La divulgación hoy, miércoles, del Plan de Ajuste Fiscal solicitado por el gobernador Alejandro García Padilla generó desde media mañana una ola de reacciones a favor y en contra de esa iniciativa que procura, entre otras medidas, una reestructuración de la deuda pública.

En el campo político las primeras expresiones de rechazo surgieron en la Legislatura, de líderes novoprogresistas como la representante Jenniffer González.

"La mejor evidencia de que esto no es un plan fiscal de cinco años sino una farsa política de 14 meses, es que el mercado financiero ha reaccionado negativamente al mismo al desvalorizar todos los bonos de Puerto Rico entre 1 y 2 puntos. No empece a ello, la propuesta que someta el Gobernador a la Legislatura, que ya sabemos tardará semanas, la evaluaremos y si encontramos algo positivo no lo objetaremos", dijo González.

“El impago con que amenazó hoy García Padilla a los acreedores tendría unas consecuencias catastróficas para el pueblo. La confusa ruta que propone en su mensaje el gobernador, va en la misma dirección que lleva su administración; elevando aún más el altísimo costo de la vida en Puerto Rico con mayores impuestos a la clase media y a los trabajadores, provocando mayor desempleo y perpetuando la crisis en nuestra economía”, expuso, por su parte, el senador estadista Thomas Rivera Schatz.

Mientras, la senadora pipiola, María de Lourdes Santiaco, recriminó que el plan se fundamente en acciones que serán detrimentales para la clase trabajadora.

“El Partido Popular, al acoger las recomendaciones del Informe Krueger, condena al país al recorte de servicios públicos, al empobrecimiento de los trabajadores y a la perpetuación de una política fiscal en la que los que más se enriquecen, menos contribuyen”, manifestó la legisladora independentista. Mientras, criticó que la propuesta no contenga ninguna iniciativa de desarrollo, ideas para atender los problemas de pobreza y desigualdad o promesa de no aumentar las contribuciones a las corporaciones extranjeras

Los legisladores populares, por su parte, elogiaron el plan y reclamaron madurez política para evaluarlo y encaminarlo. Al reclamar desprendimiento y unión de voluntades entre todos los sectores del País, el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, dijo que “es el momento propicio para viabilizar una discusión amplia, seria, respetuosa, sosegada, sin divisiones político partidistas; y teniendo como norte siempre el bienestar de las futuras generaciones”. “Me encuentro en el proceso de análisis de los datos que contiene, las posibles medidas legislativas que se necesitan y las reformas contempladas para lograr el crecimiento económico y la estabilidad fiscal de Puerto Rico. En su función representativa del País, la Cámara de Representantes discutirá en un proceso amplio de participación ciudadana, como ha sido nuestra costumbre, los proyectos que, en su momento, someta el Ejecutivo sobre el Plan presentado”, añadió. 

El representante popular Luis Vega Ramos, quien ha adoptado recientemente posiciones de disidencia ante propuestas del ejecutivo, mientras, opinó que “el gobernador correctamente le dice a los bonistas que tienen que ser parte de la solución renegociando la deuda de buena fe. De ellos no hacerlo, tenemos un deber de proteger el interés público de Puerto Rico”.

“Veo positivo que se apoye la reforma al Programa de Asistencia Nutricional para fomentar el trabajo que propuse la semana pasada en la Resolución Concurrente 59. Las demás propuestas las analizaré en detalle con cada proyecto que se presente. Mi evaluación dependerá de cómo cada propuesta se vincula directamente con el crecimiento económico del país y la estabilización fiscal. Lo que se discuta no puede reducir la capacidad adquisitiva de nuestra clase asalariada y media que ya ha sacrificado mucho”, agregó.

En el sector sindical, por otro lado, los discursos de rechazo al plan han prevalecido e incluso antes de la presentación del documento sectores obreros anunciaron que como parte de iniciativas de resistencia encaminarán un “paro nacional”.

Entre las primeras voces sindicales que condenaron el plan figuró Manuel Perfecto, presidente de la Unión General de Trabajadores.

A juicio de Perfecto con este plan están “condenando a las nuevas generaciones de trabajadores a pagar por las irresponsabilidades económicas y fiscales del pasado, de lo cual ellos no tienen culpa, con la eliminación de leyes de protección y beneficios laborales prospectivamente para los que se incorporen a la fuerza laboral”.