La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, el Consejo Estatal de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego) y el abogado y exsenador Ramón Luis Nieves depusieron ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes para exponer sus razones para reclamar que se investigue la justificación y legalidad de las emisiones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entre marzo de 2010 y diciembre de 2016, tal como pide la Resolución de la Cámara 563.

La Comisión Ciudadana, que aclara ser una entidad no partidista y multisectorial, reclama en su memorial expuesto el pasado miércoles que la deuda de la AEE “debe ser auditada”, pues los informes que de Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público “levantaron serios cuestionamientos sobre la legalidad y constitucionalidad de la deuda pública de Puerto Rico que está actualmente bajo título III” de quiebra bajo la ley PROMESA federal. Alerta que no auditar esa deuda podría llevar a que se pacten acuerdos de pago sobre una deuda “que desde su inicio es invalida y, por tanto, debe ser cancelada”.

Agrega uno de los informes evaluó la última emisión de bonos de la AEE y concluyó que, a partir de la información de la declaración oficial de la emisión misma y de los estados financieros auditados de la AEE, la corporación pública “autorizó emisiones de bonos en violación de una cláusula del acuerdo fiduciario, que establece un límite a la deuda que la corporación pública tenía poder para emitir anualmente conforme a sus ingresos”.

Según ese documento, la AEE violó esa cláusula durante los años fiscales 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013.

La Comisión Ciudadana lista además algunos de los hallazgos de los informes, entre ellos que la AEE, “infló artificialmente sus recaudos proyectados para poder cumplir con las disposiciones del acuerdo fiduciario con sus con sus acreedores”. Al mismo tiempo, la AEE habría excluido del cómputo del servicio a la deuda intereses capitalizados mediante emisiones previas. Al excluir los ingresos no recaudados, como subsidios a municipios y otros clientes, y se suman los intereses capitalizados de emisiones previas, “la Comisión determinó que la AEE solo cumplió” con el porcentaje establecido en apenas uno de los cinco años fiscales entre 2008-2009 y 2012-2013 y “se proyectaba que incumpliría también con dicha cláusula para los años fiscales 2013-2014 al 2017-2018″.

La Comisión Ciudadana condena que se pretenda ahora hacer pagar a los clientes de la AEE bajo los acuerdos negociados con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a pesar que hay información que indica que las transacciones se hicieron en perjuicio de los consumidores de que los mismos bonos emitidos por la AEE, “nunca contemplaban la imposición de cargos especiales a los consumidores para pagar esas deudas”.

Agrega el memorial de la Comisión Ciudadana que, de acuerdo con las reglas de la SEC (Junta Municipal de Reglamentación de Valores) que rigen la emisión de deuda, “los bonistas e intermediarios que compraban esa deuda sabían, o debían saber, que la AEE estaba en violación de esta cláusula y asumieron el riesgo”.

El Consejo Estatal de la UTIER, por su parte, alertó que no recortar adecuadamente la deuda de la AEE a su justo valor podría desembocar en otra quiebra.

La UTIER, a través de su presidente Ángel Figueroa Jaramillo, alertó además sobre la posibilidad de que la JSF negocie un acuerdo de restructuración de deuda (RSA, en inglés) que garantice a bonistas de fondos buitres un repago muy por encima del valor que pagaron inicialmente por los bonos, es decir, que convierta “bonos chatarra en bonos asegurados”, respaldado por un aumento en la tarifa de los consumidores. Agregó que la JSF podría buscar ese acuerdo “dejando a un lado a la Legislatura, y aprobándolo solo con el aval de la Junta de Gobierno de la AEE, sin ni siquiera pasar por el crisol del Negociado de Energía”, entidad a la que le quitaron las facultades para evaluar la restructuración.

Reiteró el cuestionamiento sobre la validez de bonos emitidos por la AEE y reclamó que se hiciera una auditoría al respecto, agregando que la JSF “no ha litigado la validez de dichos créditos y por ende no se ha tomado una decisión al respecto”.

Además, reclamó a la Legislatura no autorizar el pago de bonos no asegurados como si fueran asegurados, como se pretende hacer con el RSA.

Por último, emitió una serie de recomendaciones que entiende deben cumplirse para avalar cualquier plan de ajuste de la deuda de la AEE, entre las que se incluye que no haya un aumento en la tarifa que la eleve por encima de los 20 centavos por kilovatio hora.

El abogado Nieves, quien fue presidente de la Comisión de Energía del Senado y trabajó en varias legislaciones relacionadas con la AEE y las políticas energéticas, repasó en su memorial el trayecto que condujo a la quiebra de la AEE y alertó que “todas y cada una de las versiones del RSA que se han negociado hasta ahora obligaban a varias generaciones de abonados de AEE-LUMA a pagar la luz cara, para pagar deuda vieja, por más de 40 años”.

Insistió a los legisladores que, aunque no hay mucho tiempo disponible, se debe hacer lo correcto, “simple y sencillamente: toda la deuda emitida la AEE entre 2010 y 2013 debe considerarse ilegítima”, para que no se le pague “a bonistas buitres ni un solo centavo de esta deuda ilegítima”.

Insistió en que la deuda era ilegítima toda vez que fue emitida “a base de mentiras, motivada y asistida por múltiples actores buscando ganarse millones de dólares, sin importar que el deudor –AEE– no tuviera la capacidad para repagar la misma”.

Resaltó, además, “datos espeluznantes”, como el hecho de que “de los casi $12,000 millones que AEE tomó prestado entre 2000-2012, apenas se utilizaron $2,700 millones para invertir en infraestructura de la AEE”. Indica que $8,500 millones se usaron para refinanciar deuda previa y pagar intereses, mientras que los consultores y asesores que facilitaron la emisión de esos préstamos “se echaron al bolsillo más de $160 millones”.

Nieves destacó también los “graves conflictos de interés” de entidades que realizaban “transacciones tóxicas” con los bonos de la AEE, y exhortó a los legisladores a leer un informe sobre la última emisión de deuda de la AEE, en agosto de 2013, que realizó la comisión para la auditoría de la deuda, creada por ley en 2015 y eliminada dos años después, que “revela serios cuestionamientos éticos y legales sobre esta emisión de bonos”.

Citó también el informe de la “extensa investigación encomendada por la Junta de Supervisión Fiscal a la firma Kobre & Kim” que revela que la AEE presentaba información falsa para inflar sus ganancias y generar opiniones favorables, que los consultores no verificaban. De igual informa, aseguró, el informe de Kobre & Kim concluye que ni el equipo fiscal del gobierno ni los suscriptores de las emisiones de bonos fiscalizaban el uso que daba a esos fondos la AEE.

Reiteró su llamado a “luchar contra los bonistas buitres para descartar la deuda ilegítima” de la AEE, y subrayó que si no se hace “cometerán un crimen contra esta y las futuras generaciones de puertorriqueños”.