Tras un receso de casi tres semanas, en medio de un estado de emergencia decretado por casos de Covid, la Cámara de Representantes retoma hoy lunes los trabajos presenciales.

En calendario solo está en agenda una vista de consideración final (mark up) del Proyecto de la Cámara (PC 2019), que busca enmendar varios artículos de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas para requerir que organizaciones políticas registradas ante la Comisión Federal de Elecciones se registren en la Oficina del Contralor Electoral (OCE) y rindan informes cuando los donativos que realizan o los gastos en que incurren sobrepasan de $1,000.

La vista pública es de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Electorales, que preside José “Conny” Varela Fernández, también vicepresidente de la Cámara y está citada para hoy lunes 4 de marzo, a las 2:00 de la tarde, en el Salón Audiencias 3.

La medida propone enmendar los artículos 2.001, 2.004, 3.009, 6.000, 7.000 y 12.004 de la Ley 222-2011.

“Entiendo que no hay objeción en ninguna de las delegaciones a este proyecto que lo que busca es enmendar aquellas disposiciones que tienen que ver con los llamados pacs y super pacs y toda organización política que vaya a incurrir en gastos o hacer donativos de más de mil dólares. Toda organización que sobrepase esa cantidad se tiene que registrar en la oficina del Contralor Electoral”, dijo el representante Varela Fernández, autor de la medida.

La iniciativa, dijo el legislador, es del contralor electoral, Walter Vélez Martínez, y dispone que los comités de acción política (Pac, en inglés) tendrían que inscribirse en la OCE “si quieren hacer algún donativo aquí o pagar cuenta”. Agregó que ahora, como no están registrados aquí, la OCE no puede fiscalizarlos.

El proyecto de ley propone enmendar los artículos 2.001, 2.004, 3.009, 6.000, 7.000 y 12.004 de la Ley 222 de 2011.

“Es una manera de que el Contralor pueda saber de dónde es el comité de acción política, quién trae el dinero, quiénes son miembros y la estructura estructura”, sostuvo Varela Fernández.

“Creo que la medida tiene los votos (en la votación interna de la comisión)”, dijo al indicar que en la vista de “mark up” podrían surgir enmiendas. Añadió que espera rendir un informe positivo pronto y “bajar la medida a votación al hemiciclo lo antes posible”.

El martes 5 de marzo reanudan las sesiones en el hemiciclo cameral y el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), en el cuerpo legislativo, Ángel Matos García adelantó la pasada semana que considerarán al menos 48 medidas, distribuidas en tres calendarios, además de otras piezas legislativas que serán descargadas o estaban en asuntos pendiente.

Matos García rechazó que el cierre del hemiciclo cameral desde el pasado 13 de febrero provoque un ataponamiento de medidas que afecte el flujo de los trabajos legislativos de la presente sesión ordinaria, última del cuatrienio y única en 2024, como denunciaron legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Matos García reconoció sin embargo, que más adelante en el año, después de las primarias del 2 de junio, la Cámara tendrá que reunirse más de una vez a la semana para aprobar medidas antes del 30 de junio al cierre de la sesión ordinaria.

El 12 de febrero el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez decretó la suspensión de trabajos presenciales en medio de una controversia legal con la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñoz, quien rehusó ponerse mascarilla. Con la suspensión de labores presenciales quedaron pendiente varias medidas legislativas

Entre las medidas que podrían ser consideradas en la sesión de este martes podría figurar la Resolución Conjunta de la Cámara 606, que detalla cómo se repartirá el incentivo reintegrable a los contribuyentes elegibles.

La Cámara en su origen estableció que el incentivo fuera de un mínimo de $100.00, pero el Senado aumentó el monto a $200.00.

Otras piezas legislativas que podrían llevarse a votación son dos proyectos del Senado, el PS 1261, que busca que se declare como servicio esencial, la transportación marítima a las islas municipio de Vieques y Culebra, así como, el PS 571 para que al igual que a Culebra, en el servicio de ferry a la Isla Nena, se incluya un cargo ambiental de $2.00 para el manejo del vertedero municipal.

También están pendiente los proyectos casi idénticos que buscan que sea mandatoria la pena de cárcel en los llamados casos de hit and run, uno que aprobó el Senado el 19 de febrero y otro que está pendiente de votación la Cámara.