Una querella radicada por el candidato a alcalde de Caguas por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Roberto J. López Román, contra el actual ejecutivo de ese municipio, William E. Miranda, por presuntamente violar la veda electoral que establece la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, fue referida al Departamento de Justicia para una investigación más abarcadora.

Aunque al menos dos de los puntos que López Román denunció no fueron incluidos por la Oficina del Contralor Electoral (OCE) en el referido a Justicia, unos anuncios político-partidistas publicados en la cuenta de Facebook del actual alcalde generaron dudas en la OCE.

Inicialmente, la querella estableció que Miranda regaló calendarios con la frase “Caguas, seguro que sí“, que utiliza en su campaña política, lo que López Román resaltó como una violación a la veda electora.

La OCE, no obstante, apuntó a que aunque los calendarios eran de 2024 y en efecto, tenían la frase que utiliza el alcalde en su campaña, estos fueron entregados en el 2023, cuando la veda no estaba vigente.

“Aunque resulta razonable y válido el planteamiento del querellante en cuanto a que el objetivo de imprimir y entregar un calendario para el año 2024, durante finales del año 2023 y previo a la entrada de la veda publicitaria, con lemas de la administración municipal y fotos del alcalde querellado, es recordarle a los votantes de la candidatura del alcalde querellado, los calendarios se repartieron a terceras personas durante el año 2023. En el año 2023 la veda publicitaria no estaba vigente y, por ende, la OCE no tiene jurisdicción sobre este anuncio gubernamental”, concluyó la OCE.

Un segundo planteamiento sobre uniformes a ligas de béisbol que el alcalde regaló y que también incluían la frase en cuestión, fue de igual modo despachado porque los uniformes se entregaron en el 2023, cuando la veda tampoco estaba vigente.

“Luego de la entrega de los uniformes, el querellado no tiene control de lo que los ciudadanos que recibieron los uniformes, hagan con estos”, lee la resolución.

No obstante, la razón por lo que la querella terminará en la oficina del secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, está relacionada a la página de Facebook identificada como William E. Miranda Torres.

En el referido portal, la OCE identificó al menos 119 anuncios políticos relacionados a la candidatura de Miranda, por los que el Municipio Autónomo de Caguas pagó por la publicación entre el 4 de junio de 2021 hasta el 20 de diciembre de 2023.

A su vez, indica la resolución, que identificaron que la página “William E. Miranda Torres” era administrada por Edwin Toledo Colón, quien funge como asesor de comunicaciones del municipio de Caguas.

“Considerando la significativa inversión de fondos públicos en anuncios en la página “William E. Miranda Torres”, la OCE concluyó que dicha página es gubernamental, del municipio querellado -no personal del alcalde”, lee el informe, que agrega que pidieron al alcalde remover el contenido relacionado a política-partidista para evitar exponerse a multas.

El alcalde, en cambio, optó por eliminar la página de Facebook, pero no aclaró a la OCE lo relacionado a gastos en los que el municipio incurrió para pagar por anuncios políticos, y tampoco abordó la situación con el administrador de la página.

Según la investigación, el administrador de la página tenía un contrato de $45,600 anuales por asesoría en comunicaciones y administración de redes sociales. Tras la querella le fue renovado el contrato y continuó cobrando el referido monto aunque se le liberó de funciones relacionadas a administrar las redes sociales.

“Las personas que siguieron (“follow”) la página del “William E. Miranda Torres” luego de ver dicho anuncio, lo hicieron o debieron hacer para obtener información de proyectos e iniciativas municipales, no para obtener información personal o política del alcalde incumbente”, establece también el documento.

“El cierre de la página “William E. Miranda Torres” constituye un atenuante de responsabilidad, sin embargo, es nuestro deber ministerial hacer el referido correspondiente para que se determine si hubo alguna infracción de carácter penal o administrativa contra el erario”, termina diciendo el informe que firma el contralor electoral, Walter Vélez.