En medio del lío legislativo y del repudio masivo que desató el proyecto de ley que buscaba castigar el aborto con 25 años de cárcel, dos de los autores de la fracasada medida se aventuraron con otra pieza legislativa “por petición” para someter a convictos de violación y pedofilia a un tratamiento de castración química para reducirle “el apetito sexual y ayudarlos en su rehabilitación”.

Pero, el nuevo proyecto de ley (PC 1658), bajo la firma de los novoprogresistas José “Memo” González Mercado y Er Jazzer Morales Díaz tampoco tiene posibilidades, pues legisladores de todas las delegaciones se expresaron ayer en contra de forma rotunda. La propuesta tampoco es nueva en la Asamblea Legislativa, pues en 2007 se discutió en la Cámara de Representantes un proyecto idéntico del entonces representante novoprogresista José Luis Rivera Guerra que no prosperó.

De hecho, el representante Wilson Román López, autor principal del proyecto antiaborto, sustituyó a Rivera Guerra en el distrito 17 que comprende los pueblos de Aguadilla y Moca.

Ayer, los autores de la nueva medida tampoco estuvieron en sus oficinas en el Capitolio para defender la pieza legislativa, que según el consenso de varios legisladores es contraria a la Constitución de Puerto Rico, que en su Carta de Derechos, Artículo 2, Sección 12, rechaza todo castigo “cruel e inusitado” .

A la nueva medida se le dio lectura en la sesión cameral del pasado martes y sería referida a las comisiones de lo Jurídico y de Salud de la Cámara de Representantes. Fue radicada el 10 de marzo de 2023 por González Mercado y Morales Díaz por petición de la reportera Cyd Marie Fleming y el presentador, Ferdinand Pérez y la producción del espacio Jugando Pelota Dura.

“Todos estamos conscientes del daño que provoca una agresión sexual a un menor de edad. Es uno de los actos más reprochables luego del asesinato. Más, sin embargo, no podemos en el siglo 21 recurrir a castigos físicos, crueles e inusitados como solución a un problema que es mucho más complejo y que requiere de estrategias sociales psicológicas y criminológicas”, expresó la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Moninelli.

“Este proyecto de ley es, además, inconstitucional y demuestra el poco conocimiento de los mismos legisladores que presentaron y retiraron un proyecto que, supuestamente, no leyeron o se traspapeló. Increíble que un programa de televisión ahora pueda solicitar proyectos por petición cuando son las personas y organizaciones quienes tienen esa facultad. Por el amor de Dios, esperamos que esto no llegue ni a primera”, sostuvo Nogales Molinelli.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, también rechazó la propuesta.

“No considero prudente que después de las controversias que se han vertido sobre la primera medida hayan radicado otra, sobre el mismo tema, lacerando la imagen de estos legisladores. Lo prudente va a ser que se le dé el debido proceso en la comisión de lo Jurídico y de Salud porque es un tema salubrista. Escucharemos todas las partes, pero en mi carácter personal, yo no respaldo la medida”, estableció el líder cameral.

Dijo que le pedirá a los presidentes de las comisiones de lo Jurídico y de Salud, que cumplan con el debido proceso y pidan ponencias formalmente a todas las partes con interés.

“Yo soy un voto más. Personalmente, le voy a votar en contra, si es que llega a un mark up (votación en comisión)”, sostuvo para agregar que “la medida es tan punitiva, que está al nivel de controversia de la previa”.

“Son igual de controversiales. Están hablando del tema de la vida. El anterior era del derecho de la mujer (a abortar) y ahora quitarles el derecho a las personas a procrear. Están en el mismo nivel, por eso considero que no fue prudente de los mismos autores salir de una controversia para entrar en otra sobre el mismo tema jurídico de derechos humanos”, agregó.

“Yo no respaldo el proyecto. No creo que tenga ambiente. Uno puede señalar a aquellas personas que cometen un acto atroz como puede ser una violación, algo similar, pero, de la misma forma que no creo en la pena de muerte, no creo en el proceso de mutilación y esto sería hasta cierto punto un proceso de mutilación”, indicó por su parte, el representante novoprogresista, José Aponte Hernández, expresidente de la Cámara.

Aponte Hernández sostuvo que el sistema judicial “le provee y le da el espacio al juez para tomar la determinación que entienda en cuanto a lo que es una sentencia” contra personas convictas de agresión sexual y pedofilia.

“La mera discusión de este asunto de castración me parece ofensivo. Yo puedo entender que hay unos problemas sociales y que hay unas conductas que no pueden ser permitidas, pero también tenemos que reconocer que la dignidad del ser humanos es inviolable y esos son principios básicos de la Constitución, pero hay un mandato constitucional de que los castigos que se puedan legislar aquí no sean crueles y tampoco inusitados”, puntualizó otro novoprogresista, José “Quiquito” Meléndez.

Dijo que por el hecho de que alguna otra jurisdicción de los Estados Unidos o fuera de Estados Unidos lo haga, “pues no vamos a hacer algo que está mal porque otro lo haga”.

La medida dice en su exposición de motivos que los estados de la Florida y Connecticut han “implementado el método con muy buenos resultados”.

“Puedo entender la frustración de algunos sectores por conductas antisociales, pero tú no resuelves un mal creando quizás otro mal. Ese proyecto de ninguna manera cuenta con mi respaldo”, sentenció Meléndez.

El representante Orlando Aponte Rosario dijo que el mismo martes la medida fue referida a la Comisión de lo Jurídico que él preside y que instruyó al director ejecutivo de la comisión a que pida ponencias y memoriales a agencias y organizaciones que tienen que ver con el procesamiento criminal como el Departamento de Justicia, Colegio de Abogados y Abogadas y la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), así como, al Departamento de Salud y al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

“Si, eventualmente, hay organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que interesen enviar ponencias, yo las recibo. Independientemente de lo que yo pueda opinar del proyecto, siempre doy la oportunidad de que las personas quieran comparecer a apoyar o a oponerse, se sientan con las puertas abiertas en la Comisión. Ese es el proceso y eventualmente, cuando crea que haya recibido suficientes ponencias y sienta que los miembros de la Comisión entiendan que el proceso amerita unas vistas públicas, pues se citan a vistas públicas”, sostuvo Aponte Rosario, del Partido Popular Democrático (PPD).

De ser llevado a vistas públicas dijo que sería a finales de mayo o en junio porque “ahora la comisión tiene las manos llenas con otros proyectos, incluyendo las denuncias de obstrucción o paralización de casos en el Departamento de Justicia”.

“Se supone que no deba haber discriminación contra una persona por razón de sexo y esta pena de castrar a los ofensores sexuales y a los que incurren en conductas de actos lascivos, solamente esta pena es contra los hombres, pero se sabe que los actos lascivos y las violaciones no son un delito que solamente cometen los hombres. Hay que ver cuán constitucional puede ser el que se imponga una pena exclusivamente a los hombres y tan severa como castrarlos aunque sea de forma química porque tendría el mismo fin de que la persona no pueda tener libido, deseo sexual, erecciones”, dijo para agregar que la medida “levanta banderas”.

“Este no es un tema nuevo aquí en Puerto Rico, eso se había planteado antes y hay muchos cuestionamientos a ese tipo de medida”, argumentó el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, quien, además, subrayó el planteamiento de la constitucionalidad.

“Sobre todo, hablar de maltrato sexual, de menores en Puerto Rico y hablar con ese tipo de proyecto de ley, es negar que llevamos décadas sin atender la crisis de maltrato de los menores, sin atender los problemas de los referidos de ese tipo de casos y ahora resulta que con esta legislación que se ha convertido en algo novedoso, cuando el problema es un problema social complicado, de miles de querellas que no se atienden, de los centros que atienden a los niños maltratados sexualmente, que no tienen presupuesto ni personal”, denunció Márquez Lebrón.

El portavoz alterno del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, indicó que es un proyecto que cumple con el reglamento y el trámite.

“Unos ciudadanos, en este caso Cyd Marie Fleming, Ferdinand Pérez y (Jugando) Pelota Dura, según dice la medida, solicitaron que se radicara y los legisladores lo radicaron. Ahora les corresponde a los peticionarios, defender la medida. Espero que las comisiones a las que se asigne el proyecto le den el trámite correspondiente y que los peticionarios tengan la oportunidad de ir a defender la medida”, sostuvo el legislador, pero no dijo que lo favorece o no.

“Me parece un intento de congraciarse con un sector de los mismos tres que radicaron un proyecto que nunca debieron radicar (el del aborto)”, opinó el representante popular, Ramón Luis Cruz Burgos.

No obstante, dijo que el proyecto hay que estudiarlo. “En castigar severamente a un violador, uno tiene que estar a favor, pero un proceso para atajar la criminalidad no se basa solo en lo punitivo, se basa en lo preventivo y en la rehabilitación”, sostuvo.

Jorge “Georgie” Navarro Suárez dijo, por su parte, que no favorece la pieza legislativa.

“Estoy en contra de eso, del saque no avalo esa medida. No sé cuál es la exposición de motivos ni en que se basa. No simpatizo con esa idea. Sé que en algunas jurisdicciones de Estados Unidos hay ese tipo de medida, pero nunca le he dado casco, cómo se implementa, si es una inyección y si son casos extremos, pero no estoy de acuerdo con la medida así de momento”, indicó Navarro Suárez.