En su mayoría son hombres que ocupan diversos puestos en el gobierno -muchos de éstos en áreas de supervisión de mediana jerarquía-, apenas llevan entre meses o cinco años trabajando en alguna agencia o corporación pública y fueron investigados por haber utilizado sus facultades y deberes para beneficiarse de fondos públicos correspondientes a sus funciones o para provecho de parientes.

Este es parte del perfil del corrupto en el gobierno, según el último informe Radiografía de la Corrupción III, un documento que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) elabora a fin de conocer las características generales del servidor público que incurre en actos contrarios a la normativa de la agencia, destacándose aquellos constitutivos de corrupción.

El estudio -que analizó las instancias que enmarcaron 86 resoluciones por violación a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental (Ley 1 de 2012) emitidas en el periodo del 3 de enero de 2012 al 30 de junio del 2020- documenta a través de márgenes porcentuales las diversas tendencias de conductas irregulares que tuvieron empleados de agencias gubernamentales, de corporaciones públicas y de los municipios. Además, se destaca cuáles son los puestos que más incurren en violaciones antiéticas, así como los recursos públicos más afectados.

Se detalla, además, si el actor (empleado querellado) actuó para beneficio propio, de algún pariente, para una persona o entidad privada o para un partido o candidato. Una resolución es el documento en el que la OEG establece su determinación sobre una querella presentada por abogados investigadores de la oficina contra un servidor o exservidor público, luego de culminada una investigación administrativa y finalizado un proceso adjudicativo. Cabe señalar que las violaciones a la Ley 1 o Ley 12 de Ética Gubernamental no caducan. Las resoluciones culminan con multas y procesos de restitución de dinero para los infractores. Durante el periodo analizado en la radiografía se emitieron $2.4 millones en multas, de las cuales se recaudaron $787,531. Unos $177 mil fueron restituidos a agencias afectadas.

En entrevista con Primera Hora, el director de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, destacó que los hallazgos de la radiografía sirven para repasar la estructura de los procesos administrativos, la calidad de supervisión que se dan en diversos escenarios gubernamentales y reconocer las deficiencias operacionales en la toma de decisiones y provocar que se optimicen los manejos de propiedades y fondos públicos.

“Como en las radiografías anteriores vemos que, nuevamente, los hombres son los que cometen más actos corruptivos en violación a la ley de ética… aunque hemos visto un crecimiento leve donde las damas son encontradas cometiendo violaciones”, manifestó.

Las estadísticas del estudio reflejan que el 67% de los actos fueron cometidos por el género masculino y el 33% por el femenino. La radiografía pasada (un análisis de datos de 2009 a 2016) las mujeres ocupaban el 30%.

“Tenemos que el 83% de las querellas son en puestos de supervisión. Estos son los que más incurren en violación y eso nos deja ver que estas personas que cometen actos constitutivos de corrupción son las que ocupan puestos de mediana jerarquía. No se trata, necesariamente, de los jefes de agencias o los alcaldes. Tampoco son los de más abajo”, sostuvo al agregar que se trata de ciudadanos que no tienen un supervisor cercano, pero tienen acceso a información o servicios.

Aunque la radiografía no menciona nombres, el director recordó, a modo de ejemplo, el caso de Grace Díaz Pastrana, quien fue directora de Recursos Humanos de la Compañia Fomento Industrial, quien para el 2015 hizo un acuerdo contractual con la pareja de una empleada para la construcción de unos gabinetes. “La persona le quedó mal y ella decidió retener el cheque de esa empleada. Aquí vemos una clara violación a la Ley de Ética Gubernamental porque ese asunto (personal) ella lo tenía que resolver en DACO o alguna otra agencia pertinente”, dijo Pérez Vargas al agregar que a Pérez Pastrana se le impuso una multa de $12,500.

Según el director ejecutivo, algunos casos que son investigados en la agencia no prosperan a nivel del Departamento de Hacienda o de Justicia, pero sí en la OEG. También ocurren escenarios a la inversa.

En ese sentido, mencionó el caso de Aníbal González Rodríguez, un supervisor de investigadores forenses del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) al que se le señaló de haber ocupado la tarjeta de crédito de un difunto. Cuando sale a relucir la situación, el querellado alegó que no se dio cuenta que tenía la tarjeta del fallecido, que alguien a su vez se la robó a él y que esa persona hizo múltiples transacciones que desconocía hasta que surgió la denuncia.

“A nivel penal esta persona salió bien, porque el quantum de prueba presentado en tribunales no pudo probarse más allá de duda razonable. Pero en nuestra investigación sí detectamos violaciones la ley de ética y se le impuso una multa de $8,000 que pagó sin inconvenientes”, sostuvo Pérez Vargas.

En términos de puestos afectados, la radiografía indica que el 65% son servidores públicos y el 35% alcaldes o jefes de agencias.

Entre los casos investigados y adjudicados se incluyen el del exalcalde novoprogresista de Maricao, Gilberto Concepción Valentín, quien durante dos décadas se mantuvo violando disposiciones de la Ley de Ética, incluyendo acciones de nepotismo por haber nombrado ilegalmente -en dos ocasiones- a su hermano a puestos de confianza, entre otras irregularidades administrativas.

En este renglón de reincidencia cae también el alcalde Marcos “Turin” Irizarry, quien fue señalado por utilizar propiedad del municipio para hacer boletines políticos y por archivar querellas y boletos de amistades que fueron emitidos por la policía municipal.

“Estas personas son reincidentes… Ahí se incluye también el caso del alcalde aquel de Cidra (Ángel “Wiso” Malavé), a quien se le impusieron durante varios años diversas querellas que iban desde ordenar a empleados del municipio a hacer gestiones político partidistas en horas laborables hasta utilizar equipos electrónicos del ayuntamiento para reproducer pancartas y otros materiales políticos”, dijo el director sobre el exalcalde, que resultó convicto por haber hostigado sexualmente a empleadas municipales.

Precisamente, la radiografía refleja que el 8% de los beneficiados por las acciones de los actores (querellados) son partidos o candidatos políticos. El 67% actúa para beneficiarse a sí mismos y un 14% para preeminencia de parientes.

“En el caso de figuras políticas estamos sugiriendo que se trabaje a nivel de Ley Electoral para que se les impida volver a ser candidatos… eso lo quisiéramos atender con enmiendas. Es importante que haya consecuencias más directas y que no sea solamente decir: ‘tienes una multa, sígalo’, y si lo vuelve a hacer más adelante no pasa nada. No. La intención debe ser que no deben ocupar más cargos en el servicio público”, acotó Pérez Vargas.

De otra parte, el estudio subraya que el 41% de los infractores llevan apenas laborando entre meses y cinco años en la agencia, corporación pública o municipio.

“Esto refleja grandemente la corrupción social que hay. Son personas que llegan con esa mentalidad de cometer actos ilegales. La mayoría de los servidores públicos son comprometidos, pero está este grupo que no les importa y eso refleja el detrimento social y la mentalidad de corrupción que hay”, dijo el funcionario.

Entre la propiedad pública utilizada indebidamente, el 45% son fondos públicos, el 21% equipos, el 8% vehículos, el 7% instalaciones, el 5% tarjetas de crédito y el 3% información. Un 11% se clasifica como “otros”.

Los servidores públicos que más han violado el Código de Ética pertenecen al Departamento de Educación, al Departamento de Hacienda, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, entre otras.

En este renglón de servidores públicos corruptos están desde un conserje en Jayuya que durante una jornada de limpieza se apropió de unos equipos electrónicos, hasta una empleada del Fondo del Seguro del Estado que activó la tarjeta de compensación económica de un paciente que fue dado de alta para beneficio propio.

“En Hacienda tuvimos otro caso en el que la persona hizo órdenes de servicios sin que se reflejara el cobro en el sistema, por lo que se entendía que estaba reteniendo el dinero”, explicó.

Las principales violaciones al Código de Ética son: 31% al artículo 4.2 (b) por abuso a sus deberes y facultades; 27% al artículo 4.2 (s) por imparcialidad e integridad de la función; 16% al artículo 4.2 (r) por incumplimiento de deberes; 8% al artículo 4.2 (i al n) por razones político partidistas; y un 18% categorizado como otras.

A raíz de estos escenarios de corrupción se creó en 2018 la Ley 2 que consolida las disposiciones de distintas leyes en un solo estatuto.

En aquella ocasión, la exposición de motivos de esa ley destacaba “la alta corrupción” en la Isla a nivel gubernamental.

“Puerto Rico tiene una tasa considerablemente alta de corrupción, usualmente relacionada al mal uso de fondos públicos. La modalidad de corrupción más frecuente en el País es la que se da a través de sobornos entre una empresa privada y un funcionario público. La mayoría de los casos que han llegado a los tribunales y ciertamente los más notables, se relacionan con la otorgación de contratos. Sin embargo, la corrupción no se limita al proceso de contratación de servicios, por lo que probablemente otros actos corruptos pasan desapercibidos”, lee el documento fechado en 2018.

A raíz de esta ley se creó un grupo interagencial anticorrupción a fin de lograr una alianza entre dependencias para luchar contra esta problemática. La misma está compuesta por el director de la OEG, quien preside el organismo, así como por el Contralor de Puerto Rico, el presidente del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el secretario del Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda, el Inspector General y el Comisionado del Negociado de la Policía, entre otros.

Entre los propósitos de este comité está mejorar la habilidad del gobierno para recibir información sobre posibles actos de corrupción y fortalecer los procesos para evitar la impunidad.

Curiosamente, este organismo fue impulsado por un gobernador (Ricardo Rosselló) que tuvo que renunciar, junto a gran parte de su gabinete, en medio de escándalos de corrupción.

El pasado año, este comité se reunió en tres ocasiones. La última fue en septiembre. Según dijo Jenniffer Rodríguez, portavoz de prensa de la OEG, el próximo cónclave será este mes de febrero.

Pérez Vargas reconoce el problema, pero subraya que les corresponde a los jefes de agencia, alcaldes, asesores, personal de supervisión y auditores elaborar planes de prevención y de acción.

“Un jefe de agencia no debe esperar porque se resuelva un caso en Ética, que Hacienda recobre un dinero o que se encause a alguien en Justicia. Los patronos deben revisar sus manuales y tomar acciones administrativas, ya sea una suspensión o destitución”, dictó.