Los representantes Jesús Manuel Ortiz, Carlos Bianchi Angleró y el aspirante a la Cámara por Acumulación, Gabriel López Arrieta emplazaron hoy al gobierno a que revele el estatus de la operación para hacer pruebas en los hogares de cuidado prolongado para adultos mayores en momentos en que los contagios por COVID-19 van en aumento y ya se han confirmado casos en dichos hogares. Los líderes populares tronaron contra el gobierno por el lento proceso de realización de pruebas que prometieron desde el mes de abril.

“Es conocido por todos que la población de mayor riesgo en esta pandemia es la de adultos mayores. Haber realizado pruebas en solo el 19% de los centros de cuido prolongado a dos meses de haber anunciado la iniciativa es un acto de alta irresponsabilidad e ineficiencia. No haber cumplido con su trabajo no le permite a las autoridades conocer el posible riesgo al que están expuestos nuestros adultos mayores. El gobierno tiene que explicar el estatus de esta operación y su estrategia para proteger esa población”, indicó Ortiz en declaraciones escritas.

Bianchi por su parte fue enfático en que “el manejo de ésta situación por parte del gobierno ha sido cuando menos un total desprecio a la vida de sus ciudadanos más vulnerables. La población en centros de cuido prolongado es una de mucha fragilidad y es una población cautiva por lo que establecer un plan para realizar dichas pruebas y establecer un protocolo efectivo para el manejo adecuado no debe ser algo tan complejo. Solo falta voluntad”.

“Lo más insólito de todo es que existen los recursos, el personal y los protocolos para atender estos casos de una manera planificada y científica y la ineptitud del gobierno central se pone nuevamente en evidencia ante los más vulnerables. El 19 de enero pasado despidieron a la secretaria del Departamento de la Familia y desde esa fecha pareciera que esa agencia ya no existe. Nuevamente, estamos hablando de las vidas de los más vulnerables, que son nuestras personas en edad avanzada”, denunció López Arrieta.

El pasado 19 de abril la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció que, a partir de esa fecha, se realizarán pruebas de COVID-19 en hogares de ancianos (instituciones, égidas y hogares) a través de la isla, tanto a sus residentes como a empleados, por parte del Elder Justice Task Force. Sin embargo, tan reciente como el pasado 6 de julio la epidemióloga asesora de Salud, Idania Rodríguez dijo que de los 850 centros de cuido prolongado licenciados por el Departamento de la Familia, el gobierno solo ha hecho pruebas de cernimiento en 162. Esto representa solo un 19% del total de instituciones.

“El supuesto plan para hacer pruebas masivas en hogares de adultos mayores resultó ser otro engaño. El país exige acción en medio del aumento en casos de COVID-19 en Puerto Rico, antes de que tengamos que lamentar la perdida de vidas”, sentenció Ortiz.