La Comisión de Ética recomendó hoy de forma unánime amonestar con sanciones disciplinarias y económicas al representante Orlando Aponte Rosario por no informar “de forma adecuada” a la Cámara de Representantes sobre la orden de protección ex parte que una jueza le impuso el pasado 13 de abril por un alegado incidente de violencia de género.

El organismo legislativo determinó dividir en dos partes la querella que le radicó el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez al representante a la Cámara por el distrito 26 (Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo).

“Tomamos la determinación de dividir la querella en dos asuntos, la no notificación adecuada al cuerpo con relación incidente del 13 de abril, un asunto judicial que el compañero tenía cinco días para notificar y de manera unánime tomamos la decisión de tomar sanciones disciplinarias contra el compañero”, indicó el presidente de la Comisión de Ética, Ángel Matos García.

El también portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), indicó a periodistas, que en un primer informe “se va a someter al pleno una propuesta de amonestación y de sanción económica, que todavía no tiene un número final de dinero asignado”. Agregó que el monto de la multa lo determinarán en la próxima reunión de la comisión legislativa y será el pleno cameral el que decidirá si impone o no las sanciones a Aponte Rosario.

Aunque a finales del mes abril, el tribunal ordenó el archivo de la solicitud de orden de protección, luego que la ex esposa del legislador desistió, la Comisión de Ética acordó mantener activa la querella contra Aponte Rosario.

En cuanto al segundo asunto de la querella, Matos García dijo que acordaron solicitar al querellante (Hernández Montañez) que someta a la Comisión de Ética las certificaciones oficiales de todo lo ocurrido el 13 de abril, “entiéndase Policía, Administración de los Tribunales, el Tribunal de Primera Instancia que atendió el incidente para poder mantener jurisdicción sobre el asunto”.

“En este caso, el Presidente (de la Cámara) tomó todo lo que a través de redes sociales, programas, de farándula y medios de comunicación obtuvieron de tribunales, pero es un requisito indispensable que eso sea certificado”, dijo para agregar que para la entrega de los documentos oficiales Hernández Montañez tiene un término de cinco días.

Matos García sostuvo que la Comisión rendirá más de un informe en torno a la querella. “Lo procesalmente eficaz para la Comisión de Ética y con claro conocimiento del alto interés que esto tiene en el país, si tenemos un asunto maduro como la no notificación, pues no debería ser detenido eso por requerimientos adicionales y potenciales vistas adicionales que pudiera haber con todo lo relacionado al 13 de abril. Así que preparamos un primer informe con una recomendación de sanciones por no haber notificado a tiempo y cuando esté maduro, un segundo informe con la resolución final”, explicó el legislador.

Matos García respondió en la negativa cuando se le preguntó si la determinación de la esposa del legislador de retirar la solicitud de orden de protección era un elemento fuerte como para que la Comisión no continúe con la investigación de la segunda parte de la querella.

“Lo que sucede es que muchos de los planteamientos que el compañero ha sometido en sus escritos, que hacen mucho sentido y elocuencia desde la perspectiva de la Rama Judicial, no necesariamente aplican en la Rama Legislativa. Terminologías como mociones de desestimación, moción urgente de paralización de procesos no son figuras reconocidas en nuestro Código de Ética”, sostuvo.

En la petición de desestimación, Aponte Rosario alegó que la querella no cumple con requisitos de jurisdicción porque el querellante “no tiene propio y personal conocimiento de ninguna de las alegaciones”.

“Más allá de una amonestación, no debe haber una sanción más severa”

Mientras, al pedírsele una reacción sobre la decisión de la Comisión de Ética, Aponte Rosario cuestionó el que la querella se dividiera en dos asuntos.

“Creo que si se falló en algo fue en el asunto de notificación, pero mas allá de una amonestación no debe haber una sanción más severa. Lo que no me parece adecuado es que estén atendiendo parcialmente remedios diferentes porque es un solo asunto lo que está ante la consideración de ellos y debieron haberlo atendido lo más pronto posible y al mismo tiempo, no fraccionadamente”, reclamó el legislador.

Dijo además, que el asunto de la orden de protección “es lo sustantivo y es lo que debieron atender primero porque es lo que daría pie o base para que se pueda imponer alguna clase de sanción o amonestación por no haber notificado ese asunto’ .

“¿Cómo puede ser que la raíz del problema no la están resolviendo y están atendiendo otras cosas que surgieron como consecuencia de esta situación que es la principal y que ya fue archivada y así lo hicimos público desde el 2 de mayo?”, agregó Aponte Rosario.

El 13 de abril pasado, una jueza del Tribunal de Toa Baja le impuso al legislador una orden de protección por el alegado episodio de violencia machista, ocurrido en una residencia en Dorado.

Como parte de la orden judicial, Aponte Rosario fue desarmado, se le ocuparon seis armas de fuego, para las cuales tiene licencia y se le ordenó desalojar sus pertenencias del hogar. Su esposa alegaba en la petición de orden que el legislador la agredió frente a los hijos del matrimonio de 3 y 6 años.

El 2 de mayo, cuando anunció que su esposa había desistido de la orden de protección, Aponte Rosario dijo que el tribunal había restablecido las relaciones paterno filiales. La pasada semana, el legislador informó en la sesión cameral que había iniciado los trámites de divorcio.