La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo por alegadas violaciones al Código Penal en relación a la controversia que ha rodeado el permiso para la construcción de una piscina en el Condominio Sol y Playa, en la zona marítimo terrestre en Rincón.

Machargo está pendiente a una sesión de interpelación en el Senado que podría ser la semana próxima.

Un informe de la comisión legislativa, del que se dará cuenta el martes al pleno de la Cámara, también incluye referidos Justicia y a la OEF contra Ildefonso Ruiz, quien era el gerente de permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y renunció al cargo en medio de la controversia. También, el contratista del proyecto, Ángel Román Mas, se refiere a Justicia y al Colegio de Ingenieros y Agrimensores, pues no cuenta con la certificación para hacer el deslinde del terreno en cuestión.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Edgardo Feliciano dijo que espera que el informe reciba el aval del pleno de la Cámara el martes. “Queremos que se le pase al Senado y le sirva a ellos de base para la interpelación del Secretario sino renuncia antes”, dijo el legislador.

“Esperamos que los que actuaron no conforme a la ley sean juzgados y se llegue a las decisiones que sea, si tienen que pagar una multa, que lo hagan y que paguen el delito que cometieron al menoscabar sus funciones. Esperamos que el gobernador Pedro Pierluisi por fin le pida la renuncia a Machargo porque él no hizo bien sus funciones y que no se construya la piscina”, sostuvo el representante popular por el representante por distrito 12 que Manatí, Morovis, Vega Baja y Vega Alta. Añadió Feliciano que la investigación le tomó un mes a la comisión, que hoy aprobó el informe de 39 páginas en un referéndum.

A Machargo se le imputa en el documento legislativo violar los artículos 298 de negativa de testigos a comparecer, testificar o presentar evidencia a la Asamblea Legislativa, 281, impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos y 283 de amenaza o intimidación de testigos.

Dice el informe que en una carta suministrada a la comisión por el abogado del DRNA, José Báez Radio, el 5 de agosto, Machargo exhortó al licenciado a abstenerse de participar o proveer información en relación al caso Juan G. Barea versus Junta de Directores del Condominio Sol y Mar. “Machargo aunque conocía que el licenciado Báez había renunciado al caso le indicó que estaba impedido de hablar del caso por el privilegio de abogado cliente”, sostiene el informe.

También se le imputa infringir el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental que dispone que un servidor público no puede alterar, destruir, mutilar, remover u ocultar en todo, en parte, la propiedad pública bajo su custodia.

A Ruiz se le atribuye una violación al artículo 269 de perjurio así como a la Ley de Ética Gubernamental. Se alega, en el documento, que el funcionario en una vista pública bajo juramento el 15 de julio de 2021, “conociendo que era falso indujo a la Comisión a error”.

Dice el informe que el 12 de febrero de 2021, Ruiz llenó un documento llamado Notificación sobre trabajos o actividades con fines de lucro fuera de horas regulares de trabajo y en el documento sometido en la OGPe, indicó que no llevaba actividades con fines de lucro fuera de horas laborables. A esta fecha, Ruiz y el contratista Román Mas eran socios en una corporación activa llamada Purple Leaf Farm.

“El 22 de junio 2021, la OEG certificó que el señor Ildefonso Ruiz no tenía ninguna dispensa para trabajar los casos donde interviniera el señor Ángel Román Mas”, sostiene el informe.

Sobre Román Mas, el informe indica que en la vista pública del 10 agosto, declaró que firmó un contrato en su carácter personal con el Condominio Sol y Playa para realizar un deslinde de la zona marítimo terrestre y que su profesión como hidrólogo no le permite realizar este tipo de trabajo.

Dice el informe, que Román Mas tiene pendiente otros deslindes del DRNA de la zona marítimo terrestre, a pesar de que tienen que ser firmados por un ingeniero o agrimensor.

El informe se acompaña con una certificación del Colegio de Ingenieros y Agrimensores que dice que Román Mas no está autorizado a ejercer la ingeniería ni agrimensura en Puerto Rico.