El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, se expresó este martes sobre la polémica en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en torno a la liberación del confinado Hermes Ávila Vázquez, que fingió tener una enfermedad incapacitante y una vez libre se cree fue responsable de asesinar a una mujer, y sostuvo que, de haber sido él la persona responsable de tomar una decisión sobre la secretaria de la agencia, habría suspendido temporalmente a Ana Escobar hasta que se completara la investigación y se fijaran responsabilidades por lo ocurrido.

“Yo creo que se cometieron unos errores. Yo hubiese separado a la directora (secretaria) de la posición hasta tanto se terminase la investigación. Eso le daba entonces mayor transparencia. Eso no ocurrió y creo que eso va a girar en contra del gobierno. Yo la hubiese temporalmente separado del cargo en lo que se concluía la investigación. Si estaba todo bien, volvía al cargo. Si había algo incorrecto, pues proceder en la manera que correspondiera”, comentó Rivera.

Refiriéndose en particular al caso de Ávila Vázquez, el confinado que cumplía una condena de 122 años de prisión por asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación a Ley de Armas, y que se alega burló a profesionales médicos y personal del DCR fingiendo estar parapléjico para beneficiarse de la Ley 25 de 1992 que permite la liberación de confinados pacientes de enfermedades terminales, y una vez libre se cree asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega y enfrenta varios cargos por ese crimen, el alcalde consideró el caso como “algo muy mal manejado”.

“Es cuestión de sentido común. Que no me vengan a decir que profesionales de la salud no pueden identificar si una persona es parapléjico o no. O sea, ese caso estuvo muy mal manejado, desde el principio”, consideró Rivera. “Los profesionales que saben de eso te lo pueden decir (si es o no parapléjico). Hay maneras de usted poder identificar eso. Creo que fue un caso muy mal manejado, muy mal manejado. No sé si por deficiencias. No sé si había alguien que estaba detrás. No sé si es que a lo mejor quieren bajar la población sociopenal… de verdad que no sé”.

Criticó que “ahora todo el mundo se está pasando la papa caliente” en busca de eludir responsabilidad por lo ocurrido.

“Ayer vi a los de la compañía de médicos (Physician Correctional) tratando de echar la papa caliente al Fondo del Seguro del Estado. Ahora me imagino que el Fondo del Seguro del Estado saldrá a decir, ‘no, no fuimos nosotros, fue Pedro’. Y Pedro va a decir, ‘no, fue Juan’. No, no. Yo creo que hay que investigar, y hay que ponerle los puntos a las íes”, insistió.

“Nadie dice nada, todo el mundo se está pasando la papa caliente. Corrección se la pasa a la compañía privada (Physician Correctional), la compañía privada se la pasa al Fondo del Seguro del Estado. O sea que ahora nadie tiene la culpa”, insistió, recordando que todo eso ocurrió pese a que “la persona tenía un récord delictivo peligrosísimo”.

Afirmó que, a raíz de todo lo ocurrido, “es que yo entiendo que tiene que haber una investigación profunda. Y no solamente ese caso, coger todos los casos que han salido a la libre comunidad y ver cuáles realmente valía la pena darle la oportunidad y cuáles no se le debió dar la oportunidad”.

Cuestionó si, tal como fue deficiente el proceso para conceder la libertad a alguien que a todas luces no debió recibir tal beneficio, no podría haber sido igual de deficiente para negárselo a algún confinado que sí lo mereciera.

“Por eso es que digo que tiene un análisis serio, con toda la paciencia del mundo, para asegurarse que esa investigación tenga resultados positivos a largo plazo, corregir lo que haya que corregir, ajustar lo que haya que ajustar, botar a quien haya que botar, y transformar el sistema”, afirmó. “Y claro, que no vaya a pagar justos por pecadores. Porque le puedo decir que hemos tenido esa experiencia, que hemos ayudado a exconfinados, y le diría que en el 90% de los casos se han logrado reinsertar a la sociedad y han sido empleados muy productivos y provechosos a la sociedad”.

El alcalde reiteró que, en lo que respecta a la secretaria y su posible responsabilidad en el asunto, así como su cuestionada permanencia en el cargo, “mi sugerencia hubiese sido que yo la hubiese movido de manera temporal, hasta que se termine la investigación”.

“Pero eso le corresponde al gobernador (Pedro Pierluisi)”, agregó Rivera, prominente figura del Partido Nuevo Progresista (PNP) que ha expresado públicamente su respaldo a la candidatura a la gobernación de Jenniffer González, retadora del gobernador en las primarias partidistas que tendrán lugar en un par de semanas.

Las críticas del alcalde no se quedaron ahí, pues fue más allá del polémico caso del ahora imputado de otro feminicidio, y expresó preocupación por la situación en las cárceles del País.

“Oigo de muchas muertes por fentanilo, una entrada enorme de drogas a las distintas cárceles, cuál es la condición en la cual están viviendo los confinados, quién está supervisando a estas compañías que les toca tomar las determinaciones de sacar personas en libertad bajo palabra, quién está supervisando y auditando a las compañías como esta que dan servicios médicos”, cuestionó. “Yo creo que más allá de lo del señor Ayala, hay que ir un poquito más adentro para hacer los ajustes correspondientes que merece el sistema de corrección en Puerto Rico”.

A preguntas de la prensa, tras el anuncio de un nuevo servicio de transporte público para las zonas rurales de Bayamón, el alcalde reiteró sus cuestionamientos en torno al manejo del DCR

“¿Alguien ha hecho alguna auditoría? ¿Alguien ha hecho algún análisis, algún estudio? ¿Tenemos data de cuál es el porciento de confinados que logran la recuperación y logran hacer una reinstalación a la sociedad de manera positiva y efectiva? ¿Sabemos cuántos casos o cuánto toma habilitar a una persona que a lo mejor cometió un delito y era un delito más simple, por ponerlo de esta manera, y salen luego en libertad, pero para conseguir trabajo necesitan llenar una serie de pasos y de documentos?”, preguntó Rivera.

Puso el ejemplo de la experiencia en el propio municipio que dirige, donde ayudan tanto a trabajadores sociales del DCR como de agencias federales, “para dar oportunidad a X confinados a que se puedan volver a insertar a la sociedad”.

“¿Sabe cuánto me tomó ayudar a dos personas? Más de un año para que el Departamento del Trabajo le diera la habilitación a dos personas para que pudieran trabajar. De esa manera no vamos a lograr entonces que la gente quiera echar hacia adelante en la vida. Son muchos los detalles que yo estaría mirando dentro del Departamento de Corrección (y Rehabilitación)”, afirmó.