En medio de un careo con Deliris Ortiz Torres, directora ejecutiva la AAPP, el representante y presidente de la Comisión Conjunta de Alianzas Público Privadas, aseguró que el texto del artículo 10E de la Ley que creó las Alianzas Público Privadas (APP) del 2009 obliga a la ACT consultar con la Legislatura una extensión al contrato original con Metropistas, que es de 40 años.

"Puede extenderse el contrato 25 años o más, pero dicha extensión tendría que ser aprobada mediante legislación", dijo Santa Rodríguez.

Ortiz Pérez le ripostó, en un careo que duró varios minutos, que la posición de la AAPP es que la consulta a la Legislatura era necesaria, si la extensión negociada con Albertis, compañía matriz de Metropistas, llevaba el contrato completo a superar los 50 años, lo que no ocurre en este caso. 

"Discrepamos respetuosamente de la interpretación. Nuestra posición es que tenemos el máximo de 50 años. Cualquier extensión entonces hay que ir a la Legislatura", dijo Ortiz Pérez.

"Le voy a recomendar a la Legislatura que cuestione esto. No tiene sentido. No vale la pena poner un término entonces en una APP porque todas entonces serán de 50 años", le replicó Santa Rodríguez, legislador por Caguas y Gurabo.

La funcionaria reconoció que no existe una opinión legal elaborada en la AAPP que respalde su afirmación. El primer acercamiento de Metropistas hacia la ACT para enmendar el contrato ocurrió en mayo del año pasado pero la información no trascendió públicamente hasta que un diario español lo publicó la semana pasada.

Hoy, miércoles, Metropistas anunció que hizo su primer desembolso a la ACT de $100 millones. La enmienda al contrato se firmó el 19 de abril.

"Tengo que presentar un informe parcial y plantearlo (a los demás miembros de la comisión). A mi entender este contrato debió haber pasado por la Legislatura", dijo Santa Rodríguez en un aparte con periodistas al finalizar la vista. 

El texto de la ley que creó la AAPP indica que el dinero recibido con la transacción, que totaliza ahora $110 millones más otros $15 millones a ser desembolsados por Metropistas cuando se modifiquen los peajes en la PR-22 y la PR-5 en antes del 30 de junio de 2017 para que se pueda cobrar de manera bidireccional, podrá ser dispuesto para una serie de usos como para pagar deuda de la ACT o deuda del Estado Libre Asociado. A preguntas, Ortiz Pérez dijo que la recomendación final sobre el uso del dinero la harán el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento BGF, aunque la última palabra la tendrá el gobernador.

Santa Rodríguez anunció que citará a funcionarios del BGF y la OGP para que aclaren este asunto. Rechazó también que la controversia se haya tornado académica ahora que la transacción ha sido finiquitada.

"No se debe dejar de denunciar y si hay que devolver el dinero se devuelve", dijo, quien reconoció que el BGF enfrenta una crisis fiscal al punto que no podrá cumplir el 1 de mayo con el vencimiento de bonos que totalizan $422 millones.

El acuerdo entre Metropistas y la ACT reduce los ingresos de la corporación pública por el cobro del llamado peaje dinámico, cuya tarifa oscila según la hora y el día entre $1.25 y $4.50, de 50% a 25%. En la vista salió a relucir que el peaje, que transcurre entre Toa Alta y Bayamón, genera alrededor de $4.5 millones por lo que Santa Rodríguez calculó que el gobierno sufriría una pérdida de alrededor de $50 millones por ingresos no devengados hasta el fin del acuerdo en el 2061.

La transacción también dispone de un aumento de cinco centavos en el cobro del peaje, cifra que nunca pudo ser explicada por personal de la AAPP en la vista pública. Actualmente los usuarios pagan en una sola dirección, según sea la plaza de peaje, por lo que un viaje de San Juan hacia Hatillo cuesta $3.80 pero un viaje de Hatillo hacia San Juan cuesta $4.50. Santa Rodríguez dijo que a ese aumento se le tiene que agregar el ajuste anual de Metropistas y un aumento de 2.5 centavos, ya que en ciertos peajes la división en costo al hacerlo bidireccional coloca el costo por dirección en un total que tiene que ser redondeado a los próximos cinco centavos.

Por ejemplo, en un peaje en que se cobra $1.25 en una sola dirección la división sería 62.5 centavos, por lo que se redondea a 65 centavos, según se informó.