La exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo rechazó hoy haber actuado de forma “negligente” cuando estaba al frente de la agencia y confirmó, en un testimonio bajo juramento en la Legislatura, que fue presionada por Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, para que en 20 minutos firmara un contrato de $14 millones para la compra de 713 respiradores.

“Me pedían que yo fuera un sello de goma y yo no accedí a eso”, dijo la exsecretaria, quien también señaló a la exfuncionaria, Mabel Cabeza como la responsable de las irregularidades en el manejo de pruebas rápidas de COVID-19. Dijo que el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón la llamó para pedirle que no la despidiera. Ésta fue despedida por el nuevo secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano.

Quiñones de Longo dijo además, que la subsecretaria de la Gobernación, Lilliam Sánchez estuvo presente en las reuniones en las que se discutió la controversia de los contratos.

“Tuvimos varios intercambios en las diferentes reuniones, pero sin detalles… en realidad todo fue una situación incómoda y difícil donde mi autoridad como secretaria de Salud interina no fue reconocida”, sostuvo a preguntas de periodistas la renunciante secretaria interina de Salud al concluir el testimonio de más de cuatro horas.

Al ser preguntada sobre su responsabilidad vicaria y si había documentado algunas de las irregularidades, Quiñones de Longo indicó que “hay algunas cosas que cuando tú las identificas, son confidenciales y las discutes con las personas a nivel confidencial... tú tienes una lealtad y responsabilidad hacia los que fueron tus jefes y tú cumples con eso”.

Dijo así mismo, que no entiende haberse “autoincriminado” con su testimonio y agregó que fue sin abogado porque “estoy diciendo la verdad y no tengo nada que temer”.

Con el testimonio a puertas cerradas de Quiñones de Longo, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes comenzó a investigar el escándalo de los millonarios contratos en el Departamento de Salud relacionados con la compra de pruebas del COVID-19 y de ventiladores.

Quiñones de Longo comenzó a prestar testimonio en una vista ejecutiva desde las 10:00 de la mañana en el salón audiencias 1, en el sótano de la Casa de las Leyes y culminó alrededor de las 2:00 de la tarde.

“Me hicieron muchas preguntas sobre las compras de pruebas, compras de ventiladores, todos los eventos que se dieron en las dos semanas en las que yo estuve como secretaria interina”, indicó Quiñones de Longo, quien renunció al cargo de Secretaria interina el pasado 26 de marzo. Anteriormente, se desempeñaba como sub secretaria.

A juicio de las minorías, el testimonio de Quiñones de Longo dejó muchas interrogantes sobre la mesa.

El representante independentista Denis Márquez Lebrón dijo que Quiñones de Longo reconoció haber sido parte “de las omisiones” en el Departamento de Salud. No obstante, indico que más allá de las responsabilidades y actuaciones de la exsecretaria interina se tienen que investigar todos los señalamientos de cambio de órdenes, contratos millonarios, funcionarios de menor jerarquía tomando decisiones por encima del Titular de la agencia.

“Esta investigación está comenzando y, más allá de la lucha interna en el PNP, faltan testigos, revisar documentos y analizar los controles, intromisiones, contratos millonarios a empresas sin ninguna relación con la salud. Y evidentemente hay que pasar juicio por la responsabilidad de los funcionarios de Fortaleza y la presencia del clientelismo político”, dijo Márquez Lebrón.

“Ella es parte de la negligencia en el proceso”, dijo por su parte, el portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández. Indicó el legislador que “al ser tan cándida y explicar cómo era el esquema de corrupción, reconoció haber autorizado contratos referidos por La Fortaleza sin las debidas evaluaciones”.

“Lo que distingue cuando ya estaba próxima a su renuncia es que la escala de los contratos era tan burda que ella misma reconoce que se había convertido en un sello de goma de los funcionarios alrededor de Wanda Vázquez”, sostuvo el legislador popular.

Además de tocar la controversia con la compra de los ventiladores, la pesquisa legislativa también busca establecer quién en el Departamento de Salud fue el responsable de recomendar la compra de pruebas rápidas para el coronavirus a un costo de $40 millones a una empresa que no tenía experiencia en servicios médicos y que se alega está vínculada al Partido Nuevo Progresista (PNP).

También fue citada para hoy la exsecetaria auxiliar del Departamento de Salud, Adil Rosa, pero invocó su derecho a estar asistida de un abogado y su comparecencia se postergó para el martes próximo.

Otros dos citados, el general José Burgos y Evelyn Cumba, del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), aguardaban en otro salón para también declarar hoy.

Sale a relucir miembro del Task Force Médico

Durante el interrogatorio de Burgos, el representante independentista Márquez Lebrón dijo que el testigo reconoció a preguntas suyas que el doctor Juan Salgado, miembro del Task Force Médico, le refirió suplidores de pruebas de COVID-19 durante la emergencia “aún cuando no le correspondía manejar ese tipo de asuntos”.

Márquez Lebrón dijo que en la vista de hoy quedó clara “la nefasta e irresponsable compra de $39 millones de pruebas de COVID-19”. Subrayó que la compra fue revisada y aprobada por el Departamento de Salud, NMEAD, la Administración de Servicios Generales, la Oficina de Gerencia y Presupuesto “y nadie investigó, ni corroboraron el nivel de peritaje de la empresa que las vendía, que es ninguno, y si las mismas contaban con la aprobación del FDA".

“Como si la emergencia del COVID-19 no fuera suficiente como para que el pueblo de Puerto Rico tenga que lidiar además, con la ineptitud, falta de transparencia y los gérmenes de la corrupción que impiden una recuperación efectiva y ordenada. Exactamente lo mismo que con los huracanes y terremotos”, sostuvo el legislador independentista.

La vista fue encabezada por el representante novoprogresista, Juan Oscar Morales, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara y dijeron presente otros siete representantes de la Palma, así como de las minorías políticas.