El exalcalde de San Juan, Jorge Santini, y otros funcionarios de renombre de su administración fueron referidos hoy al Departamento de Justicia y a la Oficina de la Contralora, luego de que una investigación de la Legislatura Municipal detectara irregularidades en el uso de $11.4 millones destinados a la preservación de terrenos.

El referido lo dio a conocer la presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, Yolanda Zayas, en una conferencia de prensa.

"Estamos refiriendo al Departamento de Justicia y a la Oficina de la Contralora, porque son las agencias con potestad para hacer una investigación, altamente técnica y pericial, sobre este asunto. El Municipio de San Juan recibió un dinero para preservar unos terrenos y se desconoce en qué se utilizaron. Al día de hoy, no sabemos a dónde fueron a parar los millones depositados en el fondo general que operaba la administración Santini entre el 2004 y el 2012", dijo Zayas.

 Además de Santini, en el listado de los funcionarios referidos se encuentran el director ejecutivo municipal y ex jefe de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la administración de Pedro Rosselló, Miguel Cordero, y el contador público, Francisco Peña, quien era jefe de Área Programática de Servicios Gerenciales

La también exsecretaria de la Familia sostuvo que estos funcionarios tenían conocimiento de que el dinero del Programa de Transferencias de Derechos de Desarrollo (PTDD) tenía que ser depositado en una cuenta especial y utilizarse para preservar las propiedades de acuerdo a Ley 81 (de Municipios Autónomos) y al Reglamento 21 de la Junta de Planificación. “Sin embargo, no lo hicieron”, acotó.

Entre las conclusiones del informe de 35 páginas y múltiples anejos, la Legislatura Municipal establece que pudieron haberse cometido delitos relacionados a la omisión o negligencia en el cumplimiento del deber, entre otras cosas.

"El Municipio de San Juan sabía cuál era el mecanismo que se tenía que seguir para implantar el PTDD y proteger el dinero producto del mismo y no lo utilizó. Que Justicia investigue si esas conductas son constitutivas de delito", subrayó Zayas.

 Explicó que la cuenta bancaria en la que se debía depositar el dinero se creó un año más tarde de haberse cobrado los $11.4 millones. Pese al retraso, esta suma nunca ingresó la cuenta, alegó.

Este informe también se refirió a la administración municipal que dirige la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto y a los presidentes de Cámara y Senado.

Tras darse a conocer la información, la alcaldesa declinó a hacer comentarios.

 Su portavoz de prensa Carmen Serrano indicó que no habrían expresiones, porque “en primer lugar, no lo ha leído. En segundo, y más importantes aún, ha sido referido a otras instituciones que llevarán a cabo otros procesos. Cualquier expresión de su parte podría abonar el ángulo político a un asunto muy serio”.