A 26 días de que venza el contrato suplementario de la compañía LUMA Energy para la transmisión y distribución de energía eléctrica en el País, el representante popular Ramón Luis Cruz Burgos hizo un llamado hoy al gobernador Pedro Pierluisi a que no dé paso a la renovación del laudo entre el consorcio energético y el gobierno de Puerto Rico.

En conferencia de prensa en el Capitolio, Cruz Burgos dijo que algunas cláusulas del contrato “promueven la ineficiencia” y denunció que la compañía sobre facturó unos $600 millones a los abonados.

“Hay razones de sobra que se han establecido públicamente, razones de sobra que el gobernador conoce y razones de sobra que vive el pueblo puertorriqueño todos los días para que este contrato no se extienda, se cancele y se retome la administración y el servicio a la gente a través de la transmisión y distribución”, indicó el representante por el distrito 34 (Yabucoa, Maunabo, Patillas y San Lorenzo).

Según el legislador, “hay una disparidad” de un 17% de aumento en el precio de la compra de combustible y la tarifa por kilovatio hora que factura la empresa.

“Nos sentamos a comparar los aumentos que ha establecido LUMA con el aumento que ha tenido el petróleo durante el mes de junio 2021 hasta la actualidad y es bien interesante saber que hay una disparidad de 17% entre la relación de aumento del petróleo y del aumento del kilovatio/hora. A pesar de que decían que había que aumentar la tarifa de energía eléctrica por kilovatio/hora para costear el aumento constante en el petróleo, lo aumentaron 17% más”, dijo Cruz Burgos.

Reclamó el representante del Partido Popular Democrático (PPD) que el crédito de más de un dólar que le está llegando a los clientes “se supone que fuera de $50 mensuales, porque facturaron 17% por encima el kilovatio/hora en comparación al aumento que tuvo el combustible”.

Ante las expresiones que ha hecho el Gobernador en apoyo al contrato y al igual que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el legislador indicó que “la única herramienta que tiene el pueblo es la expresión y la presión”.

“El Gobernador que sea empático con el país y no puede respaldar de ninguna manera a una compañía que le cuesta más cara el servicio y para colmo de males tiene un contrato hecho a la medida”, sostuvo.

En cuanto a las alternativas que tendría el gobierno, si optara por la renovación del contrato, Cruz Burgos dijo que en su carácter personal favorece una cooperativa eléctrica o que sea la Universidad de Puerto Rico la que asuma el servicio, así como, proyectos de energía renovable. “Como gobierno podemos constituir una autoridad, pónganle el nombre que le quieran poner que le pueda dar mejor servicio al país y que sea costo efectiva”, indicó.

De acuerdo con Cruz Burgos, el contrato de LUMA tiene “un sinnúmero de cláusulas” que en lugar de garantizar un mejor servicio para el país, promueven “la ineficiencia, el mal servicio y el lucro desmedido de la compañía privatizadora”.

Según el legislador en el anejo IX, las métricas de cumplimientos están mayormente estructuradas para promover la otorgación de un incentivo económico para LUMA. “Pero, es el mismo privatizador quien somete los límites o parámetros específicos de desempeño que son avalados por el Negociado de Energía, lo que los lleva a adjudicarse el incentivo económico por desempeño que comienza en $13 millones a $19 millones anuales por los primeros tres (3) años y $20 millones anuales por el término restante del contrato. Esto representa unos $309 millones adicionales para LUMA durante la vigencia del contrato”, indicó Cruz Burgos.

“Cuando se firmó el contrato con LUMA se anticipó que este privatizador iba a generar unas economías operacionales de $250 millones en los primeros tres años en comparación con la AEE. Pero LUMA tuvo una pérdida de $20 millones en su primer año de operación. Y recientemente, el Negociado de Energía le aprobó a LUMA un presupuesto operacional para su segundo año que es $7 millones mayor al anterior, provocando un aumento en el costo del servicio”, sostuvo.

Mencionó que la Sección 14.5 del contrato establece que el excederse en el presupuesto operacional puede ser una justificación para la terminación del acuerdo. “Sin embargo, ese posible incumplimiento está condicionado a que surja un déficit presupuestario operacional por tres (3) años consecutivos o más y que no existan situaciones de fuerza mayor o eventos sustanciales de interrupciones en el servicio. En otras palabras, LUMA tiene mano libre para incurrir en déficits operacionales por tres (3) años consecutivos sin exponerse a penalidades, y aun así, puede justificar una extensión de esos déficits con alguna situación de fuerza mayor”, agregó.

“Gobernador, quedan 20 y pico de días para que se tome una decisión y es evidente que el contrato no es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico. Parece que lo escribió LUMA”, indicó Cruz Burgos.

Riposta LUMA Energy

Por su parte, LUMA Energy reclamó que no tiene responsabilidad por las alzas tarifarias decretadas por el Negociado de Energía a consecuencia del costo del combustible.

La empresa indicó en declaraciones escritas que “cualquier insinuación de que LUMA es responsable de alguna manera de los aumentos en las facturas de los clientes por los costos del combustible es categóricamente falsa y engañosa”.

Dijo que “nunca ha aumentado o propuesto aumentar las tarifas de los clientes” y que “no tiene control sobre cómo el alza en los precios del combustible de generación puede afectar las facturas o las tarifas de los clientes, las cuales son establecidas por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR)”.

El consorcio energético dijo que “no genera electricidad ni se beneficia económicamente de ningún cambio o aumento en los costos del combustible de generación”.

Sostuvo que desde el inicio del 2021, “ha habido siete aumentos en la tarifa de luz que pagan los clientes debido al alza en los costos del combustible utilizado por la AEE y otras generadoras, mientras que no se ha propuesto ningún aumento para pagar por las operaciones de LUMA”.

¿Que dice el Gobernador?

El gobernador, por voz de su oficial de prensa, Sheila Angleró, dijo que ya se ha expresado sobre la cancelación del contrato, que está enfocado en la reconstrucción que está en curso y que “se continúa fiscalizando a LUMA para asegurar que mejore en las áreas que debe mejorar”.