La urgencia de contar con una ley actualizada que permita atender a la crisis de sobrepoblación de animales realengos y, a su vez, que se conozca y haga valer adecuadamente todos los componentes, desde agentes de policía hasta fiscales y jueces, así como oficiales de agencias de gobierno y municipios, fue uno de los elementos que resaltaron rescatistas y líderes de organizaciones en defensa de los animales durante un intenso foro que se llevó a cabo este jueves en la Legislatura, ante salón lleno.

Asimismo, durante el foro convocado por el senador Héctor Santiago Torres se resaltó la importancia de adoptar un registro de mascotas que permita mantener un mejor control de los animales y adjudicar responsabilidad a quienes no cumplan con las exigencias de ley de proveerles el cuidado adecuado, así como de mantener consistencia en iniciativas de esterilización masiva y de lo que se conoce como TNR (atrapar, esterilizar y liberar, por sus siglas en inglés), para atender la sobrepoblación de animales abandonados que, tan solo en el caso de perros y gatos se estima en 600,000 y más de un millón, respectivamente.

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Maricarmen Rivera Falcón, del Santuario de Barranquitas.
Maricarmen Rivera Falcón, del Santuario de Barranquitas. (Suministrada)

Maricarmen Rivera Falcón, del Santuario de Barranquitas, comentó que “la ley no se implementa. No la conocen. Los policías no la conocen, los tribunales no la conocen”.

Yo llego a un tribunal, que no me dejan hablar, porque el que habla es el policía, y no conoce la ley, y le aplican un tecnicismo y se acabó la querella”, lamentó.

Agregó que estuvo en un caso reciente de maltrato animal, en el que el juez, “ordenó remover la mascota, pero no aplicó la ley” a la persona por el crimen de maltrato que había cometido.

Rivera Falcón no solo instó a educar correctamente a funcionarios, policías y jueces, sino también a enfocar la educación en los niños, y sostuvo que en la ley debía integrarse la implementación de una clase de bienestar animal en el currículo de las escuelas.

Yolanda Álvarez, de la Federación Protectora de Animales, se unió al reclamo de que el gobierno otorgue al asunto de los animales realengos la importancia que amerita, pues “es un problema de salud, puede ser un problema de seguridad, y es un problema humanitario”.

“Pero no es una prioridad para el gobierno. Si le das $10 millones a un concurso de belleza, ¿tú sabes todo lo que podrían hacer los rescatistas con ese dinero?”, cuestionó.

Exhortó a los funcionarios de las agencias a “vivir la experiencia” en la calle, y no desde un escritorio, y llegar a los rincones donde hay decenas de animales abandonados que atienden rescatistas, desde los perros que pululan por varias playas, hasta los cientos de caballos sueltos por todo Vieques o los lechones corriendo por todos lados en Hormigueros.

Por otro lado, Doris Lamoso, del Grupo Asesor para la Protección y Seguridad de los Animales (GAPSA), cuestionó que, pese a la magnitud del problema, “no existe una comisión en la Legislatura de bienestar animal. Si quieres someter un proyecto, a veces es en la Comisión de Salud, a veces en la de Gobierno, pero no hay ni comisión ni una oficina”.

Wilma Rivera Díaz, directora de la Oficina Estatal para el Control de Animales del Departamento de Salud, explicó varias de las iniciativas que se llevan a cabo para promover el bienestar animal y reducir la sobrepoblación. Explicó que, si bien es conocido que hay un problema con la falta de fondos, que también impacta la oficina que dirige, también hay iniciativas que sí se pueden llevar a cabo, como adiestramientos y educación a personal de agencias, municipios, líderes comunitarios y demás, pues la Oficina sí cuenta con material para educar sobre esterilización, contra el abandono, sobre adopción, entre otros aspectos.

Exhortó también a establecer alianzas con organizaciones y rescatistas, y destacó la importancia de las campañas de adopción y eventos de esterilización masiva.

Por su parte, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, quien habló a nombre de la Asociación de Alcaldes, insistió en que la Ley para el bienestar y protección de los animales establece “todo lo que hay que hacer” con respecto a albergues y esterilizaciones de animales.

El senador del Distrito de Guayama, Héctor Santiago Torres, y el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina.
El senador del Distrito de Guayama, Héctor Santiago Torres, y el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina. (Suministrada)

“Pero, como siempre, hacemos una ley, y otra, y otra más, y somos el país más legislado, pero que menos cumple con sus leyes”, condenó, agregando que la representación del gobierno en ese foro, “una vez más”, nos dice que tienen una ley, pero no tienen el personal ni los fondos para poder hacerla cumplir debidamente.

Comentó que el foro quizás ayudaría “a que cojamos todos esos proyectos y leyes, y se haga una sola ley de bienestar animal, y que todo el mundo siga el mismo proyecto, la misma ley, el mismo propósito”.

“Nuestra recomendación es que haga valer la ley en todas sus dimensiones, en vez de que sea 78 X 100 X 35″, comentó, en clara referencia a que cada municipio estaría haciendo lo que mejor entiende sobre esta problemática. “Si el Departamento de Salud ya tiene material educativo, que se lo pase a los 78 municipios, para que todos hablemos el mismo idioma, y todos tengamos un plan común”.

Respaldo la esterilización masiva

Los participantes también abordaron el tema de los eventos de esterilización masiva.

Lamoso aseguró que dichos eventos, acuden muchísimas personas de bajos recursos que hacen largas filas desde muy tempranas horas, al punto que no logran poder atender a todos los que llegan allí a recibir ese servicio libre de costo.

Sin embargo, explicó que una situación que enfrentan es que “no hay muchos lugares adecuados, grandes, con aire acondicionado”, en los que se puedan hacer estas actividades quirúrgicas.

Aclaró que, gracias a fondos provistos por la Compañía de Turismo, “ahora mismo tenemos para hacer esterilizaciones y no tenemos el lugar para poder operar. Ahora mismo, el reto no es el dinero”.

Comoquiera, exhortó a que se logre “dinero recurrente para las esterilizaciones y para poder continuar con las campañas educativas”.

Rivera Falcón, sin embargo, condenó que, en esos eventos de esterilización se le otorgue servicio a mascotas de personas que tienen recursos, “que pagaron $4,000 por un perro de raza tal, y que fueron los primeros en llegar porque tienen carro propio” y otras ventajas.

La rescatista criticó, además, que los veterinarios cobraran cifras elevadas por esterilizar a mascotas de personas de bajo recursos e hizo un llamado al gobierno a buscar la manera de procurar “que esos precios no sean abusivos”.

“El gobierno tiene que ayudar a que esos precios no sean abusivos. ¿Cómo le vas a cobrar $300 por una gatita? La gente no tiene ese dinero”, lamentó, agregando que a menudo lo que sucede es que no esterilizan al animal, o incluso lo abandonan.

Otro asunto que se destacó en cuanto a estos eventos es la importancia de que lleguen a los pueblos más pequeños y distantes, pues mucha gente no cuenta con los medios para llegar a los pueblos más grandes o las áreas metropolitanas donde suelen llevarse a cabo.

Mientas, el doctor Francisco Meléndez, del Colegio de Médicos Veterinarios, entidad que aseguró participa de esos eventos de esterilización masiva y tiene profesionales dispuestos y disponibles para seguir colaborando en los mismos, subrayó la necesidad también de adoptar un registro de mascotas, de manera que el guardián de la mascota le ponga un chip y lo registre.

El ciudadano tiene que ser responsable, llevar la mascota al veterinario, ponerle un chip, registrarlo”, reclamó, acotando que, si bien es cierto que para mucha gente sería difícil cumplir requisitos del chip y registro por sus pocos recursos, muchas otras personas sí cuentan con recursos suficientes para pagar, y podrían cubrir esa diferencia.

“Pasamos todo el año esterilizando, y llega el fin de año y hay miles de mascotas en la calle. Y entonces viene la queja, que si estos malditos humanos… y a lo mejor hay una familia buscando a esa mascota. Pues si tiene un chip, vamos al registro de mascotas, y localizamos al dueño”, comentó el doctor, subrayando que si esa mascota que se escapó no está esterilizada empieza a contribuir de inmediato al problema de sobrepoblación.

Reclamo contra criadores ilegales

Otro asunto que salió a relucir es la necesidad de tomar acción contra los criadores ilegales.

En ese sentido, Lamoso levantó su voz contra las ventas y rifas de animales, así como el hecho que haya muchos criadores que no están certificados. Denunció que las ventas de animales, aprovechando diferentes plataformas, están fuera de control, algo que, además del maltrato animal, también se convierte en un problema de evasión contributiva.

Mientras, Álvarez exigió “decidir que vamos a hacer con los criadores irresponsables”, que andan por la libre, “porque el gobierno no quiere atender ese asunto”, y propuso, al menos por el momento, una moratoria de por lo menos dos años para los criadores, mientras se atiende el problema de sobrepoblación.

Relacionado a ese tema, y el de desconocimiento y falta de aplicación de la ley, una de las personas defensoras de los animales que participó del foro reclamó que uno, de los escenarios que ocurre cuando se interviene con una venta o criador ilegal es que “voy con la policía, removemos los animales, pero si no se ve el caso, tengo que quedarme con la custodia de ese animal. Y todo eso lo paga la entidad sin fines de lucro, mientras que ese que vendía, que estaba haciendo dinero, no le toca nada de eso”.

“Por eso hay que organizarse, todos los foros, justicia, policía, tribunales, fiscales, alcaldes, todos. Si mañana rescatamos 100 animales, y el alcalde nos dice, no tengo espacio, bien, entramos las organizaciones y nos dividimos, pero me tienen que garantizar la entrega voluntaria para nosotros poder mover esos animales”, insistió.

Tras escuchar los apasionados comentarios y reclamos, el senador Santiago Torres aseguró que “para mí no es un tema liviano”, y que trabajaría por recoger todos los proyectos y propuestas para buscar reunirlos en un proyecto sustitutivo que reúna todas las recomendaciones y permita atender el apremiante problema de animales realengos.