El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTS) confirmó hoy a una comisión de la Cámara de Representantes que reciben reclamos constantes de sus integrantes de que, en el ejercicio de sus funciones, se exponen a amenazas, restricciones de libertad y hasta tiroteos.

El gremio, que agrupa a más de 7 mil trabajadores sociales en el país, apoyó con recomendaciones el Proyecto de la Cámara 972, que busca que los trabajadores sociales que laboran en el Departamento de la Familia (DF) sean incluidos en la definición de servidores públicos de alto riesgo para propósitos de compensación en la Ley de Retiro, de la misma forma que el estatuto aplica a empleados del área de seguridad.

La directora ejecutiva del CPTS, Nélida Rosario Rivera, advirtió que, si no se atienden las condiciones laborales de los trabajadores sociales, el DF va a continuar con los problemas de reclutamiento y retención de los empleados.

“Consideramos que es necesario reconocer que el riesgo que se exponen estos profesionales proviene, a su vez, de condiciones laborales que les desprotegen y les imposibilitan cumplir con sus funciones con calidad y en seguridad”, dijo Rosario Rivera.

El PC 972, del representante independentista, Denis Márquez Lebrón, es evaluado por la Comisión de Bienestar Social, que preside la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.

Rosario Rivera urgió que a los trabajadores sociales se les asegure lugares de trabajo libres de abuso y violencia con una carga de trabajo razonable, además de seguro y saludable. “Los riesgos no solo vienen por el acercamiento a la comunidad y las visitas al hogar. Muchos de los riesgos vienen por escenarios laborales precarios, sobrecarga laboral, falta de recursos de apoyo y de acompañamiento, ausencia de apoyo de las agencias y altos niveles de estrés, entre otros”, enumeró.

“Reconociendo el trabajo que realizan en situaciones de alto riesgo y sus condiciones laborales precarizadas, consideramos necesario compensar a dicho personal con la distinción de Servidores Públicos de Alto Riesgo para propósitos de compensación en la Ley de Retiro y la aplicabilidad de esta distinción para incentivos y bonos que les son conferidos a los empleados del sistema de seguridad”, sostuvo.

De la misma forma aclaró que no es necesario que el profesional del trabajo social esté acompañado de fuerzas de ley y orden en todas las intervenciones sociales.

“Esto, en sí mismo, es criminalizar los problemas sociales y las poblaciones más vulnerabilizadas y excluidas”, consideró.

No obstante, sugirió que la medida incluya de forma explícita a los profesionales del trabajo social que laboran con personas adultas mayores en situaciones de negligencia, maltrato y abandono.

“Siendo este el grupo poblacional de mayor crecimiento demográfico los servicios ofrecidos serán cada vez más necesarios. Estos profesionales realizan su trabajo en espacios de alto riesgo y violencia, por lo que se exponen a los mismos peligros de quienes trabajan con la niñez y juventud, abundó.

Rosario Rivera recomendó que la medida obligue a las agencias del poder ejecutivo, rama judicial, tercer sector y entidades privadas a trabajar en sus protocolos para velar por la salud y seguridad de sus profesionales del trabajo social y que aplique a otros profesionales del trabajo social del servicio público también expuestos a altos riesgos.

La secretaria del DF, Ciení Rodríguez, en una ponencia escrita, se mostró a favor de la pieza legislativa, pero dijo que la comisión debe tener el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) porque la propuesta ha sido presentada ya y no ha pasado el crisol legislativo. Según la funcionaria, afectaría las finanzas del Fondo de los Sistemas de Retiro, toda vez que los trabajadores sociales podrían retirarse a una edad más temprana”.

La Ley 447 de 1951, que pretende enmendar el proyecto, establece que los trabajadores catalogados de alto riesgo que entraron al sistema público antes del 30 de junio de 2013 pueden retirarse a los 55 años de edad y los que ingresaron con posterioridad se podrían acoger al retiro, a los 58 años.

Nicole Báez, de la División Legal del DF informó que actualmente el salario base de un trabajador social es de $2,700 mensuales.

EL CPTS y el DF expresaron reservas sobre otra medida, también bajo evaluación, Proyecto de la Cámara 1976, que busca incorporar el trabajo a distancia en la práctica del trabajo social en Puerto Rico.

“Hay unas metodologías y acercamientos profesionales que nos deberían llevar a plantear que no es posible hacerlo de forma remota. Entendemos que el proyecto tiene varios asuntos que deberían enmendarse y uno de ellos es considerar unas exclusiones de ciertas circunstancias que no pueden ser trabajadas a distancia”, expresó la representante del CPTS.