La organización Servidores Públicos Unidos (SPU) rechazó hoy, viernes, la consolidación de la Junta de Planificación (JLBP) como una división del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Mediante comunicado de prensa, el grupo también se manifestó en contra de la similar integración de la Comisión de Servicio Público (CSP) como divisiones del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO).

Según SPU ambos cambios no suponen ahorros, como alega el gobierno. Además, el sindicato considera que las consolidaciones representan un serio conflicto de interés.

Las consolidaciones propuestas como parte de una reorganización gubernamental ante las actuales limitaciones fiscales, de acuerdo con SPU pone además en riesgo el trabajo de los empleados de la JLBP y la CSP. 

“El Gobierno sabe que estos trabajadores están organizados sindicalmente y ni siquiera tienen la buena fe de notificar estos cambios como habían indicado que harían antes de radicar los proyectos. La intención de fusionar estas agencias no es algo nuevo y no lo han logrado hasta ahora en estos casos porque su fusión crea un conflicto de intereses de una magnitud que no puede pasarse por alto y que afectaría a la ciudadanía que utiliza estos servicios”, dijo Annette González, presidenta de SPU de Puerto Rico, Concilio 95, central obrera que representa a los trabajadores de las citadas agencias. 

González recordó que “en el caso de la JLBP el Tribunal paralizó el proceso en el pasado. Por eso, ayer mismo solicitamos deponer en las vistas públicas de estos Proyectos y solicitamos reuniones con los presidentes de ambos cuerpos legislativos”

De acuerdo con la líder sindical, una fusión con el DCR, en el caso de la JLBP, “crea un fuerte conflicto ya que ellos son los que determinan si un confinado sale a la libre comunidad, y tiene  la facultad de multar a dicho departamento si no cumple con unos requerimientos”.

“Es como poner al cabro a velar las lechugas. Crea una situación donde no se garantiza la pureza y legalidad de los procesos. Además increíblemente este proyecto que se hace bajo la premisa de ahorrar, aumenta en $5,000 el sueldo a los miembros asociados de la Junta que bajo el mismo, cambian de nombre a Jueces Administrativos y no se le aumentan sus tareas”, agregó González.

En el caso de la CSP, lo propuesto por el gobierno igualmente no garantiza la permanencia de los empleados públicos en las funciones que desempeñan al presente y en vez de ahorrar pone en riesgo un millón de dólares en fondos federales, argumentó SPU.

“El DACO no tiene la infraestructura, la capacidad, ni el conocimiento para regular los concesionarios y tendría un claro conflicto de interés a la hora de tener que decidir a quién defender: ¿al concesionario o al consumidor? Además, la Comisión es una agencia de seguridad pública, ¿qué tiene esto que ver con el DACO?. Por otro lado, en términos de ahorros prácticamente no habrá ninguno. Somos una agencia pequeña, que hace mucho con poco, esta acción no se justifica”, dijo, por su parte, Domingo Hernández, presidente de SPU, Local 3897 en la CSP.