Firme en que en su rechazo a solucionar con confrontación el conflicto huelgario, la doctora Carmen Rivera Vega renunció ayer a su puesto como rectora interina del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“La postura que yo he mantenido hasta ahora, es una postura de convivencia, es una postura de no confrontación y la seguiré manteniendo. Espero que los estudiantes también así lo hagan”, dijo a la salida de una reunión del Senado Académico, donde oficializó el anuncio.

Más temprano trascendió que la presidenta interina Nivia Fernández Hernández auscultó con la Policía su “disponibilidad” para posibilitar el acceso al recinto, pero Rivera Vega no contestó directamente a preguntas sobre el peso que tuvo esta decisión.

Luego del anuncio, profesores y estudiantes la despidieron aplaudiendo de pie, con abrazos y hasta con los ojos aguados. Después de todo se trata de una universitaria que desde el inicio de la huelga defendió el diálogo, subrayó la presidenta del Consejo General de Estudiantes, Wilmarí De Jesús.

“Siempre ha mostrado un nivel de profesionalismo, de respeto hacia nosotros los estudiantes y eso se valora en estos espacios porque no muchos administradores comparten esta visión que para nosotros es esencial”, dijo conmovida al salir de la reunión.

A algunos estudiantes se le cargaron los ojos con lágrimas. “Todo tiene un límite, el cuerpo también tienen un límite y estos son procesos bien intensos, de mucho aprendizaje”, dijo Rivera Vega, también profesora del departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades.

“Soy educadora sobre todo, soy catedrática y entiendo la importancia de la Universidad abierta, de la Universidad acreditada, de una Universidad que tenga el respeto del país y que tenga los medios necesarios para poder seguir operando”, aseguró.

No dijo mucho más, salvo que nadie la presionó a renunciar.

Todo esto se da luego de que la jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, advirtiera a Hernández Fernández y a Rivera Vega que se exponen hasta a seis meses de prisión si no garantizan el acceso al recinto y la continuidad de las labores académicas, tal como lo ordenó el Tribunal de Apelaciones en respuesta a una demanda de seis estudiantes para abrir los portones.

Entonces se informó que ambas funcionarios deben asistir el próximo lunes a una vista.

Y ahora, ¿quién se queda con el tostón?

El abogado de los estudiantes demandantes, Pedro Vázquez Pesquera, explicó a Primera Hora que “cuando un funcionario del gobierno es parte de una demanda y ese funcionario renuncia (...) automáticamente la persona que los sustituya tiene que cumplir con cualquier orden”.

Al cierre de esta edición, no había ocurrido ningún pronunciamiento oficial acerca de quién asumirá la rectoría y los intentos por contactar a los portavoces de la administración universitaria a nivel central resultaron infructuosos.

Sin embargo, este medio supo que, por línea de sucesión, le correspondía a la decana de Asuntos Académicos, Sunny Cabrera, quien también renunció de acuerdo a varios representantes estudiantiles.

El próximo en fila sería el decano del Estudios Graduados e Investigación, que en este caso es Pedro Rodríguez Esquerdo.

Hoy es el último día para que la representación legal del primer centro docente del País solicite una reconsideración a la sentencia del Tribunal Apelativo.