Con  profundos suspiros, la  rectora interina del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Carmen Haydée Rivera,  dijo hoy que era suya la responsabilidad de mantener los portones de la institución abiertos y aseguró que jamás se ha rendido en su esfuerzo por lograr un acuerdo que permita la reapuertura del campus.

Dijo, además, que el paro decretado por los estudiantes, así como la huelga que podría entrar en vigor mañana, son ilegales de acuerdo a los precedentes establecidos tras un proceso similar en el 2010.

No obstante, la funcionaria rechazó que pueda, simplemente, ordenar la reapertura porque eso iría en contra de la Política Institucional de Convivencia, antes conocida como Política de no Confrontación, máxime cuando hay esfuerzos simultáneos para lograr unos acuerdos con los estudiantes.

“Forzar (la entrada al recinto) no sería fructífero. Va en contra de la política institucional y tenemos muy frescos en la memoria lo que significa forzar, como los acontecimientos de la huelga de 2010... Hay heridas que siguen abiertas desde la huelga del ‘81”, declaró.

Las expresiones de la rectora interina fueron mientras estuvo sentada en la silla de los testigos durante una vista judicial ante la jueza Lauracelis Roques Arroyo del Centro Judicial de San Juan. La vista se extendió durante seis horas.

Tras finalizar el desfile de prueba, testigos y argumentaciones, la jueza se reservó el fallo.

Y es que la rectora y otros entes administrativos están demandados por un grupo de cinco estudiantes que piden se les garantice su derecho a estudiar, según el contrato con la Universidad.

Aunque hay una mesa de diálogo con dos mediadoras profesionales en que se han llegado a algunos acuerdos, también hay un acuerdo de confidencialidad que impide dar detalles sobre lo que se ha logrado en aras de dar por terminado el paro de labores en el Recinto, dijo la rectora interina.

“¿Es correcto que usted no ha hecho nada para tratar de garantizar el acceso?”, se le preguntó.

“No es cierto. Yo he sido muy proactiva en mis intentos porque nos sentemos en la mesa a dialogar”, afirmó. Luego indicó que había hecho reuniones, cartas circulares y otras acciones y que en la mesa de diálogo hay estudiantes que no apoyan el paro.

El abogado de la administración de la UPR, Enrique Figueroa, alegó que los daños que reclaman los demandantes, incluyendo la posibilidad de que no puedan tomar la reválida para ejercer la abogacía o posibilidad de afectarse futuras ofertas de trabajo, son inciertos y “altamente especulativos”.

Mientras , el representante legal de los demandantes, Pedro Vázquez, aseguró que la rectora les dio la razón de que no se ha hecho lo posible por garantizar la educación. En caso de no prevalecer, adelantó que irán al Tribunal Apelativo.