La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, radicó legislación para garantizar que las personas con diversidad funcional tengan acceso digno, oportuno y continuo a servicios médicos en el país.

“Lamentablemente, la infraestructura del Departamento de Salud, así como de muchos otros aspectos del sistema de salud de Puerto Rico, no contemplan consideraciones específicas suficientes hacia las personas con necesidades especiales”, denunció la senadora.

Santiago Negrón dijo que en Puerto Rico las condiciones que se exigen para permanecer en las salas de espera, o para recibir tratamiento en los entornos clínicos, suelen ser incompatibles con las características, y conductas inherentes a ciertos diagnósticos o trastornos. “Esa realidad genera una brecha, en ocasiones insubsanable, entre las familias de personas con diversidad funcional y los servicios de salud a los que todo ser humano tiene derecho. Esto, como hemos resaltado, afecta la calidad de vida y reduce la expectativa de vida para una población especialmente vulnerable”, indicó en conferencia de prensa en el Capitolio.

La legisladora sostuvo que, en el caso de menores con diversidad funcional, particularmente las niñas y niños con condiciones severas, la falta de protocolos y de conocimiento de muchos especialistas para recibirlos y atenderlos –algunos de los cuales, incluso, deniegan el tratamiento solicitado porque no saben cómo manejar sus necesidades especiales–provoca que las madres y otros familiares terminen perdiendo el tiempo y dinero invertido en el proceso.

“La experiencia es cada día más compleja porque, aun cuando las jefas de familia suelen abandonar la fuerza laboral remunerada para atender permanentemente a sus hijas e hijos, ellas envejecen y no existe una red de apoyo para suplantar sus esfuerzos. Y todo esto lo empeora aún más la absurda burocracia que imponen las compañías aseguradoras, dificultándole a las madres el acceso a servicios especializados”, sentenció la Portavoz del PIP.

Detalló que en la medida, Proyecto del Senado 982 se destacan otras áreas de necesidad que requieren atención inmediata en los entornos clínicos, entre ellas: la falta de intérpretes de lenguaje de señas y de información provista en braille; la falta de acceso a medicamentos recetados, como consecuencia de las restricciones impuestas por las aseguradoras de salud, la poca capacitación específica sobre la diversidad funcional crónica que reciben los profesionales de la salud en su educación médica formal y la deseabilidad de que se desarrollen equipos interdisciplinarios diseñados para coordinar los tratamientos de manera integral.

Mencionó también la necesidad de que se ofrezcan servicios médicos en el hogar (house calls) bajo las cubiertas de seguros de salud; la pertinencia del uso de los recursos tecnológicos para proveer servicios de telemedicina, el reconocimiento de turnos prioritarios y por cita a las personas neurodiversas o con diagnósticos comprometidos cuando acuden a solicitar servicios o tratamiento de forma presencial; la necesidad de establecer salvaguardas para evitar tratos discriminatorios ilícitos; y que se garantice la provisión del servicio de anestesia general a pacientes que por razón de su edad o diversidad funcional están imposibilitados de tolerar el dolor o de cooperar con el tratamiento, procedimiento o estudio médico, entre otras necesidades e insuficiencias.

“Con la aprobación de esta medida buscamos que se reconozcan y respeten los derechos de las personas con diversidad funcional, principalmente cuando requieren procedimientos médico-hospitalarios. Es indispensable que los profesionales de la salud se eduquen para que tengan un amplio entendimiento de como mejor servir y comunicarse con esta población”, indicó la senadora.

Añadió que también se impone la necesidad de extender protecciones y derechos adicionales a las personas con diversidad funcional en su interacción con las proveedoras de servicios de salud, las organizaciones de seguros de salud y las agencias gubernamentales que reglamentan o canalizan dichos servicios.