El portavoz Popular en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, Luis Vega Ramos, le exigió públicamente a la ex secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, “que confirme o niegue expresamente si la gobernadora Wanda Vázquez Garcéd intentó influir en el curso de varias investigaciones criminales contra su gobierno”.

En un parte de prensa, Vega Ramos también reclamó a Longo Quiñones que aclare si hubo una discusión álgida entre ella y la gobernadora el pasado viernes en torno a esas investigaciones y si eso detonó la solicitud de renuncia. “Estos son señalamientos muy delicados. Varios medios de comunicación han reportado que tienen fuentes de entero crédito que confirman que el viernes hubo una discusión fuerte entre la gobernadora Wanda Vázquez y la entonces secretaria de Justicia. Estos medios reportan que la gobernadora reclamó que investigaciones de la compra de $38 millones en pruebas falsas de COVID-19, la del almacén de Ponce, la de la distribución politiquera de suministros a las víctimas de los terremotos y la de la violación al toque de queda por la Gobernadora y el liderato PNP en la inauguración de su comité político hace varias semanas, tenían que archivarse antes de la primaria del 9 de agosto. De ser ciertos estos señalamientos, la gobernadora Vázquez Garcéd habría cometido delito grave, como por ejemplo, obstrucción a la justicia. La ex Secretaria Longo Quiñones tiene una obligación con Puerto Rico, con los cánones de ética y con su conciencia de confirmar o refutar expresamente esta delicada información”, explicó Vega Ramos.

“Lo que se señala como razón para el despido fulminante de Longo Quiñones es exactamente lo que hizo el presidente Nixon con el fiscal especial que investigaba Watergate. Fue lo que hizo el gobernador Romero Barceló con los secretarios de Justicia, Héctor Reichard y Carmen Rita Vélez Borrás, cuando la investigación de los asesinatos del Cerro Maravilla. Se parece a lo que el gobernador Luis Fortuño hizo con la entonces fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez cuando las imputaciones del New York Times y mías sobre donativos ilegales a la campaña del entonces comisionado residente de la empresa Aveta y el cabildero Bob Torricelli. Es, precisamente, lo que está haciendo el presidente Trump con los fiscales federales que procesaron a sus colaboradores de campaña y los que investigaban sus relaciones sospechosas con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin. El delito más peligroso en una democracia es cuando un primer ejecutivo usa su poder para descarrilar investigaciones criminales en su contra. La licenciada Longo Quiñones tiene un deber moral con el país de aclarar si esto ocurrió o no”, sostuvo Vega Ramos.

“No puede olvidarse que la gobernadora fue acusada por la OPFEI de influir, como secretaria de Justicia, en una investigación criminal en la que su hija era la víctima. Esto hace esencial aclarar la situación”, dijo el representante. El legislador adelantó que se propone solicitar al presidente de la Cámara, Carlos Méndez Nuñez, a que use sus facultades reglamentarias en este tiempo que no hay sesión legislativa para ordenar a la Comisión de lo Jurídico a investigar. “Aquí parece que dos investigaciones de la Cámara y una denuncia formal hecha por unos de sus miembros, fueron los detonantes del despido. La Cámara tiene el deber de vindicar y proteger su rol fiscalizador”, concluyó Vega Ramos.