La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) radicó querella contra el alcalde de Las Marías, Edwin Soto Santiago, por nombrar a dos exconvictos de delitos graves como empleados del municipio, pese a que ambos eran inelegibles para ocupar cargos en el servicio público.

En el recurso radicado el pasado viernes, 9 de diciembre, la agencia solicita a que el ejecutivo municipal restituya unos $34,779.01 al erario público por contratar a Luis A. González Torres y Jonathan Ortiz Muñoz, sin antes verificar que ambos fueron destituidos del Negociado de la Policía de Puerto Rico el 16 de noviembre de 2010, y luego procesados ante el Tribunal Federal de Puerto Rico por cargos relacionados al narcotráfico en el año 2011.

En el caso de González Torres, su nombramiento se dio el 18 de septiembre de 2017, para que el exconvicto ocupara un puesto transitorio en el Departamento de Recreación y Deportes, donde estuvo hasta el 31 de diciembre de ese año. Luego fue contratado nuevamente el 26 de octubre de 2018 como un líder recreativo de la misma agencia de manera transitoria, por el cual trabajó hasta el 31 de diciembre de ese año.

Próximamente, el municipio extendió su contrato hasta el 31 de enero de 2019, y volvió a nombrarlo para el mismo puesto, de manera irregular, entre el 1 de febrero al 30 de junio de ese año, y del 5 de julio hasta el 30 de septiembre de ese año.

Sin embargo, González Torres fue sentenciado ante el Tribunal Federal a 37 meses de prisión por “conspiración por posesión de cocaína con la intención de distribuirlo” y otros 30 meses por “posesión de un arma de fuego para la comisión de un delito de narcotráfico” el pasado 13 de septiembre de 2011.

Según la OEG, el ayuntamiento le desembolsó a González Torres un salario de $7,423.56.

Mientras tanto, Ortiz Muñoz fue nombrado por el municipio el 6 de noviembre de 2017 para ocupar un puesto irregular como conductor en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. El exagente estuvo hasta el 30 de junio de 2018. Después, del 1 de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2019, ocupó el mismo puesto, pero con estatus transitorio.

La agencia puntualizó que a Ortiz Muñoz se le desembolsó $27,355.45 en salario.

El entonces policía fue sentenciado el 11 de julio de 2011 a 37 meses de prisión por “conspiración por posesión de cocaína con la intención de distribuirlo, ser cómplice y encubrirlo” y otros 60 meses por “posesión de un arma de fuego para la comisión de un delito de narcotráfico”. No obstante, la OEG puntualizó que este era inelegible a pertenecer al servicio público hasta que, el pasado 2 de diciembe de 2019, se le concedió habilitación total.

La radicación de la querella contra Soto Santiago se realiza ante violaciones a la Ley de Municipios Autónomos por no seguir el debido proceso de nombramiento que estipula el reglamento. El ejecutivo municipal tiene hasta el jueves, 29 de diciembre, para contestar las alegaciones de la querella.

En octubre de 2021, la Contraloría de Puerto Rico señaló dichas contrataciones en el informe de operaciones fiscales del municipio. “Nuestro examen sobre el particular reveló que el 18 septiembre y el 6 de noviembre de 2017 el alcalde nombró a dos personas exconvictas para ocupar puestos en el municipio, sin verificar, conforme a lo dispuesto en la Ley, su elegibilidad y cumplimiento con el proceso de habilitación para ocupar puestos en el servicio público”, reza el documento.