El representante novoprogresista José Enrique “Quiquito” Meléndez pidió hoy a la gobernadora Wanda Vázquez que ordene una investigación en contra del abogado Manuel “Manny” Ortiz principal cabildero del exgobernador Ricardo Rosselló en la capital federal, por supuesta evasión contributiva.

Meléndez aludió a varios reportajes publicados en El Nuevo Día que cuestionan los beneficios tributarios al amparo de la Ley 20 de 2012, según enmendada, concedidos desde febrero de 2018 a la empresa VantageKnight Inc. Foreign, de la cual Ortiz es fundador, dueño y presidente.

“La información que tenemos es que esa persona no vive aquí”, sostuvo el legislador novoprogresista, quien indicó que los beneficios contributivos de la Ley 20 se otorgan a empresas que exportan servicios desde la isla.

Meléndez mostró copia de los reportes anuales de la empresa de Ortiz, los cuales en 2018, ubican la sede del negocio en 2018 en Fort Myers, Florida y en 2019, en Chevy Chase, Maryland. Además, dijo que el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado indica que sus oficinas están en una residencia en Dorado.

“Según dichos artículos el licenciado Ortiz y su empresa VantageKnight están acogidos a los beneficios de la Ley 20 de 2012, según enmendada, a pesar de que el licenciado Ortiz es residente y está domiciliado en el estado de Maryland, en un suburbio de la capital federal de Washington, D.C., donde está la sede y principal oficina de su empresa, allí vive su esposa, estudian sus hijas y donde ha presidido un club deportivo del tenis, el Washington Tennis Educational Fund”, indicó el representante Meléndez en una carta cursada hoy a la gobernadora.

Meléndez dirigió la misiva también a los secretarios de Hacienda, Francisco Parés y de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy.

El representante dijo que el decreto por la Ley 20 permite a Ortiz tributar a sólo un 4% por los trabajos que haga en Puerto Rico, pero además, subrayó que el cabildero ha mantenido un contrato de casi $700 mil anuales con el DDEC para cabildear a nombre del gobierno de Puerto Rico y pidió a la gobernadora que el mismo sea cancelado, si fue renovado.

“Mi llamado es a que se realice una investigación sobre los procesos que dieron lugar a que ese decreto se otorgara, de qué manera se otorgó, qué negocios tiene esa corporación aquí en Puerto Rico porque la información que tenemos es que esa persona no es residente de Puerto Rico. Manuel “Manny” Ortiz no cumple con los requisitos de la Ley 20”, denunció Meléndez en conferencia de prensa en el Capitolio.

Según Meléndez las denuncias son base suficiente para que “se investigue como un esquema de evasión contributiva” y también le cursó una carta al comisionado de la Agencia Federal de Rentas Internas (IRS, en inglés), Charles P. Rettig, con copia a la Fiscalía Federa y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI), para que investigue si el cabildero y su empresa están evadiendo el pago de contribuciones en estos estados. 

Dijo que presentará una resolución en la Cámara para investigar el proceso de otorgar decretos contributivos y que posiblemente, la Legislatura tenga que enmendar la Ley 20, que describió como una herramienta de desarrollo económico.

“Queremos que esto se detenga, se investigue y si es necesario se procese. Yo no puedo procesar a nadie, yo hago la denuncia usando mis facultades legislativas. Le corresponde evidentemente a la gobernadora Wanda Vázquez a que refiera este asunto a quien ella entienda que corresponda”, expresó Meléndez, quien dijo que está haciendo la denuncia pública “para que la gente entienda que continuamos fiscalizando y no tenemos miedo”.

Al ser preguntado por qué hacía la denuncia ahora, el legislador de la Palma dijo que anteriormente ha hecho señalamientos contra Ortiz por ser abogado y representante de CITGO, empresa que según el legislador, tiene negocios con la empresa Petróleos de Venezuela.

Reacciona el DDEC

El secretario del DDEC, Manuel Laboy confirmó por su parte, que la empresa VantageKnight tiene un decreto contributivo bajo la Ley 20.

“Bajo estos incentivos cualquier empresa que exporte servicios desde Puerto Rico puede obtener un decreto de Ley 20 y esto no impide que tenga, principales, sucursales o subsidiarias en otros estados. La exención versa única y exclusivamente sobre aquellos servicios exportados desde Puerto Rico”, sostuvo el funcionario, en declaraciones escritas. 

No obstante, indicó que ha ordenado un examen interno del proceso de otorgamiento del decreto. “También solicitaremos información al Departamento de Hacienda para verificar posibles cambios en las condiciones de la empresa cuestionada que ameriten una revocación del incentivo. Los resultados se harán públicos”, sostuvo Laboy.

Sobre los contratos de VantageKnight, Laboy dijo que al presente la empresa no tiene contratos ni está en proceso de renovación de contratos con el DDEC ni con la Compañía de Fomento Industrial.