equipo médico de primer orden, sino también el equipo de recursos humanos necesario para asegurar el más alto nivel de rendimiento y responsabilidad con el manejo de fondos públicos y, sobre todo, asegurar que Puerto Rico cuenta con los equipos, tecnología y personal necesario, que nos asegure enfrentar de manera efectiva la pandemia del COVID-19, protegiendo los recursos económicos del Estado, mientras se salvan las vidas del Pueblo puertorriqueño”, se desprende del documento.

Entre las conclusiones de la Comisión de Salud se encuentran:

• La multimillonaria orden de compra de Apex General Contractors tomó solo 18 horas para completarla desde que se recibió la cotización hasta que se aprobó. En el proceso participaron funcionarios de múltiples agencias como: Salud, Nmead, Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda.

• Se le otorgó un adelanto de 19 millones de dólares (50% del total de la compra) a una compañía dedicada a la construcción, sin haberle dado cumplimiento al Reglamento 31 del Departamento de Hacienda, el cual regula los pagos por anticipado de bienes o servicios del Gobierno, sin haber tan si quiera solicitado la aprobación de ninguno de los dos funcionarios que encabezan las agencias principales en este proceso de compras, entiéndase, la secretaria interina del Departamento de Salud y el secretario del Departamento de Hacienda.

• La suma de todas las compras realizadas por el Departamento de Salud durante el periodo de emergencia totaliza $14,511,810, los cuales fueron distribuidos entre los siguientes seis suplidores: Industrial Fire Products Corp., Quest Diagnostics, Maitland 175, 313 LLC., Castro Business y Jazz Foods. Mientras, una sola compra (38 millones de dólares) a un suplidor (Apex General Contractors, LLC.) casi triplica este total. Incluso, el total de todas las compras resulta menor al pago por adelantado que se desembolsó.

• “Uno de los datos más alarmantes” es que quedó en manos de una requisidora –“sin experiencia alguna en el área de compras y mucho menos en productos y equipo especializados en salud– la compra por la cantidad de 38 millones de dólares cuando el Departamento de Compras y Subastas de la Agencia contaba con personal experto y disponible para trabajar durante la emergencia.

• A pesar de que el Capítulo 212 del Título XIV de “Florida Statutes” dispone que Puerto Rico está exento del pago de impuestos (Florida Sales and Use Tax), el Departamento de Salud admitió no conocer tal particular, lo que resultó en la pérdida de casi 1 millón de dólares para el pueblo de Puerto Rico, a raíz de diversas compras realizadas por la agencia a la empresa Maitland 175.

• “La negativa del Negociado de Manejo de Emergencias de entregar a esta Comisión, en el tiempo requerido, las horas restantes de las grabaciones del día 26 de marzo de 2020 (entrega de las 500 pruebas en NMEAD), nos lleva a concluir que ese video pudo ser manipulado, en aras de ocultarle información a este Cuerpo Legislativo”.

• “Debido a la falta de organización y estructura”, se observó una notable variación en los precios en que se adquirieron las diferentes pruebas a los suplidores, sin que se pudiera justificar la razonabilidad de la adquisición del Departamento de Salud de pruebas con diferentes precios ($26, $45 y $36).