A días de que Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidiera que el requisito de jurados unánimes en veredictos de culpabilidad no aplicará de forma retroactiva, el tema ha comenzado a causar encontronazos en la Legislatura boricua y pudieran desembocar en que no se tome ninguna acción al respecto.

La decisión del Supremo se dio el lunes de la semana pasada, y al otro día, el representante José “Quiquito” Meléndez logró que en la sesión cameral se aprobara una moción para que el Senado le devuelva a la Cámara de Representantes el proyecto de su autoría que encaminaba la posibilidad de aplicar de forma retroactiva el que las convicciones en juicios por jurado sean bajo veredictos unánimes.

La misión de Meléndez es “retirar el proyecto”, según informó a Primera Hora.

Sorprendido por la decisión, el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, el representante Orlando Aponte, reconoció que “no sé si hay ambiente” para lograr encaminar nuevamente una propuesta que beneficie a todo aquel presidiario que enfrentó un juicio sin una determinación unánime.

Este panorama se da en medio de imputaciones de Meléndez de que en la Comisión de lo Jurídico le introdujeron enmiendas “controversiales” a su medida, entre las que estaba el imponer esta regla de forma retroactiva, que supuestamente desviaron la finalidad de su propuesta.

“Lo que se radicó y lo que la Cámara aprobó es distinto”, denunció el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Señaló que el día que se llevó a votación su medida, el pasado 29 de abril, se ausentó por enfrentar los efectos de la vacuna del COVID-19.

Aludió a que en el proceso de aprobación se desvirtuó su propuesta, que se limitaba cambiar las Reglas de Procedimiento Criminal para solo estipular que las determinaciones de los jurados para lograr la convicción de un acusado se tenían que dar de forma unánime y no 9 a 3, como se estipula en la actualidad.

“Durante el proceso, en la Comisión se le incluyó varias enmiendas que eran controversiales y yo advertí que iban a crearse unas controversias”, aludió.

Ese lenguaje controvertible, según estipuló, fue incluir la retroactividad en la imposición de la regla; que un acusado pueda cambiar la manera de ser encausado, sea por tribunal de derecho o por jurado, así como que la revisión de la sentencia que haga el Tribunal de Apelaciones tenga que darse también en una decisión unánime en el panel de jueces que lo evalúe. En la actualidad, es por mayoría.

Meléndez comentó que la semana pasada se intentó retirar el proyecto y no se logró. Ayer, martes, sin embargo, la moción fue aprobada.

“Tan pronto proyecto llegue a la Cámara, yo lo voy a retirar. El proyecto ya se convirtió en un ‘issue’ que es problemático. Se está interpretando que la intención del proyecto es hacerles daño a las víctimas o que alguien se beneficie”, manifestó el legislador.

Añadió que “el PNP no va a tocar el asunto ya, porque la retroactividad nunca estuvo en el proyecto original”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de lo Jurídico informó que ayer no se encontraba presente en la sesión en la que se aprobó la moción para que la medida regresara al control de la Cámara de Representante. Expuso que se encuentra en la capital federal abogando por los municipios.

Aponte señaló que desconocía las posturas de Meléndez, pues alegó que nunca se las comunicó.

Según detalló el legislador, las enmiendas para incluir que la regla se aplicaría a casos antiguos, no solo a los que están en proceso, se tomó el 5 de abril. Estipuló que no fue hasta el 29 de abril que se aprobó la medida en el hemiciclo y con el voto unánime de todas las delegaciones.

“Se aprobó (la enmienda) casi un mes antes de que bajara al ‘floor’ y todas fueron circuladas con anticipación. Es penoso que ahora, después de la presión que han recibido los legisladores de algunas personas, estén arrepintiéndose de cómo votaron”, precisó.

El representante comentó, en más de una ocasión, que el proceso legislativo fue transparente y rechazó que Meléndez no haya tenido conocimiento de las enmiendas. Indicó que, antes de incluirlas en el proyecto ese 5 de abril, acudió personalmente a la oficina del autor a consultarle.

Aponte señaló que evaluará si hay ambiente en la delegación del Partido Popular Democrático para volver a presentar una medida similar a la que Meléndez se presta a retirar.

“Yo tengo la convicción de que un derecho fundamental tan sagrado en la sexta enmienda no debe ser aplicado a unos sí y otros no. No debe existir un solo ciudadano encarcelado con un veredicto que nuestra sociedad determinó que es nulo e inválido. Esto está mal que haya una persona presa por un veredicto que hoy es nulo y estoy firme de que requiere un tipo de atención”, expresó Aponte.

Cabe destacar que el gobernador Pedro Pierluisi, que lidera el PNP, ya se ha expresado en contra de conceder retroactividad en casos criminales en la que la determinación del jurado no haya sido unánime.

El secretario de Justicia, entretanto, remitió a Primera Hora unas declaraciones escritas en las que reiteró su oposición a aplicar la norma en casos antiguos.

“El Departamento de Justicia ha adelantado los problemas que representa para la administración de la justicia tratar de recuperar la prueba de los procesos que se anularan automáticamente (cuando se celebraron hace años) y la revictimización que esto implica para las víctimas del crimen que les tocaría enfrentar nuevamente a su agresor. Confiamos que esta decisión disipe las dudas, invite a la reflexión y transmita la tranquilidad y paz necesaria a las miles de víctimas de delito que han estado alertas y preocupadas ante la posibilidad de que tengan que volver a enfrentar a su agresor”, indicó.

El poder legislativo

No obstante, dos abogados consultados, Julio Fontanet y Mario Moczó, señalaron que la Legislatura tiene el poder para aprobar un proyecto de ley que estipule que las convicciones por jurado unánimes deben aplicarse de forma retroactiva. Expusieron que una decisión del Supremo de los Estados Unidos no limita a sus jurisdicciones a concederles más derechos a sus ciudadanos, en este caso a los presidiarios.

Para Moczó, en esta controversia hay dos partes encontradas: una es representada por el estado y las víctimas, ientras la otra por el convicto.

“El Ministerio Público y las victimas argumentan que no y los enjuiciados que quieren que sí. Es una materia procesal importante. Hay que ver cuál de los dos convence a la Legislatura que legisle al respecto”, expuso.

Fontanet, por su parte, precisó que una determinación a favor o en contra de la retroactividad no afectaría las peticiones que realiza a través del Proyecto Inocencia para lograr nuevos procesos judiciales en caso de que se detecte que un convicto es inocente. Planteó que cuando determinan recurrir al tribunal es porque cuentan con prueba nueva que demuestra la inocencia del confinado.

“El tema de la retroactividad es un tema distinto, a pesar de que puede incidir sobre personas inocentes. Podría plantearse que cuando un jurado emitió una decisión no unánime, levanta en muchos casos una bandera de que existía duda razonable en la mente de algunos miembros de este jurado. Ese escenario no puede descartarse livianamente”, expuso.

El expresidente del Colegio de Abogados comentó que “la determinación de hacerla retroactiva es una decisión difícil por las consideraciones que existe. Por un lado, hacerlo retroactivo es injusto para las víctimas que tendrían que volver a pasar por el proceso. Pero, por otro lado, el no hacerlo retroactivo es injusto para las personas que fueron encontradas culpables en un juicio por jurado que, contrario a lo resuelto en el caso de Ramos versus Luisiana, emitió un veredicto no unánime. Así pues, la Asamblea Legislativa tiene que identificar cuál de estos dos males es el más severo”.

“A veces he escuchado argumentos de que la evidencia en estos casos nuevos se habrá perdido. Eso es una aseveración incorrecta y es penoso que algunas personas piensen así. Si el testigo no está disponible, el testimonio está grabado y se puede presentar en el juicio. Por otro lado, toda la evidencia presentada en el juicio es parte ya del expediente en posesión de la Rama Judicial o, cuando es evidencia científica o biológica, está en manos del Instituto de Ciencias Forense. Así que, nuevamente, es un asunto de determinar qué es más importante proteger, la revictimización de las víctimas o la presunción de inocencia de las personas convictas de manera no unánime”, concluyó Fontanet.