Una demanda radicada en el foro federal busca que se declare inconstitucional, y por tanto sea anulada, la Ley 51 de 2020, que dispone para la celebración del plebiscito de Estadidad Sí o No en las elecciones generales del 3 de noviembre.

Según anunció Marco Rigau, actual presidente de la Legislatura Municipal de San Juan y candidato al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrátic (PPD), en el recurso legal radicado en el tribunal federal para el distrito de San Juan se establece que el plebiscito ordenado para el 3 de noviembre junto con las elecciones generales “constituye una acción opuesta a la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, por lo que resulta inconstitucional y a su vez, contraria a la Ley del 2014 aprobada por la administración del entonces presidente Barack Obama”.

Rigau explicó que entiende que el foro federal era el indicado para “adjudicar su planteamiento de ilegalidad en torno a la Ley 51”.

Agregó que, “además, el Secretario de Justicia de los Estados Unidos (William Barr) determinó oficialmente, en una comunicación reciente, que la Ley 51 del 2020… no cumple con los parámetros legislativos y constitucionales para una consulta o plebiscito sobre el futuro de Puerto Rico”.

Rigau sostuvo que la ley federal vigente “establece que toda consulta debe ser un proceso objetivo, con alternativas, para que el pueblo de Puerto Rico escoja su preferencia. El plebiscito aprobado por el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) no cumple con ese principio básico que establece la Ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Esa norma jurídica constituye el debido proceso de ley que debe seguirse en toda iniciativa plebiscitaria sobre el futuro de las relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos”.

“Toda consulta que apruebe la Legislatura, incumpliendo con esos parámetros, violenta el debido proceso de Ley garantizado por la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, un derecho fundamental que aplica en Puerto Rico”, insistió Rigau. “De igual forma, toda consulta que no cumpla con los parámetros establecidos por el Congreso es contraria a la Ley, y por lo tanto es ilegal. La asamblea legislativa no puede legislar contrario a las leyes de Estados Unidos y mucho menos a la Constitución de los Estados Unidos”.

El candidato popular sostuvo además que la celebración del plebiscito según dispuesto por la Ley 51 “ensuciaría las elecciones generales del 2020, donde se elige, entre otras cosas, un funcionario federal, el Comisionado Residente de Puerto Rico en los Estados Unidos. Así lo destacó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo cual este referéndum no se debe llevar a cabo”.

Rigau aclaró que los planteamientos que había descrito son “el estado de derecho, independientemente se utilicen fondos federales o fondos públicos de Puerto Rico”.

“Solicitamos a la corte federal que declare inconstitucional o ilegal la Ley 51. Conforme a lo establecido bajo la administración de Barack Obama (demócrata) y por la presente administración (republicana), la posición de los Estados Unidos sobre Puerto Rico es la misma, tanto de los demócratas como de los republicanos. Toda consulta sobre el futuro político de la isla tiene que proponer opciones, tiene que ser objetiva y no partidista. El gobierno del Partido Nuevo Progresista ha violado esto”, insistió Rigau.

A Rigau se le unieron como codemandantes Jimmy Zorrilla, legislador municipal de San Juan y candidato a representante por el Precinto 3 de San Juan por el PPD, y Yaramary Torres, candidata a representante por acumulación por el PPD.

Como parte demandada aparecen la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y su presidente, Juan Ernesto Dávila, en su capacidad oficial.