San Juan-El representante del Partido Popular Democrático (PPD) Rafael Hernández y el candidato del PPD a la alcaldía de Vega Baja, Marcos Cruz, anunciaron hoy que refirieron al alcalde de Vega Baja, Iván Hernández, a la Oficina del Fiscal Especial de Estados Unidos (“United States Office of Special Counsel”) por violaciones al “Hatch Act”, una ley federal cuyo propósito principal es la prohibición de acciones político partidistas por parte de empleados públicos.

La oficina del fiscal especial federal es la dependencia que está a cargo de hacer cumplir las reglamentaciones del “Hatch Act”.

"Ya nos confirmaron el recibo de la evidencia del caso del alcalde de Vega Baja, y en algún momento en las próximas dos semanas estarán asignando un abogado a este caso", anunció Hernández en conferencia de prensa.

El Hatch Act de 1939 es una ley federal que prohíbe la intimidación o soborno por parte de empleados públicos para que sus subordinados se involucren en acciones políticas. "Esta ley le prohíbe al alcalde Hernández coaccionar, ordenar o sugerir a un subalterno que pague, preste o contribuya cualquier servicio o cuantía monetaria a cualquier organización o partido político. En este caso, la evidencia es más que clara ya que el alcalde fue grabado durante una reunión con empleados municipales en la cual los amenazó con despedirlos si no participaban activamente de su campaña", subrayó.

"Esto es una clara violación al Hatch Act, y por menos que esto la oficina del ‘Special Counsel’ ha solicitado la remoción de otros alcaldes. Aunque las consecuencias de las decisiones de esta oficina no conllevan castigo penal, en cualquier situación donde se pide la remoción o renuncia de un funcionario y este no accede, el municipio o agencia donde labore enfrenta la pérdida de sus fondos federales", advirtió el legislador.

Por su parte, Cruz recordó que en la grabación se escucha al Alcalde pedir que sus empleados hicieran donaciones a la campaña del gobernador Luis Fortuño. En dicha grabación, difundida por los medios del país, se escucha al Alcalde amenazar con “cortar la cabeza” de aquellos que no accedan a su pedido.

"Este tipo de conducta es intolerable y parece mentira que el gobernador Fortuño así como la Oficina de Ética Gubernamental no hayan actuado y tenga que venir la oficina del ‘Special Counsel’ a hacer lo propio", dijo Cruz.