Refiere Hacienda a Justicia 17 individuos y cuatro empresas por evasión contributiva
Se beneficiaron de $497,400.80 que correspondían al pago de contribuciones.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 8 años.
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El Departamento de Hacienda refirió 21 casos por evasión contributiva al Departamento de Justicia para la presentación de cargos por no rendir planillas o por no pagar el Impuesto de Ventas y Uso (IVU).
Se trata de cuatro corporaciones y 17 individuos cuyas deudas suman $6.7 millones, informó en conferencia de prensa en la agencia el secretario Juan Zaragoza.
Las corporaciones son una tienda de ropa exclusiva de caballeros, una compañía que opera restaurantes, una tienda de alquiler de mesas y sillas, y otra de decoración de eventos especiales que fueron intervenidas durante los operativos que realiza Hacienda desde noviembre por falta de pago del IVU, y que se continuarán haciendo hasta el verano.
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El resto de los referidos son 17 personas que llevaban cinco años o más sin rendir planillas. Detalló Zaragoza que siete son empleados del Fondo del Seguro del Estado, seis de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y cuatro de la farmacéutica Amgen. Se beneficiaron de $497,400.80 que correspondían al pago de contribuciones.
“Vamos de frente contra la evasión, radicando cargos e interviniendo con negocios e individuos. El estado de derecho tiene un valor para poder vivir en sociedad. No podemos pretender que el país eche para adelante si no se cumple con las leyes”, indicó Zaragoza en la sede del Departamento de Hacienda, en San Juan.
Recordó que desde noviembre, han realizado 16 operativos en 60 negocios, y que continuarán las intervenciones, pero aclaró que “no podía quedarse ahí” dado al “reclamo genuino y generalizado de los contribuyentes cumplidores”.
“Esto no es de temporada, se ha probado que no es un show mediático. Es que cambiaron las reglas del juego y este es el nuevo plan del juego de pelota”, advirtió el funcionario, quien dijo que antes no se hacía este tipo de intervención “por amiguismos, por política”.
Aclaró que aunque la mayoría de los comercios que han intervenido han presentado recursos para acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras para reorganización fiscal, la deuda con el Departamento de Hacienda es una “prioritaria”, por lo que tienen que pagar lo que deben por concepto del IVU. Señaló que todos los negocios embargados volvieron a abrir, con excepción del restaurante El Zipperle.
Zaragoza concedió que muchos han llegado a planes de pago, por lo que posiblemente no sean referidos a Justicia, y que otros negocios que adeudan fueron voluntariamente a la agencia para pagar o para concretar acuerdos de pago.
“Es lo que queríamos lograr, un cambio de comportamiento y que hay consecuencias con el incumplimiento”, agregó Zaragoza.
Según contó, muchos dueños intentaron excusarse diciendo que se quedaron con el dinero del IVU porque tomaron “préstamos” por parte de Hacienda, o porque era más importante pagar la nómina que el IVU, entre otras “razones” para tratar de justificar el impago.
Causa para arresto contra presidenta de tienda Bambi
El secretario de Justicia, César Miranda, destacó que el total adeudado entre todos de $6.7 millones es dinero necesario para pagar por servicios de transporte y otros relacionados a educación especial, por ejemplo.
Informó que hoy, martes, se presentó el caso contra María Milagros Ortiz, la presidenta de la compañía Bambi de Humacao, Inc., que tiene varias tiendas de ropa de niños alrededor de la Isla, y hubo causa para arresto por evasión, al deber con intereses $1,061,960. Se le impuso una fianza de $14,000.
“La situación en Puerto Rico es dramática, la evasión contributiva es rampante en el país”, señaló Miranda, quien recordó que la Compañía de Turismo también está refiriendo casos por hoteles que no pagan el impuesto por habitación, como ya hicieron con el hotel Horned Dorset.
El fiscal que dirige la División de Integridad Pública de Justicia, Alberto Valcárcel, explicó que los cargos que se presentarían contra las compañías son por violación al Código de Rentas Internas, que podrían conllevar una pena de hasta ocho años de cárcel y probatoria, y cargos criminales por apropiación ilegal de fondos públicos, que pueden ser de ocho a 15 años de prisión, ya que no cualifica para una sentencia suspendida.
Por otra parte, Zaragoza informó que de los 550,000 reintegros en total que había para este año, falta por emitir 21,000 que esperan completar este mes.