El secretario de Justicia, Cesar Miranda, reconoció este lunes que los recortes presupuestarios que sufrirá la rama judicial tendrán impacto sobre el acceso a la justicia en el país, pero se expresó confiado en que con un esfuerzo conjunto de la Asamblea Legislativa y la Administración de Tribunales se logre minimizar ese efecto.

“La Administración de Tribunales se ha visto precisada a cerrar algunas salas de algunos municipios y no hay duda en que se hace más oneroso a personas de algunos municipios el acceso a los tribunales del país”, expresó el titular de Justicia durante su comparecencia hoy ante la Comisión de Hacienda de la Cámara a presentar el presupuesto de esa agencia.

Cómo se resuelve el problema y qué planificación inteligente se puede hacer para que el ciudadano no se afecte, son determinaciones que hay que tomar teniendo en cuenta el interés del ciudadano por encima de ninguna otra consideración, indicó el funcionario.

“Yo creo que la jueza presidenta tiene muy claro y lo ha articulado públicamente, que su interés sería seguir ofreciendo ese acceso de la forma más ágil posible, pero las circunstancias del país son las que son y no nos podemos inventar otras”, expresó Miranda.

Indicó que en lo que respecta al Departamento de Justicia, se mantienen las mismas fiscalías. “Seguimos siendo las mismas 13 fiscalías distribuidas a través de Puerto Rico y obviamente tenemos la capacidad de movilizarnos a cualquier lugar donde se vaya a ver algún caso. Entiendo que la mayoría de los jueces también se pueden movilizar, así que quien queda es el ciudadano”, declaró.

“Yo argumentaba ahorita –durante su presentación ante la comisión– que los presupuestos no son números fríos y que no se pueden mirar de esa manera en la atención de aquellos que estamos llamados a servirle al pueblo de Puerto Rico”, destacó el secretario, al tiempo que instó a buscar alternativas en conjunto para reducir cualquier impacto de esos recortes. 

Miranda expuso que el presupuesto consolidado del Departamento para el próximo año fiscal será de $133.6 millones, que representa una reducción de $15.4 millones en comparación con el de $148.9 millones del presente periodo.

“Si bien el presupuesto refleja una disminución respecto al año anterior, el control de gastos y el aumento significativo en la eficiencia, nos permiten asegurar que podemos continuar desarrollando nuestros planes de trabajo y proyecto”, expresó.

El desglose de fondos, abundó Miranda, incluye $105.5 millones que provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $5.6 millones en asignaciones especiales y $13.7 millones de fondos federales y $8.8 millones de fondos especiales.

Reclamó como logros de la agencia para el presente año fiscal el alcanzar el 100% de la digitalización del Registro de la Propiedad, lo que describió como “una de las innovaciones principales en el Gobierno y como modelo a seguir”.

“Un programa que funcionaba basado totalmente en procesos manuales, pronto se transformará en una operación completamente sistematizada, 100% digital y accesible por Internet para sus usuarios”, proclamó.

Destacó además entre los avances de la agencia el desarrollo del “Registro Criminal Integrado” (RCI), que aseguró “por primera vez pone a nuestro alcance el dato preciso del desempeño de nuestros fiscales en los tribunales del país”. 

Mencionó igualmente los adelantos logrados en el desarrollo de un sistema de información de justicia criminal (CJIS), mediante el cual se provee una base de datos donde se interconectan las agencias de la ley y orden estatales y federales para conocer el historial de un sospechoso o para identificar un perpetrador sexual de menores, o detener la venta de armas a criminales, entre otras cosas. 

Aseguró, por otra parte, que Justicia no tendrá déficit o sobregiro al cierre del año fiscal. “Este logro fue posible mediante el establecimiento de un riguroso control de gastos de nómina y siendo muy estrictos en el reclutamiento, limitándolo principalmente a áreas esenciales”, sostuvo.