El alcalde de Culebra William Iván Solís Bermúdez reaccionó esta tarde a su referido a la Oficina Sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), para solicitar que se le investigara por supuesto enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos.

"Confirmamos que recibimos durante mañana de hoy, a la mano, la misiva de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, donde se recomienda la designación de un Fiscal Especial Independiente. Ahora es menester del panel de ex jueces de la Oficina del Panel de Fiscales Especiales Independientes. Confiamos en que el proceso se llevará a cabo con la mayor minuciosidad, pulcritud y claridad” comenzó diciendo en declaraciones escritas.  

“Tengan la certeza nuestros conciudadanos culebrenses que para este servidor no existe distracción alguna. Todas mis fuerzas y energías están concentradas en la recuperación de Culebra. Tenemos asuntos básicos y apremiantes que atender. Nuestros esfuerzos están dirigidos al restablecimiento del sistema eléctrico, agua potable, servicios de transportación y salud. Continuamos impactando diariamente las comunidades para asegurarnos que todos nuestros residentes tengan comida y agua potable”, añadió Solís Bermúdez. 

“Continuaremos desempeñándonos con la misma verticalidad, dedicación, compromiso y con el mismo ánimo que nos ha caracterizado por los pasados cuatro años, siempre vigilantes por su bienestar y el del que nos visita. Como hasta el momento, defenderé con dignidad y fervor nuestros derechos”, concluyó el ejecutivo municipal. 

La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, envió hoy a la Oficina Sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) el informe preliminar del alcalde en el que concluye que hay causa suficiente para creer que se han cometido delitos y se recomienda la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI), se informó mediante comunicado de prensa.

A raíz de un informe de auditoría realizado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico referido al Departamento de Justicia el pasado 22 de mayo se realizó una investigación que fue llevada a cabo por la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Mibari Rivera, y por la fiscal Elba Acevedo Pérez.

Según reveló la investigación preliminar, hay causa suficiente para referir por posibles violaciones donde el Alcalde infringió el Artículo 250 del Código Penal por enriquecimiento ilícito, Artículo 264 del Código Penal por malversación de fondos públicos, y violación al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.

Los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2014, durante la celebración del Día Profesional Administrativo, cuando Solís Bermúdez solicitó y realizó un vuelo fletado pagado con fondos públicos a St. Thomas en el que viajaron 10 funcionarios (entre ellos el chofer del alcalde, tres secretarias, directora de Programas Federales, directora de Casa de la Alegría, un auxiliar administrativo, la directora del centro de envejecientes, otro empleado y el Alcalde), y otras ocho personas, incluyendo parejas y conyugues de estos empleados y dos miembros de la Asamblea Legislativa municipal.

El gasto de fondos públicos fue de $1,000 por el vuelo, según dispone el Código Penal de Puerto Rico de 2012. Lo anterior ante un Municipio que ostenta un déficit en su presupuesto operacional.

“Examinada la evidencia recopilada durante la investigación, y a tenor con el derecho aplicable, el Alcalde obtuvo provecho para él y para terceros de servicios de transportación aérea en un viaje sin ningún fin público y fue pagado con fondos públicos”, lee parte del informe emitido al OPFEI.

Se aclara que el Municipio tiene un contrato con una tarifa especial para el Municipio con la aerolínea Air Charter, Inc. d/b/a Air Flamenco para realizar viajes oficiales y de emergencias a Ceiba, Vieques, Isla Grande, Humacao y San Juan, siempre y cuando tuviese un fin público. El contrato no incluía St. Thomas ni aquellos que tuvieran como jurisdicción viajes de placer o no oficiales.

“El Departamento de Justicia entiende que existe causa suficiente contra Solís Bermúdez para referirlo a la atención del OPFEI por actuar en contra de la ley, utilizando fondos públicos para fines no oficiales. La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor realizó la investigación preliminar de manera vertical y transparente, como corresponde en ley. Ahora le corresponde al OPFEI, conforme a su ley habilitadora, analizar y establecer si procede la radicación de cargos en contra del funcionario”, manifestó la Secretaria de Justicia.