La opinión que emitió el Departamento de Justicia sobre el contrato de LUMA Energy en noviembre de 2022 nunca tomó en cuenta si la empresa a cargo de la transmisión y distribución de energía ha cumplido o no con las disposiciones del acuerdo pactado con la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP).

La limitación en la opinión legal de Justicia fue descrita por el presidente del comité de transición del gobierno entrante y alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, como un “wishy-washy”. El término significa débil o aguado.

La controversia sobre LUMA Energy salió a relucir este martes durante las vistas de transición, que se realizan en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

En un inicio, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, aclaró, a preguntas de la abogada Verónica Ferraiuoli, miembro del comité de transición del gobierno entrante, cuál fue el grado de atención que le dio la agencia a la controversia de LUMA y su contrato. Buscaba conocer si este podía ser cancelado, como propone la gobernadora electa, Jenniffer González Colón.

“Para yo estar bien clara, 100% clara de lo que usted establece aquí. (Mostró la opinión legal de 55 páginas). Usted lo único que miró fue la faz del contrato, que las disposiciones del contrato cumplieran con lo que la ley requiere que el contrato incluya, que los procesos que la ley requiere se hayan seguido y usted concluyó que el contrato en su faz…”, le cuestionó Ferraiuoli.

“Es válido”, le interrumpió el secretario.

“O sea, ¿usted no estudió si las representaciones que se hicieron durante el proceso de escoger la APP son correctas o no?”, cuestionó otra vez.

“Eso es lo que yo le digo a ellos. Mira, el contrato es válido y tiene unos mecanismos para romper el contrato o ir al tribunal. Fuera de eso, no (se hizo nada más), porque no se me encomendó a mí. Y hay que tener en consideración que la AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), ellos son los que administran este contrato y si alguien quisiera ir al tribunal, ellos tienen que ir a través de la AAFAF”, precisó el titular.

Insistió que nadie le solicitó evaluar violaciones al contrato. Dijo que, como quiera, esa evaluación no le corresponde. Alegó que estaría en manos de la AAPP.

De hecho, Emanuelli comentó que hacer tal evaluación “requiere un abogado serio para tomarse una determinación, que créame es bien, bien complicada para cualquier gobierno”.

En conferencia de prensa, el secretario aclaró que la postura que deseaba expresarle al comité de transición era que la función de supervisar el contrato, señalar incumplimientos y demandar es de la AAPP.

Dijo que si el ente no cuenta con abogados que crean capacitados para evaluar el caso, pueden solicitar una dispensa a Justicia.

Comentó que, para analizar incumplimientos y promover la cancelación del contrato, tendrían “que ver qué pruebas hay, cuáles son los elementos de lugar a considerar, pero no creo que haya”.

Ante la postura de Justicia, Rivera Cruz dio su opinión.

“Si usted me pregunta a mí, eso fue un ‘wishy-washy’. Todo el mundo sabe que el contrato puede ser legal entre dos partes. Había dos partes, negociaron unas condiciones específicas. Pero, yo esperaba que el Departamento de Justicia pudiera profundizar en el mismo y determinar si podía identificarse alguna forma o manera de que el contrato pudiera ser cancelado o en lo contrario, que el contrato no puede ser cancelado, porque no tiene las herramientas para esos propósitos. Así que meramente eso fue decir, mira, este contrato es legal. Había dos partes, se reunieron, llegaron unos acuerdos y firmaron el contrato”, manifestó.

Ferraiuoli, por su parte, combatió la postura del secretario de Justicia de que la evaluación de los incumplimientos le correspondía hacerla a la AAPP.

“Yo pensaba que el secretario de Justicia era el abogado del gobernador y el abogado del pueblo y no veo ninguna razón por la cual él no pueda decir, yo hice la asignación y yo entiendo que sí ha habido incumplimientos… Quien es el nombre que aparece en la demanda es otra cosa. Pero, yo no entiendo por qué el secretario de Justicia no puede tomar una determinación legal. Sí, es su trabajo, es su trabajo decirle al gobernador cuál es el estado de derecho de las cosas”, puntualizó.

La abogada insistió que la promesa de la gobernadora electa es que “todos tengamos un sistema eléctrico que funcione, que nosotros podamos confiar en él y que no tengamos que pagar un ojo de la cara por la electricidad que recibimos. Y ¿cómo nosotros hacemos eso? Pues, creo que no es manteniendo a LUMA o no terminando el contrato, ‘no matter what’. No creo que esa es la política pública de la gobernadora electa”.

Tras la discusión de este tema, la exfiscal Janet Parra, quien también forma parte del comité de transción del gobierno entrante, señaló que Emanuelli demuestra estar “enajenado del Departamento y que su toma de decisiones no eran las correctas”.